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El Poder Ejecutivo presentó este jueves su "Estrategia nacional para la reducción de la pobreza". El conjunto de acciones plantea un cambio en el modelo de atención de las personas en pobreza extrema.
Según la política social, ahora el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) no esperará a que las personas en pobreza extrema lleguen a tocar la puerta de la entidad en busca de apoyo económico.
En su lugar, el Gobierno pretende ir a "reclutar" a las personas en pobreza extrema que requieren de ayuda en 75 distritos en alto riesgo social.
El presidente ejecutivo del IMAS, Carlos Alvarado, explicó que esos "reclutadores" que usará el IMAS se denominan cogestores sociales, quienes están encargados de ir a visitar a familias en pobreza extrema para ofrecerles ayuda integral y no únicamente económica.
Alvarado dijo que el IMAS contratará un total de 160 cogestores, cada uno con 170 familias a cargo. La creación y contratación de los cogestores le costará al país unos ¢1.000 millones anuales.
La intención de la estrategia es atender a 54.600 familias en pobreza extrema durante el periodo del gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, que se seleccionarán con base en las listas de beneficiarios que actualmente tiene conformadas el IMAS.
Tales ayudas se seguirán financiando con los recursos que recibe el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), cuyo monto anual equivale a un 2% del PIB, unos ¢600.000 millones.
Neva forma de medir pobreza
De la mano con el cambio en la modalidad para distribuir la ayuda del Estado, el Poder Ejecutivo planea introducir un nuevo método para medir la pobreza en el país.
Carlos Alvarado explicó que se trata de un índice "multidimensional", desarrollado por la Universidad de Oxford, que permite medir la pobreza a través de 20 nuevas variables y no únicamente a través de la medición del ingreso familiar.
Entre esas nuevas variables estarían el acceso a los servicios públicos, atención de necesidades básicas insatisfechas como la educación, vivienda, empleo y salud, entre otras.
Ana Helena Chacón, segunda vicepresidenta de la República y encargada del Sector Social, indicó que la nueva herramienta permitirá articular mejor la lucha contra la pobreza extrema entre las entidades del sector social y las del sector económico.
La premisa del Gobierno es que a una familia se le puede girar una ayuda económica mensual, empero, esta no necesariamente la ayudaría a salir de la pobreza, por carecer de otros insumos básicos para subsistir.
De la mano con esa herramienta vendrá una mejor gestión de los recursos que transfiere el Gobierno Central anualmente para luchar contra la pobreza.
Las autoridades estiman que en la actualidad ese dinero se distribuye en 30 programas que administran 20 entidades distintas, lo que impide una rendición de cuentas certera sobre el uso del dinero y los resultados que están dando su inversión.
El IMAS calcula que en la actualidad en Costa Rica hay 318.810 hogares en situación de pobreza, 94.000 en pobreza extrema.
En esos hogares viven 1.100.000 personas en pobreza, de las que 300.000 viven en extrema miseria.
