De primera entrada a todos les suena bien. La idea de abrir una mesa de negociación para crear un gabinete con figuras provenientes de los siete partidos que estarán en la próxima Asamblea Legislativa, seduce a las diferentes fuerzas políticas.
El presidente electo, Carlos Alvarado, no esperó mucho tiempo para enviar la tentadora invitación. El lunes 2 de febrero -un día después de la segunda ronda-, el futuro mandatario emitió una carta para convocar a las próximas fracciones legislativas a formar parte de un "gobierno nacional".
Las cúpulas y los legisladores electos del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Restauración Nacional (PRN), Partido Integración Nacional (PIN), Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y el Frente Amplio (FA), recibieron la misiva de Alvarado.
La idea la explicó el fundador y diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís. Carlos Alvarado se reservará el nombramiento de la mitad más uno de su gabinete y negociará los puestos restantes con los seis grupos políticos que estarán en el próximo plenario legislativo.
A cambio, el segundo gobierno del PAC pedirá apoyo para una serie de proyectos de interés nacional, entre los cuales, sin duda, figurará la reforma fiscal en caso de que no logre aprobarse en la presente legislatura.
En épocas de multipartidismo, lo mejor que podría obtener el próximo gobierno es el apoyo de las bancadas para una agenda legislativa común, pero con que se abstengan de obstruir proyectos clave, Alvarado, se podría dar por bien servido.
Los comités ejecutivos de los partidos analizan la propuesta, los futuros jefes de fracción la reciben con beneplácito, los empresarios y los sindicatos lo ven como un buen primer paso. Todo bien. Pero nada de esto le garantiza un camino fácil en el Congreso a la administración Alvarado Quesada.
Buen ambiente, pero...
La contundente victoria conseguida por Carlos Alvarado con el 60,6% de los votos frente al 39,4% de los sufragios que obtuvo Fabricio Alvarado, puso punto final al capítulo de una convulsa, atípica y aleccionadora campaña política.
Ambos líderes fueron claros en sus mensajes. Los dos apelaron a la necesidad de unir al país, sobre todo, a los siete partidos políticos que estarán en Cuesta de Moras para el periodo 2018-2022.
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En las filas del PLN y el Partido Republicano Social Cristiano aceptaron negociar para crear una agenda legislativa con proyectos importantes para el país durante el siguiente cuatrienio, pero rechazaron ocupar cargos en el futuro gabinete de Alvarado.
Otras fuerzas políticas como el PUSC y el Frente Amplio, que fueron aliados del PAC durante la segunda ronda, dieron señales positivas sobre la urgencia de crear una agenda legislativa robusta y dejaron abierta la posibilidad de llevar figuras de sus partidos al Ejecutivo.
Una de las grandes incógnitas era la posición de Restauración Nacional, partido que ostenta la segunda fracción legislativa más grande del próximo plenario. Tras sufrir una apabullante derrota en el balotaje, Fabricio Alvarado envió señales de apertura a la negociación.
La bancada del PRN está dispuesta a conversar con Carlos Alvarado y a buscar acuerdos sobre una posible agenda legislativa, pero al mismo tiempo el grupo de 14 diputados evangélicos mantiene conversaciones son las bancadas del PLN, PIN, PUSC y PRSC.
Durante la segunda ronda, Fabricio Alvarado consiguió el apoyo de líderes políticos de estos cuatro partidos, por lo que se mantiene latente la posibilidad de crear una especie de bloque legislativo.
Esa es justamente la primera traba que enfrenta el PAC. Carlos Alvarado debe conseguir un acuerdo robusto que le garantice -con la firma de un documento- la cooperación y el respaldo de la mayoría de los partidos para impulsar una serie de proyectos de ley entre 2018 y 2022.
Para nadie es un secreto que existe cercanía entre el PRN, el PLN y el PRSC, sus jefes de fracción electos así lo reconocieron.
Aunque Carlos Alvarado y Rodolfo Piza, excandidato presidencial del PUSC, firmaron una alianza durante la segunda ronda para definir un acuerdo previo de puntos que se deben incluir en la agenda para un gobierno nacional, esa posición no garantiza un bloque sólido entre las fracciones de la Unidad y el PAC.
Tras el acuerdo figuras del PUSC, como los economistas Edna Camacho y Jorge Guardia; y el exministro de tres carteras, Rodolfo Méndez Mata, se sumaron al equipo de trabajo del PAC. Algunos de ellos podrían ocupar cargos en el gabinete de Alvarado.
Reforma fiscal divide
Un ejemplo de la tensión latente bajo las buenas intenciones es el futuro de la reforma fiscal. Si la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa no se aprueba antes del próximo 1.° de mayo, el camino para el PAC se torna complejo.
Los aliados más cercanos del próximo gobierno difieren sobre la reforma fiscal en trámite. El Frente Amplio considera que el texto debe tener justicia social y cobrar impuestos a quienes ganan más.
Este grupo político representado por José María Villalta, se opone a algunos puntos del acuerdo firmado, antes de la segunda ronda, por el mandatario electo y Rodolfo Piza.
En el PUSC mantienen que se deben respetar los pactos previos en materia fiscal, por eso defienden la aprobación de la regla constitucional, la contención al crecimiento del gasto público y las reformas a los tributos de renta y ventas.
Liberación Nacional considera que es muy pronto para hablar sobre el futuro de la reforma fiscal y prefieren esperar a que concluya el actual periodo legislativo, pero en el Republicano Social Cristiano fueron categóricos en que se oponen a aumentar impuestos, por eso no apoyarán el texto que se tramita en el Congreso.
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Con la oferta del Presidente electo –que bien podría dar como fruto una coalición en el Ejecutivo– sobre la mesa, los partidos parecen estar concentrados en definir los términos en los que participarán en la mesa convocada por Carlos Alvarado, pero de momento todos concuerdan en que se trata de un primer paso en la dirección correcta.
Aprobación desde afuera
La propuesta de conformar un gobierno nacional también cuenta con la aprobación de los sindicatos y el sector empresarial privado.
Franco Arturo Pacheco, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), considera que la idea es bastante positiva en momentos cuando se debe buscar una solución urgente al déficit fiscal.
La misma posición la comparte Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), quien agregó que esperan tener una buena comunicación con el próximo gobierno.
Eso sí, los grupos sindicales se preparan para protestar en las calles en los próximos días, si los diputados mantienen los cambios que hicieron al proyecto de ley de reforma fiscal.
Los legisladores pactaron la creación de dos nuevos tramos de renta para los salarios más altos, limitar el pago de anualidades a los empleados públicos y gravar con el 15% las cesantías mayores a ocho años.
El PAC, dispuesto a ceder cargos y cuotas de poder en el Ejecutivo a cambio de allanar el difícil camino legislativo, apuesta sus cartas a la estrategia de un gobierno nacional en momentos donde solo un verdadero acuerdo pondrá a caminar al país desde el Congreso.