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La resolución completa sobre las consultas de constitucionalidad presentadas al proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) llegó a la Asamblea Legislativa, este lunes 20 de septiembre, confirmaron a EF la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la oficina de prensa de la Sala Constitucional.
Este es un paso fundamental para que la iniciativa pueda avanzar en el Congreso, de cara a una eventual votación en el Plenario.
La resolución completa llega un mes y 20 días después de que la Sala hizo público su ‘por tanto’.
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En este, los magistrados determinaron que no hubo vicios de procedimiento relacionados con el trámite de la iniciativa que impliquen la necesidad de anular su avance; aunque sí realizaron señalamientos sobre cuestiones de fondo que deberían corregirse, en materia de independencia de poderes y autonomía de algunas instituciones.
La oficina de prensa del tribunal señaló que el documento será publicado en línea en las próximas horas y que se trata de un texto de más de 500 páginas.
El arribo del texto a Cuesta de Moras ocurre en un momento crucial. La iniciativa es considerada una “meta estructural” del acuerdo alcanzado por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que se prepara para realizar una primera evaluación de su programa con Costa Rica en los próximos días.
Según explicó el presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador de Costa Rica ante el organismo, Rodrigo Cubero, existe “un compromiso formal de aprobar ese proyecto”, pues constituye un structural benchmark (una “reforma estructural de referencia”) en el convenio con la entidad.
“(Esto) significa que el FMI verificará su cumplimiento o su materialización para efectos de determinar si el país está haciendo suficiente progreso en las medidas planteadas”, afirmó.
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Avanzar con el acuerdo, según Cubero, va más allá de mantener abierta la línea de financiamiento por $1.778 millones en tres años. Implica un respaldo necesario para mantener la confianza de los mercados internacionales y evitar un “shock” en indicadores de peso, como el tipo de cambio, las tasas de interés o la inflación en el corto plazo.
¿Y ahora qué sigue?
En vista de que el tribunal constitucional no encontró vicios procedimentales en el proyecto, ahora los diputados tienen tres opciones sobre la mesa para continuar con el trámite de la iniciativa.
Pueden buscar una vía para corregir los señalamientos de fondo realizados por la Sala Constitucional y votarlo nuevamente en primer y segundo debate; pueden votarlo tal como fue devuelto por la Sala Constitucional, a sabiendas de que se podrían impugnar posteriormente los errores encontrados; o pueden rechazarlo de manera definitiva.
El proyecto ya se votó positivamente una vez en primer debate, con el visto bueno de 32 congresistas. No obstante, si se le realizan cambios deberá volver a someterse en esa primera votación, además de la faltante segunda.
Si se determina que el proyecto incide en el funcionamiento del Poder Judicial, como ha ocurrido en todas sus versiones hasta el momento, el texto requeriría el voto favorable de al menos 38 legisladores en segundo debate para convertirse en Ley de la República.
El Gobierno, a través del diputado oficialista, Víctor Morales Mora, ha subrayado en distintas ocasiones considerar que la iniciativa podría conjuntar ese respaldo. Además de los 32 legisladores que dieron su respaldo en primer debate, confía en el apoyo de otra parte de los 10 legisladores que no estuvieron presentes en esa primera votación.
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El proyecto de ley de empleo público propone eliminar el sistema de pluses salariales e implementar una escala salarial única en el sector público, de modo que se elimine el efecto de crecimiento constante en las remuneraciones. Asimismo, incluye una serie de restricciones para evitar costos adicionales en la negociación de convenciones colectivas.
El Ministerio de Planificación estima que, solo durante el primer año de aplicación de esta normativa, el país podría ahorrarse un 0,9% del PIB con este proyecto y otras medidas de restricción de gasto. Un 0,7% del PIB de ese ahorro provendría del Gobierno Central (ministerios, órganos desconcentrados y otros Poderes de la República) y un 0,2% del PIB del resto del sector público (CCSS, universidades públicas, empresas públicas, gobiernos locales y otros).
Tras la publicación del ‘por tanto’ de la sentencia en agosto pasado, el Gobierno indicó que esperaba una “pronta aprobación” del proyecto.
La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, aseguró que el Gobierno valoraría la sentencia completa de la Sala Constitucional, una vez disponible, y luego mantendría una cercana relación con las fracciones legislativas para lograr la aprobación del texto “en el menor plazo posible”.
