Un deterioro generalizado en las condiciones socioeconómicas acentuado por la pandemia de COVID-19 y una serie de amenazas a las institucionalidad democrática son los principales factores que marcan a la región centroamericana de cara a su bicentenario.
La fotografía del área es desalentadora y refleja su peor crisis en los últimos 30 años, según el informe del Estado de la Región, publicado este 22 de julio.
El documento revisó las condiciones de los países centroamericanos, y este año también incluyó a República Dominicana.
Los indicadores de pobreza crecieron en 2020, tras una desaceleración constante en los últimos cinco años; y los índices democráticos cayeron en casi toda la región durante el mismo período.
LEA MÁS: Desempleo en Costa Rica fue del 17,7% entre marzo y mayo del 2021
Según aseguró a EF el coordinador e investigador del programa Estado de la Región, Alberto Mora, los países centroamericanos enfrentan un panorama de estancamientos e involuciones.
“Si bien fue posible identificar algunos avances, estos fueron muy puntuales y no fueron suficientes para modificar las condiciones estructurales o los rezagos históricos de desarrollo humano sostenible. Además, el deterioro político institucional y la pandemia generaron rápidos y acelerados retrocesos que en algunos casos incluso revirtieron avances alcanzados”, subrayó.
El Programa Estado de la Región lo coordinan el Programa Estado de la Nación y el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en Costa Rica, y se realiza con el apoyo de investigadores de distintos países y el respaldo de organizaciones nacionales, regionales e internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Unión Europea (UE), entre otras.
Una pandemia devastadora
La pandemia de COVID-19 golpeó fuertemente a Centroamérica y así lo recoge el sexto informe del Estado de la Región. La actividad económica decayó como consecuencia del coronavirus en todos los países del área, con excepción de Nicaragua; sin embargo, esta ya era una economía ‘deprimida’.
La caída en la producción fue especialmente dramática en Panamá, nación muy dependiente de flujos de comercio internacional; sin embargo, fue relevante en la mayoría de países de la región y la recuperación más bien ha sido lenta.
Las consecuencias del estancamiento económico se reflejaron en un mayor desempleo, según el informe. Centroamérica y República Dominicana perdieron aproximadamente 10 millones de empleos en 2020, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un golpe del 13,8%.
Las tasas de desempleo de la región son mayores que las de economías avanzadas, pero la investigación destacó especialmente los casos de Costa Rica y Belice, en donde se supera la barrera del 15%.
LEA MÁS: Pobreza en Costa Rica se dispara al 26,2%, 84.000 hogares más
El efecto del desempleo, por su parte, se hizo notar en los indicadores de pobreza. Estos habían caído en los últimos años, pero volvieron a crecer de manera importante en 2020, según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En cuatro de los siete países de la región los niveles de pobreza incluso fueron mayores al promedio latinoamericano de 2020 (37%); y el aumento más importante lo experimentó El Salvador, donde la tasa creció en más de una tercera parte y alcanzó al 40,2% de la población.
Los países más pobres de Centroamérica siguen siendo Honduras (59%), Guatemala (51,6%) y Nicaragua (52,7%), según las estimaciones de Cepal; mientras que Costa Rica, Panamá y Republica Dominicana tienen registros menores (que rondan el 20%).
El coronavirus tuvo un efecto fuerte en el bienestar social centroamericano.
El Estado de la Región –a través de una encuesta realizada en coordinación con la firma Borge y Asociados en todos los países estudiados con excepción de Belice– logró determinar que hasta cuatro de cada 10 personas del área dijeron haber reducido su número de comidas diarias como consecuencia de la pandemia.
Por su parte, las perspectivas de recuperación son disímiles. Según explicó Mora, esto se evidencia en los procesos de vacunación, que muestran importantes rezagos en Guatemala, Honduras y Nicaragua hasta julio de 2021.
Democracias amenazadas
Además del desempleo y la pobreza revitalizadas por la pandemia de la COVID-19, el informe destaca otra gran amenaza para Centroamérica son sus condiciones democráticas actuales.
Una de las principales alertas que realiza el Estado de la Región es la caída en los índices democráticos de todos los países, con excepción de Costa Rica y Panamá, según la medición que realiza The Economist. Este es un indicador que toma como referencia aspectos relacionados con los procesos electorales, la libertad civil, el funcionamiento gubernamental, la participación ciudadana y la cultura política de cada nación.
Los peores índices democráticos del área los siguen ostentando Honduras Guatemala y Nicaragua; sin embargo, El Salvador ahora también perdió su estatus de “democracia imperfecta” y se consideró como un “régimen híbrido”, según explicó Mora.
“Esto quiere decir que de lejos (El Salvador) se ve como un sistema democrático, pero de cerca es posible reconocer en su configuración y sus dinámicas algunos rasgos autoritarios”, detalló.
Todos los países del ‘Triángulo Norte’ (Honduras, El Salvador y Guatemala) entran dentro de esa calificación; mientras que Nicaragua es considerado un régimen autoritario. Panamá y República Dominicana se consideran democracias imperfectas, y solo Costa Rica se cataloga como una democracia plena.
La investigación también encontró que, con excepción de Honduras, el número de personas “ambivalentes” o “escépticos” con respecto a la democracia han crecido en toda la región, según la encuesta del Barómetro de las Américas hasta 2018. Por otro lado, los demócratas liberales (las personas más afines al sistema democrático) han caído en todos los países analizados.
El investigador Ronald Alfaro explicó que la presencia de personas ambivalentes es un riesgo para la democracia porque, “como sus creencias democráticas carecen de bases sólidas”, dicho desarraigo “podría ser capitalizado por grupos antisistema”.
La percepción de corrupción y la baja inversión e independencia de los sistemas de administración de justicia son algunas de las hipótesis que manejan los investigadores de por qué las que los países centroamericanos carecen de sistemas democráticos más sólidos. Por ejemplo, el informe señala que solo Costa Rica supera la inversión de $40 por habitante en su sistema de justicia (con unos $160 por persona), mientras que el resto del área más bien aumenta sus gastos en fuerzas armadas.
Oportunidad regional
Pese a las perspectivas negativas por la pandemia y la debilidad democrática, el informe señaló que la población en el Istmo centroamericano expresa apertura para una mayor integración regional que permita mejorar las condiciones de la región, especialmente en cuestiones económicas.
A esta conclusión llegaron los investigadores a partir de una muestra no representativa de 35.000 personas de todos los países con excepción de República Dominicana, a las cuales se les abordó a través de encuestas, sondeos y cuestionarios en línea.
Entre otras oportunidades de acción, la investigadora Marisol Guzmán señaló que la región podría explorar mecanismos para exponerse como un mercado conjunto y “más potente”.
Ella explicó que, según un análisis de la composición productiva de la región, las economías centroamericanas y de República Dominicana tienen “aspectos en común” y posibles “complementariedades” que se podrían aprovechar para trabajar en conjunto.
“En algunos procesos productivos tendría mayor sentido que se produzca en términos de mercados regionales y no de manera aislada, como economías pequeñas y que compiten entre sí. Un mercado regional tendría muchísimos beneficios en distintos frentes. Nosotros identificados que los tejidos productivos son débiles a nivel nacional, pero que en suma existen niveles de transacciones de mercados mucho más fuertes; es decir, una carta de presentación como región sería mucho más potente”, concluyó.