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Para la mañana del domingo 22 de marzo, Costa Rica reporta 117 casos confirmados de COVID-19, Honduras 24 casos, Guatemala 17, El Salvador 3 y Nicaragua 1.
Mientras que Panamá los supera a todos, el país que hace aproximadamente una semana solo contaba con un caso, actualmente reporta 245 personas contagiadas de este virus.
El COVID-19 puso pone a prueba al mundo, existen países que ven de cerca una recesión económica a raíz de esta pandemia y la paralización que ha causado.
En Centroamérica, las autoridades gubernamentales han tenido que optar por cerrar temporalmente sus fronteras para el tránsito de personas, solicitar a su ciudadanos que se queden en casa y disminuir en la medida de lo posible el contacto humano.
Estas medidas tienen importantes implicaciones económicas, por ejemplo, en Costa Rica de acuerdo a una información publicada en La Nación para el jueves 19 de marzo , 117 empresas presentaron solicitudes de suspensiones de contratos que afectarán a 5.105 trabajadores, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Por esta razón, algunos países centroamericanos han ido elaborando planes de contingencia para disminuir el impacto económico y fiscal de la pandemia del coronavirus.
Costa Rica
El sábado 21 de marzo, la Asamblea Legislativa sesionó de manera extraordinaria y aprobaron en segundo debate la Ley de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional. Esta norma permitirá al patrono modificar los contratos de trabajo para reducir hasta en un 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes, siempre y cuando el patrono haya visto una disminución de al menos un 20% en sus ingresos brutos.
Anteriormente, el 19 de marzo quedó aprobado en segundo debate el Proyecto de Ley de alivio fiscal ante el COVID-19. Esta inciativa tiene medidas como la moratoria en el pago de adelantos parciales del Impuesto sobre la Renta, Impuesto Selectivo de Consumo, Impuesto sobre el Valor Agregado y aranceles por nacionalización, durante los meses de abril, mayo y junio. Adicionalmente, incluye una exoneración del Impuesto sobre el Valor Agregado en arrendamientos comerciales para los meses de abril, mayo y junio.
Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó adaptar cargas sociales a salarios reducidos por emergencia de COVID-19, las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus podrán pagar las cargas sociales de sus trabajadores sobre sueldos reducidos en el caso de que opten por disminuir las jornadas laborales.
Estas medidas tienen el fin de contener la morosidad por cuotas de patronos y trabajadores independientes, así como de incentivar la continuidad del empleo ante la emergencia nacional.
El Salvador
Este país anunció sus primeros tres casos confirmados durante la semana del 16 de marzo. Como medidas preventivas el presidente, Nayib Bukele, anunció que durante los próximos tres meses se suspenderá la mensualidad de los servicios de agua, electricidad, teléfono, cable e internet. El no pago de estos servicios no generará intereses ni afectará el récord crediticio.
Se congelaron los cobros de los créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y emprendimientos durante tres meses.
Además, Bukele anunció los siguientes proyectos de ley:
- Proyecto de suspensión de la ley de Responsabilidad fiscal por la emergencia. Busca suspender temporalmente, mientras dura el efecto de la emergencia, la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social, y en consecuencia, la aplicación de los parámetros y metas fiscales requeridas en dicha Ley.
- Proyecto de decreto legislativo para autorizar al ministro de Hacienda para contraer una deuda de $2,000 millones por emergencia del COVID-19 con el Fondo Monetario Internacional.
- Proyecto de suspensión de derechos de pagos de contribuciones, de promoción de turismo y suspensión del pago del impuesto sobre la renta por contribución.
- Proyecto de reducción de aranceles por emergencia COVID-19. Disminuir los aranceles que gravan la importación de mercancías e insumos necesarios para la atención de la pandemia.
El mandatario también decretó cuarentena domiciliar obligatoria por los próximos 30 días.
Panamá
En Panamá el crecimiento exponencial de la cantidad de casos confirmados hizo que el país decreatara el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de personas.
Sin embargo, para evitar la desaceleración económica y como medida preventiva, se mantienen las operaciones de las cadenas de distribución, comercialización y venta de alimentos, medicamentos, equipos de seguridad, insumos veterinarios y agrícolas, materiales de construcción, imprentas, lavanderías, fabricantes de empaques, empresas de mantenimiento, operación y distribución de equipos médicos.
Además, todo lo relacionado con transporte marítimo, terrestre, aéreo, el Canal de Panamá y aeropuertos mantendrán su funcionamiento regular.
Por otra parte la Caja de Seguro Social suspendió los plazos de los procesos judiciales y los procesos administrativos que sucedan ante la emergencia nacional del COVID-19.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia suspende plazos de procedimientos administrativos y judiciales. Asímismo la autoridad Nacional de Aduanas habilitó los medios electrónicos para presentación de solicitudes y atención de gestiones.
