EscucharCosta Rica vive el año más violento de su historia. A falta de tres meses para finalizar el 2023, ya se puede asegurar que el país cerrará los 12 meses con más homicidios que nunca. Las organizaciones delictivas mantienen disputas abiertas por todo el territorio costarricense y la magnitud de los decomisos de cocaína ha caído considerablemente.
La crisis es notoria y, según las autoridades, las explicaciones son múltiples. También los son los datos, denuncias y reproches de todos los días.
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¿Qué sabemos y qué desconocemos de esta crisis de inseguridad que vive Costa Rica?, ¿cuánto influye el narcotráfico en ella?, ¿qué denuncias se han hecho al respecto? y ¿qué soluciones se plantean en el debate público? EF hizo un análisis y estas son las principales claves comprobadas (y las principales las dudas que persisten) al respecto.
Violencia récord
Para empezar, se debe reconocer una realidad: Costa Rica vive una de sus peores crisis de inseguridad en la historia.
El país —que siempre fue reconocido como una excepción en la región por tener las menores tasas de criminalidad del Istmo— superó su récord histórico de homicidios a falta de tres meses para terminar el año. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) proyecta que el país cerrará con 931 registros de este delito: un crecimiento del 42% en la comparación interanual.
El país alcanzó la suma de 600 muertes por este tipo de delitos en los primeros ocho meses del año: un dato que por entonces representaba una frecuencia de un homicidio por cada 10 horas. Algo inédito.
A eso se suma la violencia de los crímenes. En las crónicas de sucesos de los diarios se leen desde personas asesinadas a quemarropa hasta las que son mutiladas o incineradas.
El Gobierno de la República ha atribuido reiteradamente este aumento a la violencia entre estructuras locales de crimen organizado, principalmente las relacionadas con el tráfico de drogas.
En abril pasado, el presidente Rodrigo Chaves argumentaba que la situación de homicidios en el país no era nueva y que algunos medios de comunicación la magnificaban. Sin embargo, cinco meses después (el 6 de septiembre) atribuyó la situación a la violencia entre bandas criminales y dijo que era algo inevitable.
“Va a haber violencia, necesariamente, porque al igual que en la política, el mundo del crimen organizado internacional no acepta vacíos, ni se ven sillas vacías”, afirmó.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, también se refirió en términos similares a la situación. La llamó una “lucha fratricida entre las bandas criminales, que todo Costa Rica observa”.
¿Qué dice la policía judicial?
El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó recientemente que el aumento en la cantidad de asesinatos sí parece estar directamente relacionado con rencillas entre bandas criminales, las cuales se han exacerbado este año. Así lo dijo en una entrevista con el programa Interferencia, de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica (UCR), el 7 de septiembre pasado.
Según Zúñiga, actualmente se desarrollan varios procesos de inestabilidad entre bandas criminales. La captura o muerte de algunos cabecillas de grupos que lideraban territorios estratégicos dejaron puestos de dominio vacantes o en disputa.
Específicamente, habló de tensiones en Limón y en el Sur de la capital, como algunos de los principales disparadores.
“Hay un evento en el cual mueren ocho personas en Limón en un día en particular y, a partir de ese momento, es que se da el aumento de la violencia entre los grupos criminales de Limón y que se ha exportado al resto del país”, aseguró.
Zúñiga añadió que se trata de siete grupos criminales “grandes y fuertes” del cantón central de Limón, los cuales ahora mismo se disputan “el dominio de la exportación de la droga” hacia Europa y Norteamérica.
En cuanto a la región central del país, el jefe de la policía judicial explicó que un factor decisivo fue la captura de “uno de los grupos más fuertes asociados al narco en el sur de San José”.
“Hay otro evento a finales de noviembre en el que matan a un sobrino, a un familiar directo, de uno de los cabecillas. Esto ha generado a nivel de San José un aumento en la cantidad de homicidios. Solo ese evento nos ha generado más de 30 homicidios, porque esto es como una vorágine”, explicó.
El funcionario detalló que estas rencillas han generado cada vez más “muertes colaterales”: el término que se usa para aquellas que surgen por errores de puntería, confusiones de los homicidas o causas similares. Por ejemplo, el recordado caso de Samuel Arroyo, el niño de ocho años, hijo de un policía, que murió la madrugada del 27 de febrero pasado en Zapote, tras recibir el impacto de una bala perdida de AK-47 que habría sido disparada por un adolescente de 15 años a un kilómetro de distancia.
Zúñiga además explicó que el OIJ tiene conocimiento de grupos del Caribe que han “exportado” criminalidad a otras regiones del país, incluidas las demás costas y los límites de la Gran Área Metropolitana (GAM), como San Ramón y Turrialba.
