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Dos créditos de apoyo presupuestario por $600 millones (de $300 millones, cada uno) recibieron este viernes un dictamen positivo unánime por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Ahora, ambos pasarán bajo el mismo expediente (22.214) para su discusión y votación final en el Plenario legislativo.
Los empréstitos se negociaron con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y llegaron al Congreso desde septiembre de 2020. No obstante, su trámite se dilató y hasta ahora lograron el aval de la comisión respectiva.
El crédito del BIRF se destinará a financiar deuda pública en un 90%. El restante 10% irá a financiar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En el caso del BCIE, la totalidad de los recursos servirá para financiar el proyecto de fondo de avales y garantías que también se tramita en el Congreso, con el objetivo de apoyar la gestión de créditos de personas físicas o jurídicas que realizan actividades comerciales o empresariales, afectadas por la pandemia de COVID-19.
La constitución formal del fondo de avales, sin embargo, sigue pendiente de la tramitación de otro proyecto de ley (22.144). Este texto ordenaría el andamiaje para el plan, que busca aportar a las empresas beneficiarias hasta el 70% de las garantías crediticias que se les pida para nuevos financiamientos o renegociaciones en un plazo de 15 años.
Ese proyecto se presentó desde agosto de 2020, pero dificultades para definir cuestiones técnicas lo mantienen aún en trámite de la misma Comisión de Hacendarios.
Los recursos de ambos préstamos serán desembolsados en un solo tracto por cada acreedor. Ambos además se pactaron en condiciones blandas, con tasas inferiores al 3%.
El crédito con el BIRF se negoció a un plazo de 34,5 años, con cinco años de gracia; mientras que el del BCIE es a 20 años con cinco de gracia.
La votación de la Comisión fue unánime, en una sesión extraordinaria de último momento antes de la pausa de al menos dos semanas en que entrarán las comisiones legislativas, por su reestructuración obligatoria tras el 1.° de mayo.
Para concretar la sesión se requirió de coordinación entre el Gobierno y los diputados desde el miércoles pasado.
Ese día, los diputados también dictaminaron y enviaron al Plenario legislativo el convenio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a una facilidad de Servicio Ampliado (SAF) por $1.778 millones en tres años.
De ese crédito, el Gobierno accedería a unos $583,3 millones este 2020: una mitad solo con la aprobación legislativa del convenio y la otra si aprueba una evaluación del organismo internacional sobre el avance de una serie de medidas pactadas por el país para estabilizar sus finanzas a partir de 2023.
Las tres operaciones en conjunto (FMI, BCIE y BIRF) son parte de los planes de endeudamiento externo que maneja el Ministerio de Hacienda para este 2021.
Las tres además necesitarán una votación positiva de al menos 38 diputados para su aprobación final en el Congreso, por mandato de la Constitución Política para gestiones de endeudamiento externo.
En total, Hacienda maneja una cartera de crédito externo que proyecta cerrar en $2.513 millones para este 2021.
Siguen pendientes de aprobación legislativa $50 millones de apoyo ante la COVID-19 negociados con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Asimismo, Hacienda prevé impulsar iniciativas adicionales, ya negociadas o en proceso de estructuración con otras entidades multilaterales, por $1.350 millones en lo que resta del año.
El Banco Central (BCCR) y el Ministerio de Hacienda sostienen que estos créditos son indispensables para disminuir el costo de la deuda pública. Las créditos de apoyo presupuestario suelen ofrecer tasas de interés entre tres y cuatro veces menores que las que obtiene el Estado para su financiamiento en el mercado interno.
Según estimaciones hechas por la Dirección de Crédito Público, y recogidas por el BCCR en su Programa Macroeconómico 2021-2022, por cada 100 puntos base (punto porcentual) de menor tasa de interés, el gasto financiero del Gobierno baja aproximadamente ¢35.000 millones anuales; es decir, 0,1 puntos porcentuales del PIB estimado para el 2020
