El Ministerio de Hacienda contabiliza casi mil grandes contribuyentes nacionales. Ellos son personas físicas y jurídicas que, por el nivel de sus operaciones, son seguidos con un mayor nivel de atención por parte de las autoridades tributarias.
A pesar de que hablamos de un número ínfimo de contribuyentes si se compara con las cifras generales —en el país hay cerca de 137.000 de empresas contribuyentes del impuesto sobre la renta y 353.000 asalariados que pagan por sus ingresos mensuales—, los grandes contribuyentes aportan la mayoría de los tributos que contabiliza la Dirección General de Tributación (DGT).
Hasta 2021 se estimaba que los grandes contribuyentes aportaban cerca del 50% de los impuestos autoliquidados del país y, a partir de ese año, por medio de una reforma reglamentaria, se esperaba subir la proporción a un 75% (duplicando el número de personas y empresas contempladas).
No obstante, no todos los grandes contribuyentes pagan los mismos tributos. Incluso algunos (alrededor de uno de cada cinco) registraron pérdidas o cero ganancias en el último período disponible.
¿Cómo se define que una persona o empresa es un gran contribuyente?, ¿cuántos y quiénes forman parte de la lista?, y ¿quiénes declararon cero ganancias o pérdidas en el último período? EF le ofrece la respuesta a estas y otras preguntas.

¿Cómo se definen los grandes contribuyentes?
Los parámetros para definir cuál persona física o jurídica es un gran contribuyente quedaron establecidos desde junio de 2021, por medio de la resolución DGT-R-22-2021.
Este documento señaló que se debería de clasificar como “gran contribuyente nacional” a cualquier entidad cuyo promedio simple de impuestos liquidados en 2017, 2018 y 2019 fuera igual o superior a ¢425 millones; o bien, cuyo promedio de su renta bruta declarada, o el promedio de sus activos totales, alcanzara o superara los ¢60.000 millones.
Además de estos criterios, como regla general, se deben de contemplar los cinco mayores contribuyentes del sector público y del sector privado, así como las empresas que formen parte de su grupo empresarial. También los cinco contribuyentes subsiguientes de los sectores comercio, industria, servicios, y gobierno.
La misma resolución señalaba que los parámetros para la clasificación deberían de actualizarse cada tres años; sin embargo, esto no ha ocurrido desde entonces. Así lo explicó Silvia González, socia de Impuestos y Legal de Grant Thornton.
Por eso, está activa la cláusula del documento que advertía de que seguirían rigiendo los mismos parámetros “mientras no se dicte” una nueva regulación.
¿Cuántos son los grandes contribuyentes?
Actualmente, el Ministerio de Hacienda contabiliza que hay 955 grandes contribuyentes nacionales.
En este lista destacan sociedades de empresas transnacionales en Costa Rica como Abbott, Accenture, Amazon, Astrazeneca, Pfizer, Bayer, Bimbo, Boston Scientific, Bridgestone, Cargill, Chiquita Brands, Coca Cola, Gensler, GBM, Nestle, SC Johnson o Procter & Gamble.
También se incluye a gigantes como Maersk, DHL, Dole, Liberty, Claro, Huawei Technologies, Hewlett Packard, entre muchas otras más.
Además, hay varias empresas costarricenses que entran dentro de la categoría. Por ejemplo, Auto Mercado, Azucarera El Viejo, Pedregal, Multiplaza, Cervecería de Costa Rica, Cuestamoras, Hernán Solís, Meco, Edica, Establishment Labs, Durman Esquivel, Reserva Conchal, Grupo Purdy, Grupo Q, Arcos Dorados (administradora de McDonald’s), Portafolio Inmobiliario, EPA, Ferretería Brenes o Pozuelo.
Bancos, medios de comunicación, cooperativas, asociaciones solidaritas y empresas públicas también forman parte de la lista.
Entre los medios, destacan las televisoras Teletica y Repretel, o el conglomerado de medios Grupo Nación (del cual El Financiero es parte). En el caso de los bancos, entran la mayoría de sus sociedades y de sus sociedades adjuntas, como las administradoras de fondos de inversión, cuando las tienen.
