Escuchar
El gobierno de Ecuador, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), dio marcha atrás con una polémica medida económica al bajar el martes los precios de los combustibles más utilizados, como acordara con los movimientos indígenas para solucionar la reciente crisis social.
Las cotizaciones disminuyeron a los niveles previos al 3 de octubre, cuando aumentaron hasta en 123% y generaron fuertes protestas durante doce días que dejaron ocho muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos según la Defensoría del Pueblo.
El precio del galón americano de diésel bajó de 2,30 a 1,03 dólares y el de gasolina corriente de 2,40 a 1,85 dólares.
El movimiento indígena, duro crítico de las políticas del FMI, lideró las manifestaciones que movilizaron a miles de sus miembros hacia Quito y alcanzó el domingo un acuerdo con el presidente Lenín Moreno que permitió retornar a la calma.
LEA MÁS: Ecuador queda herido por su peor crisis en décadas
La economista jefe del FMI, Gita Gopinath, dijo en Washington que "apoyamos a las autoridades (ecuatorianas), estos son tiempos difíciles y nos gustaría que las reformas se lleven a cabo y que sean exitosas".
Inesperado escenario
Moreno había decretado la eliminación de subsidios a los combustibles, una medida pactada con el FMI para acceder a créditos por $4.200 millones, que necesita ante serios problemas de iliquidez y un déficit estimado por encima de los $5.000 millones.
La dirigencia indígena y el mandatario resolvieron negociar un nuevo decreto para reemplazar al que suprimió los subsidios, que ya fue derogado.
Gopinath dijo que celebra que se intente "reunir a todas las partes interesadas y que se tomen las decisiones sobre las reformas macroeconómicas, teniendo en cuenta a las comunidades que van a ser afectadas".
El martes también quedaron anuladas alzas de hasta un 40% en las tarifas del transporte público.
Además, el restablecimiento de la paz permitió que 2,6 millones de estudiantes retornaran a las aulas de escuelas y colegios a nivel nacional, aparte de los universitarios.
El "país recobra rápidamente la calma", dijo Moreno el lunes en Guayaquil, desde donde todavía despacha luego de que trasladara allí la sede de gobierno tras la llegada a Quito de miles de indígenas para protestar.
"Este fue un escenario completamente ajeno a lo que la Policía o las Fuerzas Armadas, el gobierno nacional o sus sistemas de Inteligencia tuvieron que enfrentar antes", señaló el martes la ministra de Interior, María Paula Romo, en rueda de prensa.
“Cóctel macabro”
Ante los disturbios, el mandatario ecuatoriano denunció que enfrentaba un plan de desestabilización activado por su antecesor y exaliado Rafael Correa (2007-2017) y Nicolás Maduro. Ambos líderes se han burlado de estos señalamientos.
El supuesto plan conspirador salpica a varios allegados a Correa en Ecuador, por lo que una prefecta (gobernadora) está detenida para investigación y siete personas, incluidos cuatro asambleístas, se mantienen refugiados en la embajada de México en Quito.
"El gobierno nacional sufrió el ataque desestabilizador más grande de la historia. Fue un cóctel macabro de movilizaciones, delincuencia, política organizada, vandalismo y hasta terrorismo. Esto nunca se había visto", dijo el martes el secretario de la presidencia, José Agusto Briones.
Ecuador aún debe encarar sus problemas financieros cuando el déficit le significa al menos un 5% del PIB y que con el cumplimiento de los compromisos con el FMI está previsto que disminuya a 0,3% para 2019 y se estabilice para 2020.
Según las previsiones del FMI difundidas este martes, Ecuador registrará una contracción de su economía de 0,5% este año encaminándose al crecimiento en 2020, para cuando se espera una expansión de 0,5%.
En las protestas, del 2 al 13 de octubre con bloqueo de carreteras, Moreno decretó el estado de excepción para que los militares restablezcan el orden, lo que resultó infructuoso.
Sin ofrecer los motivos, Moreno designó el martes nuevos jefes del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y del Ejército.
Los manifestantes asediaron la casa de gobierno, ocuparon momentáneamente el hemiciclo del Congreso, asaltaron e incendiaron un edificio público y atacaron instalaciones de dos medios de comunicación.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, manifestó que en las protestas "vi una anarquía total, un todos contra todos. Ya no eran solo manifestantes, eran infiltrados, eran oportunistas (...). Llegamos a un estado en que en realidad era totalmente incontrolado".
Ahora, el gobierno y la mayoritaria Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) negocian el nuevo decreto sobre los precios de los combustibles y el mecanismo para focalizar ayuda para los más pobres, entre los que están los aborígenes (25% de los 17,3 millones de ecuatorianos).
