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El Gobierno impulsa la idea de que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) defina mediante una metodología técnica la tasa máxima de interés se utilizará para regular el mercado financiero y las compras a crédito.
La medida quedó plasmada en uno de los dos proyectos de ley que el Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa, la tarde de este miércoles, como parte del plan de salvamento para ayudar a las personas sobreendeudadas en el país.
El primer proyecto de ley busca establecer un tope máximo a las tasas de usura y abrir la puerta para que los bancos del Estado puedan acceder a recursos de préstamos blandos para que no se obtengan únicamente por medio de organismos y bancos multilaterales o bilaterales.
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El proyecto de Ley para Aliviar la Situación Financiero de los Hogares (21.651) consta de únicamente tres artículos.
El primero reforma el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (1.644) con el objetivo de eliminar la restricción de que los instrumentos financieros y préstamos subordinados sólo se puedan contratar a bancos y organismos multilaterales.
Esta medida tiene como objetivo abrir la nuevas posibilidades para que el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco de Costa Rica (BCR) puedan conseguir recursos de otras fuentes para prestarlos en los créditos de salvamentos ofrecidos a empleados públicos y privados con problemas de deudas.
El segundo artículo de la iniciativa le confiere al BCCR la responsabilidad de definir la tasa de usura para proteger a los consumidores y evitar situaciones de sobreendeudamiento que los excluyan del sistema financiero en el futuro por el deterioro de la calificación crediticia.
Una vez que el Central desarrolle el trabajo metodológico para definir la tasa tope, todos los tipos de interés superiores cobrados por entidades financieras reguladas o no reguladas serán consideradas de usura y se castigarán con base en el artículo 63 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor (7.472).
La usura está sancionada en Costa Rica por el artículo 243 del Código Penal con una pena de seis meses a dos años o con entre 20 y 80 días de multa. Si la persona se dedica al negocio de préstamos de manera habitual la sanción subiría a entre 30 y 100 días de multa.
Viabilidad legislativa
El plan de salvamento del Gobierno fue criticado por algunas bancadas del Congreso quienes consideran que solo servirá para atender el problema de forma inmediata, pero no representa soluciones de largo plazo.
“Seguiremos conversando con todas las fracciones políticas para fortalecer estos proyectos y promover su pronta aprobación. Sabemos que el endeudamiento es un problema nacional, y por eso lo estamos atendiendo al más alto nivel”, indicó Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, en un comunicado.
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En la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) consideran que esta propuesta no contiene medidas que permitan sostener el modelo en el largo plazo y también limita la capacidad de las personas para acceder a recursos de consumo en un periodo de entre 15 y 20 años.
“Este plan del Gobierno no se sostiene en el tiempo ni para los bancos públicos que participen, ni para aquellos deudores, quienes en caso de calificar recibirían más créditos, lo cual se vuelve una opción temporal pero no les resuelve realmente la situación de números rojos ante pocas alternativas de trabajo y capacidad de pago”, comentó María Inés Solís, jefa de la bancada socialcristiana.
Para Silvia Hernández, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), existen varias preocupaciones sobre los efectos negativos que podría tener el plan en el mediano y largo plazo.
“Hay una cruda realidad de familias que pueden caer en una situación vulnerable si no se les ofrece un programa de este tipo, una gran cantidad son trabajadores del sector público”, agregó Hernández.
El Gobierno todavía debe responde una de las dudas fundamentales que plantearon los jefes de fracción durante la reunión de este martes con el presidente de la República Carlos Alvarado. Los legisladores pidieron cuantificar el porcentaje real de la población al que impactará el plan de salvamento.
