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La brújula del Gobierno aún no apunta hacia el norte a seguir para que Costa Rica cuente con una regla fiscal.
Un instrumento de esa naturaleza significaría que el país cuente con normas para limitar el crecimiento del gasto público, controlar su calidad y ejercer mayor fiscalización sobre variables como el déficit del Gobierno Central y la deuda pública.
Asimismo, sentaría responsabilidades y permitiría sancionar a los jerarcas del Gobierno que no se ajusten a la normativa.
Hoy, el Ministerio de Hacienda aún debate sobre el camino correcto para llegar allí.
Las sendas a elegir son tres, sin que ninguna todavía gane importancia sobre las otras.
Tres rutas
La primera que menciona el viceministerio de Egresos, José Francisco Pacheco, es limitar el déficit fiscal.
Al finalizar el 2014, el faltante de recursos del Gobierno Central cerró en un 5,7% del producto interno bruto (PIB).
El dato es el resultado de una escalada en el faltante de recursos del Estado, sostenida desde el 2011. Al término del 2014, el déficit experimentó un crecimiento interanual de 0,3 puntos porcentuales con respecto al 2013.
Hacienda espera que este 2015 el faltante sea menor a un 6% del PIB, mediante la aplicación de medidas de contención del gasto.
El segundo camino sería ponerle un tope a la deuda pública.
Según datos de Hacienda, a febrero del 2015 el total de la deuda pública era de ¢10,8 billones.
Entre enero y febrero pasados la deuda creció en ¢115.007 millones.
El último camino que aparece a la vista de las autoridades es limitar el gasto corriente.
Durante los dos primeros meses del 2015 las erogaciones corrientes del Gobierno Central ascendieron a ¢843.363 millones.
El principal rubro fueron las remuneraciones, por ¢395.541 millones, seguidas por las transferencias, con ¢361.853 millones.
El debate sobre por cuál de esas vías decantarse avanza lento en el Gobierno y sería hasta agosto cuando Hacienda presentaría el borrador de un mapa para llegar a la responsabilidad fiscal.
No obstante, antes de trazar bien la ruta de la sostenibilidad del fisco, el Poder Ejecutivo optó por llegar primero a una propuesta para aumentar sus ingresos con dos iniciativas, para reformar el impuesto sobre la renta, y para convertir el actual impuesto general sobre las ventas en el impuesto al valor agregado (IVA).
Hacienda busca aumentar su recaudación en un 2% del PIB por año. Unos ¢600.000 millones más que ingresarían al erario, insuficientes, pero necesarios para tapar parcialmente el hoyo fiscal.
Pese a la señal enviada por el Gobierno, el viceministro de Egresos afirmó que iniciar la tarea por el lado de los ingresos no implica que se vea con desdén la instauración de una regla fiscal.
Al contrario, dijo que Hacienda tiene claridad en que los esfuerzos actuales por contener el gasto se deben institucionalizar.
Durante los primeros dos meses del 2015, el déficit fiscal ascendió a un monto equivalente al 1% de la producción, mientras que durante el mismo periodo del 2014 el faltante fue de un 1,2%.
Con independencia del sendero que Hacienda escoja, Pacheco considera que la regla debería permitir que la política fiscal se adapte a las variaciones del ciclo económico.
“Tenemos claro que es conveniente que la regla fiscal se debe amoldar a las condiciones cíclicas de la economía”, sostuvo.
Otras voces aportan claridad
Fuera de la función pública otros actores parecen tener más claro cómo alcanzar la sostenibilidad fiscal.
Edgar Ayales, quien fue ministro de Hacienda en el Gobierno anterior (2012-2014), considera vital el funcionamiento de la regla fiscal para que los nuevos recursos que ingresarían al erario producto de una reforma tributaria no se diluyan en el pago de salarios y otros gastos corrientes.
Para el experto, es crítico adoptar una regla fiscal que incluya una meta del 2% del PIB en el largo plazo para el déficit estructural, metas de gasto corriente que apoyen ese ajuste fiscal, proyectos de ley que detallen las fuentes de financiamiento cuando creen nuevo gasto público y que los otros poderes del Estado e instituciones descentralizadas se ajusten a los lineamientos dictados por el Poder Ejecutivo en materia de erogaciones.
Ayales coincide con el viceministro Pacheco en que la regla fiscal deberá ser flexible ante las fluctuaciones económicas y de tasas de interés.
El economista Luis Mesalles, directivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), asegura que la regla fiscal se debe basar en el crecimiento potencial del PIB y no en su crecimiento actual, acción que, según su opinión, permitiría cierto grado de libertad en el manejo de las finanzas públicas en tiempos de bajo crecimiento.
El abogado tributarista, Randall Oquendo, detalló que la creación de un régimen de responsabilidad personal y medidas para obligar a Hacienda y a la Asamblea Legislativa a controlar el gasto son necesarias antes de pensar en un plan fiscal que se encamine por la ruta del ingreso.
El jurista incluye en su propuesta una reforma a la Ley N.° 8.131 para castigar a los funcionarios, incluidos los diputados, que avalen nuevos cargos al presupuesto sin garantizar su contenido económico.
A esa idea, el director de Deloitte, Alan Saborío, agrega que en la regla fiscal se debe implementar el modelo de presupuestos públicos por resultados, revisar los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y limitar el motivo del endeudamiento a la inversión y no para gastos.
Las ideas no faltan. Hacienda pretende recopilarlas en una consulta pública. Por ahora, el debate continúa.
