EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) dirige 28 allanamientos y detuvo a ocho altos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), incluida la presidenta Marta Esquivel, en un operativo relacionado con presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación en favor de cinco cooperativas, para administrar 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.
Según las autoridades judiciales, las irregularidades habrían derivado en un “millonario sobreprecio” en favor de clínicas privadas; a pesar de que Esquivel y otros funcionarios de la institución defendieron el proceso en semanas recientes.
La Fiscalía detalló que la investigación se desarrolla en contra de la junta directiva de la Caja en el período de febrero de 2023 a 2024, por los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Según indicó, “se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”.
Asimismo, se considera que lo habrían hecho a pesar de que “las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de ¢12.400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución, en las mismas áreas de salud, en igualdad de condiciones técnicas“.
El Ministerio Público no encontró a Esquivel en su casa, que fue parte de las ubicaciones allanadas este lunes, pero la alta jerarca se presentó por su cuenta en la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pérez Zeledón. Además de ella, la Fiscalía informó sobre la detención otros siete altos funcionarios y exfuncionarios, incluidos los miembros y exmiembros de la Junta Directiva presuntamente implicados.
El caso
El caso en cuestión hace referencia a la adjudicación que se concretó el 6 de julio pasado, en favor de cinco cooperativas (Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco), para administrar 138 Ebais y 10 áreas de salud.
La decisión se tomó en una sesión extraordinaria de la Junta Directiva, por medio de un procedimiento especial llamado “figura de hecho”. Este sirve para conocer asuntos urgentes, aún cuando no se puede garantizar el cuórum necesario del órgano director. Por aquel entonces, la Junta Directiva de la Caja no podía sesionar normalmente, pues los representantes del bloque laboral José Luis Loría y Maritza Jiménez habían dejado sus cargos, por renuncia y por destitución, respectivamente.
La licitación finalmente se concretó y se plasmó en un convenio por ¢178.000 millones anuales.
Los servicios tercerizados incluían 138 Ebáis en 10 áreas de salud: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho, según se informó.
Según la Fiscalía, se habría logrado determinar que las ofertas presentadas por las cinco entidades “eran excesivas”. Además, habrían sido “más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio”.
“Resulta ser que hay un contrato realizado en el año 2021, con una vigencia de cuatro años, y este fue cancelado, anulado y modificado por un nuevo contrato”, describió Randall Zúñiga, director del OIJ. En el nuevo documento, agregó, “se amplían los plazos y, además de eso, se cambian los montos que se tienen que pagar.”
“Al respecto, el Departamento Financiero de la CCSS rechazó la posibilidad de ampliar los plazos y de que se aumentaran los costos, siendo que lo usual es que anualmente se reconozca un aumento del 2% al 3% por un tema de costo de vida. Sin embargo, en el nuevo contrato, los montos que se generaron superaban al 33% de aumento versus el contrato ya aprobado y cancelado en el año 2021”, añadió.
A favor de la adjudicación votaron seis personas, incluida Marta Esquivel. También lo hicieron Isabel Camareno, Zeirith Rojas, Johnny Gómez, Jorge Luis Araya y Jorge Porras.
Las autoridades agregaron que, en apariencia, los miembros de la Junta Directiva habían sostenido reuniones previas con los oferentes ganadores del concurso, “lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos”.
Asimismo, señalaron que “también se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado”, dado que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, pero la adjudicación cuestionada se habría hecho por 10.
Según publicó el Semanario Universidad el 22 de julio pasado, los hechos habrían sido denunciados al Ministerio Público por parte del auditor interno de la CCSS, Olger Sánchez. Asimismo, la Contraloría General de la República había abierto un proceso dese el 10 de julio, en el plano administrativo.
Antecedentes de disconformidad
La situación que investiga la Fiscalía y por la cual realizó sus allanamientos este lunes había generado la molestia de grupos internos de la Caja.
Entre ellos, la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) presentó una denuncia ante el Consejo de Gobierno y Luis Chavarría, secretario general de esa organización, llegó a señalar que la contratación implicaba una “escandalosa suma” en favor de las clínicas privadas.
Según la Asesoría Jurídica de Undeca, hubo múltiples criterios internos que recomendaron declarar infructuoso el proceso.
Ante la denuncia, la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, insistió en la legalidad de los contratos y dijo que los alegatos sindicales podrían corresponder a intereses mezquinos de su parte.
“Yo creo que tienen miedo de estos procesos (de adjudicaciones)”, dijo el 21 de agosto pasado, “(estos procesos) ponen a la Caja en evidencia que muchos indicadores de salud son mejores, mejor dados, mejor brindados o mejor prestados por las cooperativas y estos operadores privados que por la misma institución, y nos presionan a ser mejores”, subrayó.
La jerarca de la institución respondió de esa forma en uno de los habituales eventos de divulgación que realiza el Gobierno todos los miércoles en Casa Presidencial y en el que también participaron los directivos y exdirectivos que aprobaron el movimiento.
Los delitos
El caso se sigue bajo el expediente bajo investigación 24-000267-1218-PE, por los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
El delito de influencia contra la Hacienda Pública castiga con penas de entre dos y ocho años de prisión a los funcionarios públicos que, en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen un proceso, de modo que lesione los intereses patrimoniales del Estado o del interés público.
El delito de tráfico de influencias, por otra parte, castiga con penas de entre dos y cinco años de prisión a los funcionarios públicos cuando, utilizando su cargo, actúen en beneficio de terceros ya sea por acciones u omisiones de sus responsabilidades.
Además de la investigación en curso, el director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que hay otras líneas de investigación en curso en contra de un exgerente médico de la CCSS y de un ex vicpresidente de la institución, cuyas identidades no detalló.
