EscucharEl ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen, afirmó que el gobierno ve con buenos ojos la idea de convertir el actual sistema tributario de renta cedular (que permite a una misma persona pagar impuestos separados por sus diversas ganancias laborales asalariadas o independientes) en un sistema de renta global, en el que las personas paguen sus tributos por la totalidad de sus ingresos de trabajo.
Esta fue una de las propuestas de reforma planteadas por la administración del expresidente Carlos Alvarado en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dentro del paquete de reformas que se plantearon para generar nuevos ingresos a la Hacienda pública.
El jerarca señaló que el nuevo gobierno apenas se encuentra en un proceso de revisión de las propuestas que dejó la administración anterior, pero adelantó que el nuevo gobierno del que es parte analiza de manera favorables algunas de las iniciativas.
“Creemos que hay algunos que son buenos per se, como es cambiar el modelo tributario que tenemos hoy de una renta cedular a una renta global. Ese es un esquema mucho más equitativo, en función de que cada persona que tiene más, pague más”, subrayó sin brindar mayores detalles.
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El proyecto de Ley de Impuesto sobre la Renta Global Dual (22.393) que dejó la administración anterior propone que las personas tributen por todas sus ganancias laborales a través de un solo sistema, y de modo que no se realice un pago por cada salario o ingreso independiente, con diferentes escalas. Esto haría que personas que hoy reciben más de una ganancia deban reportar todos sus ingresos como uno mismo y pagar el gravamen a través de una sola escala.
La redacción inicial del proyecto daba cuenta de que se cobraría el Impuesto sobre la Renta a los ingresos laborales a partir de ¢683.333 mensuales (¢8,2 millones anuales) y que, a partir de ese mínimo vital, se cobrarán tarifas de entre 10% y 27,5%, dependiendo del tamaño del exceso sobre ese monto que registre cada persona. Sin embargo, el gobierno anterior también planteó la posibilidad de aumentar ese mínimo para viabilizar políticamente la propuesta.
Actualmente el mínimo exento es de ¢842.000 mensuales del ingreso bruto para trabajadores asalariados, y de ¢3,74 millones anuales de ingreso neto (contabilizando deducciones) en el caso de trabajadores independientes: unos ¢310.000 mensuales.
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Con esa propuesta, señaló la administración anterior (y quedó plasmado en los documentos técnicos del Fondo), se pretendía aumentar la recaudación en un 0,43% del producto interno bruto (PIB) anual. Es decir, en unos ¢170.000 millones anuales, con base en las estimaciones de la producción de 2021.
La propuesta dejaba por fuera de la unificación a las rentas y a las ganancias de capital, como aquellas que se obtienen por inversiones, ventas de propiedades o alquileres.
Acosta brindó sus declaraciones ante los diputados de la comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, este 31 de mayo. Ese día se presentó en el Congreso para defender el proyecto de ley que busca autorizar al Poder Ejecutivo para emitir $6.000 millones en títulos valores de deuda externa en los próximos seis años; así como para que renegocie deuda ya colocada en el mercado internacional y para que acceda a líneas de crédito de corto plazo de hasta $500 millones anuales con bancos y organismos internacionales si enfrenta problemas de liquidez.
Renegociación aún no inicia
El ministro Acosta informó a los diputados de que, hasta el momento, las conversaciones sostenidas por el gobierno actual con el FMI han sido meramente introductorias y que aún no arranca un proceso de renegociación de los términos del acuerdo con el organismo gestionado por la administración Alvarado-Quesada. Cuando ese momento llegue, afirmó el jerarca, se publicará oportunamente.
Por el momento, dijo que se realizan evaluaciones previas a ese momento.
“En el tema de la agenda con el FMI estamos conscientes de que el gobierno anterior determinó una serie de proyectos, los cuales nosotros estamos evaluando, para ver la pertinencia de los mismos. No necesariamente reflejan el interés de este gobierno y, por eso, estamos de acuerdo con las metas planteadas con el FMI y lo que vamos a reevaluar son las condiciones para el incremento de los ingresos que hizo el gobierno anterior”, remató.
El presidente Rodrigo Chaves afirmó que renegociaría las condiciones y medidas del acuerdo con el FMI pactadas por la administración de su predecesor, Carlos Alvarado. Según dijo, plantearía una ruta más ambiciosa todavía.
Costa Rica diseño y ratificó un acuerdo con el FMI entre 2020 y 2021, el cual sigue en curso actualmente. El objetivo central fue imponer metas para estabilizar la deuda pública del país en el corto y mediano plazo, a través de una serie de medidas orientadas a generar una relación positiva entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central, sin contar el pago de deuda pública, iguales o superiores a un 1% del PIB a partir de 2023.
El cumplimiento de esas medidas, además, se ligó a un plan de financiamiento blando por $1.778 millones, ligados al cumplimiento de las metas, a ser desembolsados en tres años. No obstante, el plazo de ese acuerdo se extendió por seis meses adicionales.
Según la última revisión del Fondo, la mejora de las condiciones macroeconómicas tras la pandemia de COVID-19 permitirían al país alcanzar los objetivos del acuerdo incluso sin la aprobación de proyectos de nuevos ingresos, que inicialmente se creían indispensables. A pesar de ello, la entidad añadió que el país tiene “espacio” de mejora en impuestos sobre la renta personal más progresivos, bases de IVA más amplias y una tributación más justa de las empresas multinacionales, entre otros factores que permitiría una tributación más neutral en términos corporativos.
Además, se desconocen los efectos más recientes de la escalada en la inflación a nivel internacional provocada por diversos factores, entre ellos, la invasión de Rusia en Ucrania y su impacto en el mercado energético.
