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El proyecto de ley de empleo público que debe presentar el Gobierno antes del 31 de marzo, para honrar el compromiso con la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN), propondrá aumentar el salario base de los trabajadores del Estado para reducir y eliminar algunos pluses e incentivos.
La iniciativa también creará varios modelos de remuneraciones globales con bases salariales que rondarán entre el 70% y el 90%, lo que dejaría un universo mucho más reducido para los incentivos y pluses que solo podrían ocupar entre el 30% y el 10% de los sueldos públicos.
Pilar Garrido, ministra de Planificación y encargada de liderar la construcción del texto, comentó que todavía faltan reuniones con sindicatos e instituciones públicas, pero el proyecto de ley está en su fase final de redacción antes de llegar a la Asamblea Legislativa.
En el Congreso, el PLN espera con ansias esta propuesta que le permitirá al Ejecutivo saldar una vieja deuda política. Liberación Nacional le dio 14 de sus 17 votos para aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a cambio de reformar el creciente gasto en salarios del Estado.
Esta es la entrevista con la jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
—¿Cuándo presentarán el proyecto de ley de empleo público?
—Tenemos la expectativa de concluirlo a finales de marzo y presentarlo a más tardar la primera semana de abril.
—¿Presentarán el proyecto al filo del compromiso con los jefes de fracción en la Asamblea Legislativa?
—Se presentará entre el 29 de marzo y el 1.° de abril, por un día no habría mucho desplome.
—¿El texto ya está en la etapa de redacción o todavía están en la ronda de diálogos con sindicatos e instituciones públicas?
—Sí, ya estamos en la etapa de redacción. Todavía las rondas no están concluidas, hay diálogos pendientes en los próximos días.
—¿Cuáles son las dudas más recurrentes de los sindicatos e instituciones?
—Las dudas más recurrentes son, justamente, cómo garantizar que el proyecto no genere inequidades y cómo hacer para no crear condiciones desfavorables entre los nuevos trabajadores y los empleados que ya laboran en el Estado.
—¿Cuáles son los principales cambios que plantean en este texto para los nuevos trabajadores del Estado?
—Para los nuevos empleados estamos planteando lo que el presidente Carlos Alvarado anunció en su momento, que son nuevas condiciones salariales para ellos con un esquema que les permita tener remuneraciones y algunas otras condiciones adicionales mejores a las que se tienen en la actualidad.
—¿Cómo se van a establecer esos salarios?
—Lo que se busca es un salario que cumpla tres características: que sea justo, que sea competitivo y que sea atractivo, para que también personas que trabajan bajo los actuales regímenes valoren trasladarse y que se convierta en una motivación adicional para los trabajadores nuevos.
—¿Van a utilizar un esquema de salario único como el de la OCDE con una base del 90% y un 10% de incentivos, o van a apostar por varios tipos de salarios globales?
—Ese es justamente el último peldaño de la negociación en la que estamos, así que todavía no está cerrado, pero estamos valorando ambas opciones.
“Lo que sí le puedo confirmar es que, independientemente de la modalidad, lo que va a ser clave es que la base del salario tiene que ser más alta y tiene que ser el componente principal del total de la remuneración, ojalá rondando porcentajes de entre el 70% y el 90%. Esa es la visión que tenemos porque en este momento existen bases salariales que ni siquiera en puestos no profesionales cumplen lo estipulado por el salario mínimo”.
—¿Cómo cambiarán el escenario de los incentivos y pluses salariales?
—Los incentivos actuales se mantienen para los funcionarios que están en el esquema de salario compuesto. Para los empleados nuevos, es posible que algunos incentivos también se mantengan, pero en condiciones vinculadas con su desempeño o en condiciones extraordinarias que así los justifiquen, como, por ejemplo, tener que asumir una tarea en una zona de menor desarrollo o de alta peligrosidad. Existen algunos incentivos que estamos valorando y todavía no tomamos la decisión final.
—¿Pero sí harán un recorte en la cantidad de incentivos a nivel general?
—Hay que hacer una diferenciación entre los salarios base que subirían y los incentivos o pluses que se establecerían eventualmente y que serían diferenciados para cada uno de los cuerpos de esquemas de empleo público. Por ejemplo, no es lo mismo todo lo que implica la gestión del empleo público con selección, evaluación, desempeño, capacitación y motivación de funcionarios como médicos, educadores, policías, judiciales o jueces.
“Entonces, cada uno debe tener sus propias escalas siempre que no se contravengan los topes que se establecen en la reforma fiscal y que se respeten los principios incorporados en la nueva ley de empleo público”.
—¿Cuáles son esos principios?
—Están encaminados a la excelencia, a la justicia social, a la protección del trabajador, a la probidad, a la meritocracia, a la no discriminación, a la igualdad. Hay cosas que son de aplicación general para todos y otros que son específicos para cada uno de esos esquemas particulares de empleo público.
—En el país existen 14 subregímenes de empleo público y el Gobierno quería reducirlos. ¿Cuál es la propuesta?
—Correcto, en este momento existen 14 subregímenes de empleo público, queremos reorganizarlos en siete u ocho subregímenes.
—¿Cómo estarán estructurados?
—Los nuevos grupos estarán categorizados de acuerdo con áreas de especialización. Por ejemplo: funcionarios públicos en general, empleados de empresas estatales en competencia, trabajadores de confianza, médicos, maestros y policías.
—En el caso de empleados de empresas en competencia como el ICE y el INS, ¿cómo fijarán el esquema salarial?
—Lo que estamos estableciendo es la fórmula o rúbrica general que se tiene que aplicar para todos, pero para el cálculo específico de los salarios de estas instituciones, cada una de las empresas tiene que fijarlo, siempre y cuando, se respete el artículo (de la reforma fiscal) que señala que de los topes están excluidas las empresas en competencia.
“Entonces depende de un cálculo justo vinculado con la solidez financiera de la empresa y que ofrezca un monto más competitivo para los empleados”.
—¿Ya se definió la nueva metodología de evaluación de desempeño?
—La evaluación de desempeño se estableció en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para junio de este año vamos a sacar un componente adicional que falta al reglamento de esta normativa. Lo que estamos incorporando es una nueva metodología, que se está trabajando, que debe ser muy amplia porque se tendrá la aplicarán desde municipalidades hasta empresas estatales en competencia.
—¿Qué tipo de incentivos se incluyen en la ley de empleo público para los nuevos empleados?
—Estamos buscando que dentro de las modalidades de las jornadas laborales también se den innovaciones como fomentar el teletrabajo y algunos otros incentivos. Si hay una funcionaria muy buena o excelente que tenga una retribución a cambio que no sea monetaria. Por ejemplo, que toda la capacitación se asigne de manera prioritaria a estos funcionarios, también que reciban las oportunidades de viajes al extranjero para fortalecer destrezas.
“Se establecen incentivos adicionales en función del lugar donde viven las personas o se abren espacios de tiempo para desarrollar investigación, crear galardones, ofrecer acceso a periodos de vacaciones adicionales profilácticas. Esto se implementará mediante una reglamentación posterior”.
