El Gobierno arrancó el proceso de conversación con la concesionaria holandesa APM Terminals para renegociar las tarifas que esta empresa cobra por los servicios portuarios y ante la necesidad de aumentar la capacidad del megapuerto de Moín.

Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, informó sobre el inicio de los diálogos previos por las exigencias del sector productivo que desde el año pasado pide precios más bajos para ser más competitivos con respecto a otros mercados.

"Se iniciaron las conversaciones para la renegociación de dos temas trascendentes en el puerto de Moín, se trata de la capacidad del puerto y de las tarifas de esta terminal, dos asuntos que deben ser replanteados al calor de los acontencimientos vividos durante los primeros meses tras la puesta en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)”, puntualizó el jerarca.

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De acuerdo con Méndez Mata es importante tomar en cuenta las peticiones del sector productivo y exportador, especialmente el de fruta fresca, que se vio afectado por las altas tarifas que cobra el operador de la terminal de Moín.

EF consultó la posición de APM Terminals sobre este tema, pero su departamento de comunicación indicó que por el momento la vocería recaerá únicamente sobre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Reclamos del sector productivo

El de julio del 2019, 17 cámaras del sector empresarial –incluidos los exportadores, navieros, industriales, comerciantes y transportistas de carga– enviaron una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, para pedir una revisión y renegociación de las tarifas del puerto.

La misiva, de la cual este medio tiene copia, ofrecía una comparación de tarifas entre los servicios que brinda APM Terminals y los que presta la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

De acuerdo con lo consignado en ese documento, la TCM es mucho más cara para los exportadores. Descargar un buque de 200 metros de longitud cargado con 435 contenedores en el nuevo megapuerto del Caribe resulta $56.509 más oneroso por semana respecto al muelle de Japdeva, monto que representa $2,9 millones al año.

El documento enviado al presidente también revela que los costos de entrada al puerto y de carga y descarga de un contenedor son más caros en Costa Rica ($515) en relación con el resto de América Latina, donde, por ejemplo, los mismos servicios cuestan $221 en Guatemala, $299 en Ecuador, $361 en Perú y $285 en Chile. La comparación evidencia que solo existen tarifas más altas en Estados Unidos.

Edgardo González, presidente de la Cámara Costarricense de Navieros (NAVE), considera que el inicio del diálogo con APM Terminals para buscar nuevas tarifas y la ampliación de la capacidad del muelle se debe en buena parte a la presión que ejercieron los grupos empresariales y los productores afectados.

“Luego de que enviamos la carta tuvimos una reunión con el presidente Alvarado y él dio su aprobación para arrancar con una serie de comisiones que estuvieron a cargo del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) con el objetivo de reunir datos e información sobre el impacto de las tarifas en sectores como los importadores, exportadores y navieras”, comentó González.

Luego de estas reuniones con las comisiones establecidas por el Gobierno –que tuvieron lugar entre octubre y noviembre del 2019– el Ejecutivo ahora se dispone a explorar las posibilidades de renegociar cambios en las tarifas y ampliación de las operaciones de la TCM.

¿Qué dice APM Terminals?

En una entrevista con EF, el pasado 20 de julio, Hartmut Goeritz, director general de APM Terminals Costa Rica, defendió que las tarifas negociadas con el Gobierno fueron establecidas por la Autoridad Reguladora de los Servcios Públicos (Aresep).

“El contrato que firmó APM Terminals establece tarifas que no define el operador, las tarifas son definidas por la Aresep. Nosotros no podemos tomar decisiones con respecto a eso, todos sabían cuáles eran, nadie puede aducir que las desconocía. Estas tarifas están establecidas en un contrato que el Estado diseñó en el cual se incluyen 33 años de operación”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de renegociar los precios de los servicios portuarios, Goeritz señaló que el socio de negocio de APM Terminales es el Gobierno y, por enede, siempre se mantienen en constante comunicación sobre los diferentes temas.

“Cualquier tipo de cambio que se quiera hacer al contrato de concesión tomará mucho tiempo porque tiene implicaciones legales, fue diseñado de forma muy rígida y para hacerle cualquier cambio debe llevar un proceso legal sumamente amplio”, concluyó el vocero de la concesionaria.

El director de APM Terminals en Costa Rica defendió que la carta enviada por las cámaras tiene errores porque no se pueden comparar las tarifas del puerto de Moín con las de otras terminales de la región que se construyeron con modelos contractuales y de operación muy diferentes.

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Otro de los temas que se discutirá en la mesa es la ampliación de la capacidad de la terminal.

El puerto ya alcanzó 1,2 millones de TEUs (contenedores de 6,1 metros de longitud) y el contrato establece que cuando llegue a 1,5 millones de TEUs deberá iniciar la construcción de la fase 2B. Sin embargo, la programación de ventanas de atraque tiene una ocupación alta que impide aumentar la cantidad de TEUs.

“Lo estimamos para 2023. Los flujos de trabajo deben mejorarse, la utilización del puesto de atraque también deben mejorar, recordemos que con esta terminal ya no hay tanto trasbordo que se tenía que hacer antes para llegar al puerto de Japdeva. Considero que la utilización de los patios de atraque está apenas al 50%, entonces no podemos verlo solamente por el atraque de los barcos, sino también por la capacidad completa de la terminal”, argumentó Goeritz.

Ahora las cámaras empresariales esperan que el proceso de diálogo avance con celeridad para que se puedan ver resultados que favorezcan a la competitividad del país.