En declaraciones a La Nación, el director del OIJ también mencionó otro tipo de organizaciones criminales. Por ejemplo, las que buscan ajustes de cuentas por créditos gota a gota. Hasta julio pasado, dijo, se recibía una denuncia cada 13 horas por este tipo de amenazas. El ministro Zamora ha dicho que se ha detectado, además, una profesionalización del sicariato. Al respecto, afirmó que se trata de una muestra más del avance organizativo de las estructuras criminales, que antes eran más artesanales.
Sobre este tema, la profesionalización del sicariato y la multiplicación de balaceras de grupos criminales, Evan Ellis, profesor norteamericano de investigación en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos (EE. UU.), explicó que el fenómeno suele atribuirse a dos factores: posibles entradas de nuevos grupos narcotraficantes que no temen a las autoridades o un repentino uso de la violencia como instrumento de terror.
“Eso es lo que hemos visto también en Ecuador, con grupos como los Choneros y los Lobos, por ejemplo. (...) En un país que antes era relativamente pacífico, ellos querían intimidar a las fuerzas de orden con una escala de violencia, de ataques contra cosas públicas, para intimidar a la población, a las autoridades; especialmente a las locales. Es muy posible que (el aumento de violencia en Costa Rica sea) por la entrada de grupos nuevos cuyo estilo es más el uso de este tipo de intimidación, o bien puede ser un cambio de tácticas con sus recursos. Un deseo de responder al gobierno; de decir: ‘Ojo, ya no se meta en esto’”, dijo Ellis.
El contexto internacional
La situación del país se inserta en un contexto internacional que tampoco es halagüeño.
Informes especializados de entidades como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) o la organización no gubernamental International Crisis Group (ICG) coinciden en que el crimen organizado se está desplazando hacia países que antes recibían una influencia menos notoria de ellos.
Existen diferentes factores que explican esa situación: la mayor producción de drogas crea la necesidad de abrir nuevas rutas y posibilita cubrir nuevos mercados a costos menores. Además, está la aplicación de mayores controles en algunas naciones más “tradicionales”.
“Aunque Centroamérica, Colombia y México han estado plagados de violencia durante mucho tiempo, los cambios en las rutas y redes que sustentan el narcotráfico han provocado brotes de violencia en países como Ecuador y Costa Rica, que tradicionalmente se consideraban seguros y pacíficos en comparación con algunos de sus vecinos”, se lee en el informe Watch List 2023 del Crisis Group.
La publicación señala que en diversos puntos de América Latina han surgido “nuevos centros criminales en áreas que ofrecen ventajas estratégicas a los narcotraficantes y permiten forjar nuevas conexiones entre grupos transnacionales, bandas locales y funcionarios corruptos en tribunales, prisiones y fuerzas policiales”.
Entre ellos, destacó textualmente a ciudades portuarias como Guayaquil y Rosario, en Ecuador y Argentina; así como a Costa Rica, Panamá y Paraguay.
En cuanto al precio de la droga, el director del OIJ, Randall Zúñiga, ha explicado que la mayor producción mundial se ha traducido en un menor costo para los traficantes. Mientras un kilogramo de cocaína antes costaba $7.000 ahora se puede obtener por unos $3.300, explicó.
A todo ello se suman debilidades estructurales de Costa Rica que convierten al país en un paraíso para muchas organizaciones delictivas, no solo de narcotráfico.
El Reporte Estratégico de Control Internacional de Narcóticos (que emite el gobierno de Estados Unidos cada año) señaló al país como “el principal punto de transbordo de cocaína en ruta a Estados Unidos desde América del Sur”, y “un punto de tránsito clave en el tráfico internacional de narcóticos”.
“La ubicación geográfica de Costa Rica, el vasto territorio marítimo y el sector de seguridad históricamente pequeño y con fondos insuficientes, se combinan para convertirlo en un atractivo centro de tránsito y almacenamiento para el tráfico ilícito de drogas”, decía el informe, según una nota publicada por el periódico La Nación sobre la última versión, publicada a inicios de año.
En ella, el país se colocó nuevamente como uno de los 22 países con más alto tráfico o producción de droga, según el seguimiento de las autoridades norteamericanas.
Para Evan Ellis, experto en estudios latinoamericanos del Colegio de Guerra del Ejército de EE. UU., lo que ocurre en Costa Rica es “consistente con lo que vive casi toda la región latinoamericana”.