También aparecen en el listado nueve universidades (incluidas las cinco públicas); así como varias zonas francas.
La normativa, sin embargo, deja cierto grado de discrecionalidad a la administración tributaria a la hora de aplicar los parámetros. Puntualmente, señala que la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales puede “valorar la no inclusión como Gran Contribuyente Nacional” de “aquellos sujetos pasivos que, aun cumpliendo con alguno de los parámetros cuantitativos y/o cualitativos” —con excepción del recaudatorio— puedan ser “no relevantes” por “razones de interés fiscal y de oportunidad, previo análisis del comportamiento fiscal”.
Esto ocurre, por ejemplo, si sus resultados de un año fueron abultados por una situación atípica, debidamente demostrable, que no se repetirá más en el tiempo.
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¿Cómo impactan los grandes contribuyentes?
Antes de la aprobación de los parámetros de 2021, Hacienda contabilizaba unas 445 sociedades clasificadas como grandes contribuyentes (menos de la mitad que actualmente).
Por entonces, estas entidades tributaban alrededor de un 50% de los impuestos autoliquidados registrados por las autoridades tributarias costarricenses, y la intención con los cambios era elevar la proporción a un 75%.
Así lo declaró a EF el entonces director de la sección de Grandes Contribuyentes de Hacienda, Mario Alberto Ramos; quien ahora es director general de Tributación.
¿Por qué existen los grandes contribuyentes?
La clasificación de grandes contribuyentes se creó para distinguir al grupo de personas o empresas de mayor interés para las autoridades tributarias, por el tamaño de sus actividades.
De este modo, se busca que estas entidades tengan una relación más directa con el Ministerio de Hacienda y que, para las autoridades tributarias, sea más fácil requerir información de las entidades señaladas.
Por ejemplo, hace un año se establecieron una serie de obligaciones por medio de la resolución MH-DGT-RES-0002-2024, publicada en febrero de 2024. Este documento señaló que los grandes contribuyentes deben de suministrar a la Administración Tributaria sus estados financieros auditados cuando se les solicite. Asimismo, si declaran “una cuota tributaria igual a cero o base imponible negativa”, entonces deben de hacerlo sin que haya un pedido de por medio.
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¿Pagan impuestos todos los grandes contribuyentes?
Ser un gran contribuyente, sin embargo, no implica siempre tener que pagar impuestos por las utilidades.
Alrededor de una de cada cinco sociedades declaradas como “grandes contribuyentes nacionales” por parte de Hacienda declararon cero utilidades o pérdidas en el año 2023, según sus declaraciones de impuestos del año 2024 (el último período disponible).
La información la publica anualmente el Ministerio de Hacienda en su página web.
Se dice que una persona o empresa registró cero ganancias o pérdidas cuando los gastos y las deducciones del año, en su giro de negocio, son iguales o superiores a los ingresos que percibió.
Esto puede ocurrir por múltiples motivos. Lo más común es que ocurra por condiciones propias del giro de cada negocio, aunque también puede responder a exoneraciones legales o por tratarse de sociedades que únicamente sirven de holdings; es decir, que son tenedoras de acciones de un grupo más grande, pero que no realizan actividades por sí mismas.
Entre otras condiciones que pueden afectar a una empresa para enfrentar pérdidas o cero ganancias en un año específico están la realización de inversiones puntuales, fenómenos como las variaciones abruptas en el tipo de cambio, aumentos significativos de sus costos operativos o disminuciones sustantivas de sus ingresos regulares.
Que un gran contribuyente declare cero ganancias o pérdidas no tiene por qué relacionarse con delitos u omisiones fiscales. No obstante, las autoridades aplican revisiones particulares en estos casos.
En julio de 2024, el Ministerio de Hacienda informó de que la DGT había recuperado cerca de ¢65.000 millones por medio de acciones administrativas frente a contribuyentes morosos o con declaraciones irregulares en la primera mitad de ese año. De ese gran total, indicó, cerca de un 54% correspondió a gestiones relacionadas con grandes contribuyentes.