EscucharLa más reciente disputa pública entre el gobierno del presidente Rodrigo Chaves y la Junta Directiva del Banco Nacional (BNCR), por el proceso de selección que deparó en el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como la nueva gerenta general de la principal entidad financiera del país, es el último episodio de una serie de conflictos entre esta administración y los órganos directivos de entidades autónomas fuera de su control.
Los choques entre el Poder Ejecutivo y este tipo de instituciones han sido comunes en otros gobiernos. Sin embargo, el tono de los desencuentros ha subido durante la administración Chaves Robles, con múltiples declaraciones públicas, procesos judiciales y destituciones que, en algunos casos, luego han tenido que revertirse.
Además de la junta directiva del Banco Nacional, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves se ha enfrentado públicamente con las administraciones de varias otras instituciones; entre ellas, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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Los conflictos
Estos han sido algunos de los momentos más tensos entre el gobierno y algunas de las instituciones descentralizadas del país en lo últimos meses:
Banco Nacional
El conflicto del gobierno con la Junta Directiva del Banco Nacional (BNCR), por el proceso de nombramiento de su nueva gerenta, es el más reciente de todos.
Inició el 5 de septiembre pasado, día en que la Presidencia de la República informó a través de un escueto comunicado de prensa que el Consejo de Gobierno había tomado las decisiones de pedir al banco estatal que anulara la designación de Ulloa, abrir una investigación preliminar sobre el concurso por la gerencia y remitir sus motivos de disgusto al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) “para que determinen si existió una acción delictiva”.
En dicho comunicado, que apenas incluía cinco párrafos, el Poder Ejecutivo no mencionó sus motivaciones para emprender esas acciones. Sin embargo, seis días después, en conferencia de prensa, el presidente Chaves aseguró considerar que el concurso pudo haber estado “amañado”, por su corta duración.
El concurso por la gerencia del BN estuvo abierto entre el 21 y el 24 de agosto, y se recibieron 14 ofertas, incluidas algunas de otros funcionarios públicos. Sin embargo, el presidente Chaves alega que esa ventana fue fugaz y que pudo haber impedido una mayor participación. “¿Qué ejecutivo del calibre que se ocupa para manejar esa institución, a menos de que se la estén montando, siquiera podría haber preparado una solicitud razonable a ese puesto en tres días?”, criticó.
La Junta Directiva del Banco Nacional, por su parte, rechazó la solicitud del Consejo de Gobierno de anular el nombramiento. Por el contrario, le recordó al gobierno que el Banco es una entidad independiente y que, a pesar de que la ley no impone un proceso de selección estándar para sus gerentes generales, la entidad financiera contrató a la firma Doris Peters & Asociados para realizar el concurso de forma transparente y apegada a los requerimientos del cargo.
El Gobierno mostró especial interés por el concurso y, según publicó el periódico La Nación, habría remitido tres comunicaciones al Banco en solo 16 días del mes de agosto: la primera, el día 6, para consultar sobre el avance del proceso; la segunda, el día 20, para preguntar sobre el perfil de gerente general y el cronograma de la firma reclutadora; y la tercera, el día 22, para “rogar” que se ampliara el plazo de recepción de ofertas. Hasta ahora, sin embargo, el Ejecutivo no ha dicho si le interesaba promover a otro candidato o candidata para el cargo.
El presidente Chaves reiteró su molestia por el proceso este 11 de setiembre y dijo que se harán las gestiones necesarias para sancionar a los miembros de la Junta Directiva del Banco, si se justifica, por portarse de una manera “tan censurable” e “inmoral”.
En contraposición, el gobierno ha mostrado una postura más laxa con la dirección del Banco Popular, a pesar de que entró en situación de irregularidad financiera por problemas de gobierno corporativo.
Sobre ese banco, el exauditor interno Manuel González y la propia Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) han cuestionado factores como la falta de idoneidad del exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, para desempeñarse como directivo y presidente de la institución. Él fue nombrado en el órgano por parte del Poder Ejecutivo en septiembre de 2022 y luego fue señalado como presidente por la junta.
CCSS
Las diferencias entre el gobierno de Chaves y las juntas directivas también han quedado patentes en otras instituciones y se remontan hasta inicios de su período constitucional, en 2022.
En diciembre de aquel año, la administración decidió suspender a cinco directivos de la Caja; por un presunto conflicto de interés, relacionado con la aprobación de un aumento salarial retroactivo para los empleados de la entidad, que ya antes había derivado en la destitución de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo por parte del gobierno.
Según el Ejecutivo, los directivos habrían tomado una decisión que les beneficiaba, a pesar de que la institución no tenía una situación presupuestaria adecuada para cubrir el gasto: un criterio que no se ajustó a la posición de la Procuraduría General de la República (como abogado del Estado).
Posteriormente, la Sala Constitucional confirmó la ilegalidad de las separaciones previas de los directivos, a pesar de que hasta ese momento no se les habían acreditado responsabilidades legales en su contra. Asimismo, el tribunal consideró que el Consejo de Gobierno habría actuado en contra de la independencia de la autonomía de la CCSS y de la independencia de los directivos, ideada para garantizar que puedan de “ejercer sus funciones sin presiones externas”, según explicó la oficina de prensa del órgano de justicia a través de un comunicado.
Los directivos removidos fueron José Luis Loría, representante del cooperativismo; Martha Rodríguez, del sindicalismo; Maritza Jiménez, del solidarismo; Carlos Salazar, del Estado; y Jorge Arturo Hernández, del sector patronal.
