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Un proyecto de ley que pretende mandar la colocación de una etiqueta negra y frontal en ciertos productos alimentarios abrió un enfrentamiento entre los empresarios de la industria alimentaria y el Colegio de Nutricionistas.
La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 22.065 y fue presentada por la jefa de fracción y diputada liberacionista María José Corrales, busca que los productos alimenticios con una cantidad excesiva de sodio, azúcares libres, grasas totales, grasas saturadas y trans lleven una advertencia que le informe al consumidor de que esos componentes pueden alterar su salud.
La premisa básica es que el consumo excesivo de esas cinco sustancias se relaciona con la obesidad y las enfermedades crónicas en el país. “Hay que aclarar que ni el sodio ni los azúcares son nutrientes dañinos por sí mismos, sino su exceso en la dieta de las personas”, indicó Norma Meza, presidenta del Colegio de Profesionales en Nutrición.
Por su parte las agrupaciones empresariales argumentan que el proyecto de ley podría reñir con los acuerdos regionales sobre etiquetado de productos. Además están en desacuerdo con el diseño sugerido y los parámetros que definirían cuáles productos cargarían con el distintivo negro.
Los puntos clave
El primer punto de polémica son los acuerdos y normas centroamericanas que rigen actualmente para el etiquetado de este tipo de productos, el cual se regula a través del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA, 67.01.07:10) sobre Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados).
El RTCA determina la obligación de llevar el nombre del alimento, lista de ingredientes, contenido neto y peso escurrido, nombre y dirección, país de origen, fecha de vencimiento y registro sanitario.
Según indican los representantes de la industria alimentaria, agregar requisitos en el etiquetado de productos procesados resulta contrario a este acuerdo que tiene “superioridad jerárquica” sobre las leyes nacionales.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica precisó que ninguna ley podría modificar o establecer disposiciones contrarias a las disposiciones de un RTCA, ya que se produciría un incumplimiento jurídico del derecho comunitario y un retroceso en los esfuerzos de armonización regulatoria en el marco del Sistema de Integración Económica Centroamericana.
Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) expresó que la única forma en que un país puede legislar unilateralmente, es si demuestra científicamente que con esa medida va a resolver la gravedad del problema que tiene.
“Ni Costa Rica, ni el Ministerio de Salud, ni nadie tiene un estudio científico que demuestre que los problemas de malnutrición existentes en el país se pueden resolver poniendo un etiquetado de advertencia en los turrones y en los siropes costarricenses”, dijo Montero.
Sin embargo, la presidenta del Colegio de Profesionales en Nutrición aseguró que sí existe la posibilidad dentro del Reglamento Técnico Centroamericano de hacer cambios a la etiqueta de los alimentos, por materia sanitaria.
Consultada por EF, Corrales indicó que su despacho envió un oficio a la representante para Costa Rica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el pasado 9 de febrero, en el cual hacen la consulta de si es posible para el país legislar en esta materia, a pesar de la existencia de Reglamentos Técnicos Centroamericanos. Sin embargo, no precisó si obtuvo respuesta al respecto.
“Es claro que países como Chile, Argentina y México han logrado legislar sobre esta materia de manera exitosa, y nos interesaba saber con certeza cuál fue el proceso que siguieron para llegar a la aprobación de sus respectivas leyes. Estos y otros temas pueden abordarse de manera amplia en la Comisión, donde sigue su trámite”, agregó la diputada.
El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, la cual aprobó un texto sustitutivo que deberá ser consultado a todos los sectores involucrados y recibir en audiencia a los representantes de dichos sectores.
— María José Corrales, diputada y jefa de fracción del PLN.
Otro aspecto polémico es el diseño gráfico propuesto para el sello o etiqueta que eventualmente llevarían los productos designados. El proyecto de ley recomienda —basado en la OPS y en casos de otros países— el uso de un octágono de advertencia textual de fondo negro y letras blancas, aislado de los otros elementos de la etiqueta frontal por un contorno blanco, a efecto de ofrecer “mejor contraste y así facilitar la lectura”.
El Ministerio de Salud sería el ente encargado de determinar las características de la composición de los sellos, así como la escogencia de alimentos que según unidad de peso, volumen o porción de consumo, deberán llevarlos.
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“Cuando uno va al supermercado tiene micras de segundo para tomar decisiones sobre qué alimentos va a comprar y a consumir, y lo que menos se ve es el etiquetado nutricional del producto. No se está diciendo que estos alimentos no se comercialicen o no se vendan, sino que el consumidor tiene el derecho de tener la información suficiente para tomar decisiones”, afirmó Meza.
Por su parte Montero afirmó que la industria se enfrenta a un modelo de etiquetado que no es informativo, sino que con su forma igual a las señales de Alto, sus colores y leyendas está construido con el objetivo de “crear temor y miedo en el consumidor final”.
El proyecto también tiene como finalidad limitar la comercialización, promoción y publicidad de los productos altos en calorías, grasas, azúcares, sodio, y expresa que no se podrán comercializar, promocionar ni publicitar dentro de establecimientos de educación preescolar, primaria y secundaria.
Asimismo, se prohíbe su ofrecimiento a menores de edad, así como la publicidad dirigida a esta población. Por ejemplo, cuando utilizan personajes animados o dibujos de animales para promoción.
Con respecto a esto, el vicepresidente ejecutivo de Cacia, dijo que dado a los parámetros técnicos que incorpora el proyecto de ley, la gran mayoría de los productos contienen azúcares, grasas y sodio, ya sea porque son nutrientes de manera natural en el producto o porque son agregados en los procesos de manufactura.
“La obesidad y el sobrepeso son fenómenos multifactoriales, que están alrededor de los hábitos de vida de las personas. Cuando la persona decide incurrir en excesos, es su dieta personal e individual”, dijo el vocero de Cacia, haciendo alusión de que no se puede culpar a los productos, por el cómo las personas deciden consumirlos.
Casos de otros países
Según explica el expediente 22.065, en Latinoamérica varios países ya han sancionado la normativa de etiquetado frontal de carácter obligatorio, y la región se caracteriza por ser la “más avanzada del mundo” en materia regulatoria de etiquetado frontal.
Por ejemplo: México (guías diarias de alimentación, 2015); Ecuador (semáforo, 2014); Chile (advertencia, 2016); Bolivia (semáforo, 2016); Perú (advertencia, 2018); y Uruguay (advertencia; 2018).
Chile, con su ley 20.606, es uno de los más reconocidos, ya que utiliza el etiquetado como un complemento de otras acciones individuales, como las guías alimentarias poblacionales y actividades educativas para promover alimentación saludable.
El proyecto costarricense también propone este recurso, y le encarga al Ministerio de Educación Pública (MEP) el promover en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria actividades que contribuyan a desarrollar hábitos para una alimentación saludable y que adviertan sobre los efectos nocivos para la salud humana de una dieta excesiva en calorías, grasas saturadas, azúcares, sodio y otros nutrientes.
“En Chile ya tienen cinco años y ya han hecho evaluaciones del impacto que ha tenido la ley de etiquetado frontal de advertencia sobre el impacto en el consumo de productos, y ha existido un aumento de consumo de alimentos saludables y las mismas empresas han hecho innovación de tecnología y línea de productos, para generar alimentos más saludables y que no tengan los sellos”, agregó la presidenta del Colegio de Profesionales en Nutrición.