“El deterioro a veces toma tiempo, pero una vez que es evidente, el problema es grave. ¿Qué es lo que pasa en mi opinión? Bueno, es como en casa; bonita pero atacada por termitas. (...) Muchas presiones sociales funcionan como las termitas socavando la fortaleza de lo que era una edificación bastante fuerte. Veo presión fiscal, presión económica, personas en desesperación; poco a poco veo un crecimiento de las pandillas, aunque todavía mucho más pequeño que, por ejemplo, en El Salvador”, describió el académico estadounidense.
Los decomisos
A pesar de estas condiciones, el país ha visto cómo se reduce la magnitud de sus incautaciones de droga.
Mientras que las autoridades costarricenses alcanzaron un récord de decomisos de cocaína de 47 toneladas en 2020, el país cerró 2022 con solo 24,7 toneladas incautadas (casi la mitad) y apenas lleva unas 12,4 hasta agosto de este 2023, para poner un ejemplo.
Esos resultados podrían deberse a una mejor o peor gestión policial, pero es difícil de comprobar cualquiera de las versiones de primera entrada.
Consultado por estos resultados, el director de la PCD, Stephen Madden, atribuyó los datos a un mayor control policial en los puertos del país. “Podemos deducir que esto obedece, primero, a que en los puertos ubicados en Limón se ha hecho un trabajo muy importante y en los últimos cuatro meses (del año 2022) ha disminuido la cantidad de droga que se decomisaba con respecto a años anteriores”, dijo a CRHoy.com a inicios de año.
Madden también aseguró que se han hecho menos intercepciones marítimas por parte del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) porque, se supone, han crecido las operaciones de ese tipo por parte de las autoridades sudamericanas y se podrían haber dado cambios en la rutas de tráfico a Norteamérica.
Sin embargo, el director del OIJ también ha dicho que el país ha dejado de invertir en seguridad y que eso claramente repercute en su capacidad de controlar la actividad criminal.
“Cuando nosotros tuvimos una ola similar de violencia, que fue bastante importante, hace unos 10 o 13 años, se dio la particularidad de que el OIJ fue reforzado con unas 200 plazas. En ese mismo período, dos o tres años después, se generó el impuesto a las personas jurídicas para beneficiar a los cuerpos policiales”, anotó. “De un tiempo para acá, hemos visto que ante la grave crisis fiscal que hemos estado sufriendo todos los costarricenses y que de algún modo ya estamos saliendo, se recortaron muchas de las capacidades que tenía la policía”, subrayó; aunque sin hacer alusión directa a la incautación de narcóticos.
La denuncia de ‘El Universal’
En medio de todo este contexto, el periódico mexicano El Universal realizó este 27 de septiembre una publicación en la que informó sobre “la eventualidad de que el gobierno del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habría decidido abrir negociaciones con redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”.
No obstante, la publicación fue escueta, se basó exclusivamente en “fuentes confidenciales” y redactó todas sus acusaciones en condicional. Tampoco agregó mayores detalles sobre las supuestas reuniones ni aportó documentación complementaria que respaldara sus afirmaciones.
Casa Presidencial respondió con total rechazo y el presidente Rodrigo Chaves calificó la publicación como una “patraña absurda”.
Por otra parte, las autoridades del Ministerio Público confirmaron que se abrió una causa penal contra “desconocido” para investigar la situación, la cual se tramitará bajo el expediente 23-000069-0033-PE.
Según informó la entidad a la prensa, se persigue “el presunto delito de incumplimiento de deberes, sin perjuicio de que, conforme avance el proceso penal, se pueda establecer alguna otra presunta calificación legal”.
Las pesquisas, por la gravedad de las acusaciones, tenían que llegar.
En un descargo que publicó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, el jerarca aseguró que el gobierno ha asestado “una pérdida irreparable a las mafias colombianas y los carteles mexicanos”, a través del fortalecimiento de las operaciones policiales en los puertos del Caribe costarricense, usados para el envío de cocaína a Europa.
Desde su punto de vista, se “pretende debilitar la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, sembrando dudas en la legitimidad de quienes la dirigen”. Asimismo, atribuyó los supuestos ataques al gobierno a una campaña de desprestigio, como consecuencia de “haberle cerrado las puertas al narcotráfico mediante la instalación de escanners (sic)”.
El gobierno anunció en julio pasado la instalación de dos escáneres para la detección de drogas en el puerto de APM Terminals, y prometió la puesta en marcha de otros cinco en los demás muelles y fronteras terrestres del país a más tardar en 2024.
Hasta agosto de este año, según las cifras del Instituto Costarricense de Drogas (ICD), apenas se han decomisado 493 kilogramos de cocaína en la costa atlántica y 0,28 kilogramos en toda la provincia de Limón. Para las autoridades, esto se debe al trabajo que se ha hecho en esa zona para frenar el tránsito.