Luego de ese evento, varios de estos directivos denunciaron supuestas presiones para dejar sus cargos y solo Rodríguez se mantiene en el suyo. Hernández renunció en diciembre del 2022, Salazar en octubre del 2023 y Loría en junio de este 2024. Por otra parte, Jiménez fue destituida en el mismo mes de junio, según dijo, por un procedimiento administrativo relacionado.
“Cuando aprobamos la ejecución de ese aumento, porque era ejecutarlo, ya había sido aprobado. Se nos dijo que debíamos echar atrás el aumento y ahí empezó la persecución, acusaciones en conferencia de prensa, este proceso y ahora la resolución”, aseguró entonces.
En junio de 2023, el presidente Chaves había advertido que la Sala Constitucional no había anulado los procedimientos administrativos en contra de los directivos, sino que únicamente había fallado en contra de las medida cautelares. Por eso, afirmó, seguirían adelante con las gestiones en su contra.
Chaves también ha cuestionado decisiones de la Junta Directiva de la Caja y votos de algunos de sus integrantes públicamente. En febrero pasado, por ejemplo, criticó a los representantes del sector patronal nombrados por la Unión Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), por apoyar la reinstalación a los gerentes financiero y de infraestructura, Gustavo Picado y Jorge Granados, previamente suspendidos con el respaldo del Poder Ejecutivo y de la presidenta de la institución, Marta Esquivel.
ICE
Aún más atrás en el tiempo, en junio de 2022, el Consejo de Gobierno también había tomado la decisión de separar a tres directivas del Instituto Costarricense de Electricidad nombradas durante la administración anterior porque, supuestamente, habían sido nombrados de forma ilegal y no cumplían con los requisitos.
Se trataba de Sandra Rojas, Marianella Feoli y Carla Murillo, quienes se encontraban en sus cargos desde 2019 y finalmente fueron destituidas de forma definitiva en octubre de 2022.
Sin embargo, posteriormente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción concluyó que los nombramientos estaban apegados a la ley, cuando solicitó el sobreseimiento de una causa que se había abierto en contra del expresidente Carlos Alvarado y otras ocho personas, bajo el expediente 23-000139-1218-PE.
Irene Cañas, expresidenta ejecutiva del Instituto, opinó de forma posterior al sobreseimiento que el Gobierno simplemente habría usado “una mentira para construir una mayoría temporal en el ICE (junta directiva)”, tal como también había sugerido la exgerente general Hazel Cepeda luego de ser destituida por “la necesidad expresa de la Presidencia Ejecutiva y otros miembros de dicho Consejo de contar con un equipo gerencial de confianza”.
A pesar de esa solicitud de sobreseimiento, ninguna de las tres funcionarias recuperó su puesto. En cambio, dos de las personas nombradas para sustituirles (Ileana Murillo y Henry Guevara) siguen en sus cargos.
En agosto de 2022, después del cambio de las directivas, el ICE anunció decisiones de peso. Por ejemplo, un acuerdo para devolver parcialmente al Estado frecuencias para el desarrollo de 5G.
Concentración de poder
Según el politólogo Ronald Alfaro, del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, es normal que los presidentes y los gobiernos se interesen por tener cierto control o influencia en las instituciones autónomas. A fin de cuentas, recordó, son entidades que manejan altas cantidades de recursos y sus decisiones también inciden sobre el día a día la población.
Sin embargo, el académico consideró que la actitud de este gobierno ha sido diferente a la de sus predecesores en sus formas de intentar ejercer esa incidencia.
“¿Qué es lo que hay? Una actividad más beligerante del Poder Ejecutivo por tratar de concentrar el poder”, comentó Alfaro.
Elian Villegas, exministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado, recordó en una reciente entrevista con la periodista Vilma Ibarra, en el programa Hablando Claro transmitido en radio Columbia, que él también se manifestó en 2020 contra el nombramiento de Bernardo Alfaro como gerente general del Banco Nacional. Sin embargo, también señaló que en aquella ocasión el Banco no realizó un concurso del todo y que el Ejecutivo respetó la independencia de la entidad.
En aquella ocasión, además, el jerarca de gobierno había criticado que pudo existir un posible conflicto de intereses, porque Bernardo Alfaro pasaba directamente de un ente regulador (la Sugef) a un ente regulado (la entidad financiera).
El ánimo de influencia de la actual administración también ha quedado patente en momentos en los que ha elevado el tono de la confrontación, cuando le es imposible incidir sobre las decisiones o posiciones de las instituciones por su rango de autonomía.
Por ejemplo, esto se ha podido observar en las relaciones de la actual administración con las universidades públicas y sus rectores, representados por el Consejo Nacional de Rectores (Conare). El presidente Chaves incluso comparó a estos jerarcas con prestamistas “gota a gota”, que usan medios de extorsión para cobrar sus cuotas injustas a acreedores.
Alfaro recordó que el Estado costarricense se diseñó de modo que los Presidentes de la República tengan poderes limitados, para que no puedan acaparar el poder por su cuenta y que esto se refleja en todas estas tensiones.
“Es un límite importante. Si los presidentes no tuvieran esos límites serían realmente muy poderosos y tendrían facultades demasiado amplias, pero en el caso de las instituciones descentralizadas y las autónomas, hablamos de sectores con límites muy importantes”, puntualizó.