Zamora llegó al Ministerio de Seguridad en mayo de este año, en sustitución del exjerarca Jorge Torres. Él abandonó la cartera después de múltiples protestas policiales por el impulso de un plan para reducir la criminalidad que, entre otras cuestiones, proponía dejar a los policías sin una proporción de sus días libres y sin compensación económica.
Esta no es la primera vez que se ponen sobre la mesa presuntos vínculos de personajes políticos con personas relacionadas con actividades de narcotráfico. Por ejemplo, hay investigaciones en curso por la presunta relación de jerarcas municipales de la Zona Sur con personas cuestionadas por estos delitos, así como por encuentros de estas personas con algunos exdiputados. Hasta ahora, sin embargo, todos niegan haber realizado favorecimientos o sostenido relaciones para sacar algún provecho.
Reclamos de la PCD
La nota publicada por el diario mexicano generó revuelo y, más aún, porque se suma a otra denuncia que realizaron algunos integrantes de la PCD a mediados de septiembre pasado.
En una conferencia de prensa atípica por sus características, el día 14 de ese mes, tres oficiales encapuchados aseguraron considerar que el Ministerio de Seguridad Pública debilitó los controles en los puntos de ingreso y salida del país (muelles, fronteras terrestres y aeropuertos), al impulsar un desplazamiento de las autoridades de la Policía de Drogas fuera de esos lugares.
Según dijeron, el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller, encargó las actividades de control, decomiso y detenciones por tráfico de drogas en esos puntos estratégicos a la Policía de Fronteras y la Sección de Vigilancia Aérea; a pesar de que la PCD es la entidad especializada en esas tareas, y de que el reglamento de Organización del Ministerio de Seguridad (36366-SP) le encomienda directamente esas funciones en el segundo inciso de su artículo 202.
Los oficiales también denunciaron supuestos contratiempos en la contratación de nuevos profesionales para la unidad policial y en la sustitución de plazas vacantes.
La denuncia capturó la atención de políticos de oposición y personajes como la expresidenta y exministra de Seguridad, Laura Chinchilla; quien catalogó la situación como un gesto “alarmante” y llamó a fiscalizar la decisión para evitar que el país “descienda a las profundidades de México, Colombia o Ecuador”.
Sin embargo, esas acusaciones de los oficiales también fueron rechazadas por el Ministerio de Seguridad Pública, que defendió sus actuaciones.
El ministro Zamora —que también fue jerarca de Seguridad en el gobierno de Chinchilla (2011 - 2014)— aseguró que el cambio busca mejorar la estrategia policial y hacer frente al aumento en la incidencia de homicidios.
Según el jerarca, las denuncias del supuesto debilitamiento las realiza “un pequeño grupo” de los cuerpos policiales, y la verdadera razón del cambio responde a la necesidad de que los oficiales de la PCD aporten su fuerza de trabajo para la desarticulación de bandas criminales y no solo en labores preventivas.
Financiamiento
Según el director del OIJ, la policía judicial hace lo posible para atender esta ola criminal, pero es claro que hacen falta recursos en el Poder Judicial y en el Ministerio de Seguridad.
Zúñiga explicó que la aplicación de reformas de pensiones en el Poder Judicial y de restricciones de aumentos salariales, por poner solo algunos ejemplos, han impulsado un aumento en las renuncias de personal especializado. Según comentó, entre 2011 y 2017 el OIJ contabilizó siete renuncias entre su personal de investigación; pero a partir de 2018 se contabilizan más de 300 salidas.
Para Zúñiga, conviene replantearse la restricción fiscal si se quiere contener la “hemorragia” y señaló que el país actualmente ni siquiera dispone de herramientas para “abrir” teléfonos celulares de alta gama, lo cual se podría pagar con una inversión de ¢200 millones.
El proyecto de Presupuesto Nacional propone mantener en 2024 los mismos fondos reservados este año para el Poder Judicial; es decir, una disminución al tomar en cuenta la inflación. En cuanto al Ministerio de Seguridad, se propone un aumento del 7,8%; en donde se dice que se necesitan al menos 2.000 plazas nuevas de policías.
Entre tanto, la sensación de inseguridad se acrecienta en la población. Un 27,8% de la población dice que es el principal problema del país, según la más reciente encuesta de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). En la misma encuesta, casi un 70% de la población consideró que la seguridad pública ha empeorado en el último año.
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Para esta publicación colaboró el periodista Fabrice Le Lous.
