EscucharSin importar el indicador, el Poder Judicial destaca como una de las instituciones públicas con una distribución más inequitativa de sus salarios.
Esa entidad supera en desigualdad salarial, medida bajo el coeficiente de Gini, a 18 organizaciones públicas cuyos salarios brutos mensuales del 2014 fueron analizados por EF.
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Consejo Nacional de la Producción (CNP) le siguen en el escalafón de distribución más desigual de sus salarios.
El coeficiente de desigualdad más bajo de la muestra lo registra el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Eso quiere decir que, de la selección de instituciones utilizada por EF, el INA distribuye los salarios de forma más equitativa entre sus trabajadores.
La alta inequidad es explicada por las propias instituciones como una consecuencia de sus pluses salariales, entre ellas anualidades y dedicación exclusiva. Al mismo tiempo, por una heterogeneidad en sus puestos de trabajo.
Más allá de la justificación, el Gobierno y los diputados insisten en la necesidad de atacar dichas brechas salariales, pero sus propuestas carecen de consenso y parecen quedar en el limbo.
Existen varios proyectos de ley sobre el mismo tema pero con diferencias ideológicas notorias.
Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, plantea una reforma del empleo público bajo el establecimiento de un esquema de salario único. La legisladora Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN), busca unificar criterios para ordenar los pluses salariales en el sector público.
Ninguno de los proyectos ha sobrepasado la discusión en las comisiones legislativas.
Mientras tanto, especialistas señalan que grandes disparidades económicas en una organización repercuten negativamente en el rendimiento de sus colaboradores.
De esta forma, incentivos más allá de la remuneración se vuelven cada vez más una tendencia para los empleadores. Teletrabajo, servicios de transporte y hasta centros de cuido infantil son algunos de ellos.
“Un trabajador motivado se vuelve un socio estratégico de una compañía, entiende el negocio y se compromete. No tener pluses económicos ni emocionales hacen que el colaborador pierda el interés”, manifestó Viria Araya, coordinadora del modelo de empresas familiarmente responsables de la fundación Dehvi.
El rey de la inequidad
El Gini del Poder Judicial es de 0,38, donde 0 implica una igualdad perfecta y 1 una desigualdad perfecta.
El promedio de la muestra de EF es 0,31.
Si el Poder Judicial fuera un país, naciones como Bhután, Grecia, Tailandia y Vietnam estarían en su nivel de desigualdad en la distribución de ingresos según datos del Banco Mundial.
Al buscar referencias, considere que Costa Rica maneja un coeficiente de Gini considerablemente más alto que el de la muestra: la distribución de ingreso corriente bruto por familia fue de 0,5 en el 2013.
Comparado con el Legislativo y el Ejecutivo, el Judicial es, por mucho, el Poder de la República con mayor concentración de dinero salarial en pocas manos.
Las causas de la fuerte inequidad salarial en el Poder Judicial transitan por el hecho de que en el 2008, los magistrados acordaron subir su ingreso en un 68%, junto al de otros funcionarios de “alta gerencia”.
Esto generó un fuerte impacto en el presupuesto del Poder Judicial y en su sistema de pensiones, el cual vive una crisis.
En la acera de enfrente, el coeficiente del INA es de 0,22, lo cual lo ubica al nivel de naciones como Noruega, Finlandia o Dinamarca, unas de las más igualitarias del mundo.
Cerca de ese nivel de equidad también se ubican el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco Popular.
El contraste entre el Poder Judicial y el INA es dramático al comparar los salarios medianos de la décima parte de sus empleados mejor pagados con la de la misma porción peor pagada.
El Poder Judicial muestra que el 10% de sus trabajadores mejor pagados gana 9,7 veces más que lo remunerado al 10% peor pagado. Ese indicador cae a 4,7 veces en el caso del INA.
Cabe advertir que una alta desigualdad en la distribución de ingresos salariales de las entidades no implica que en esa institución se paguen salarios relativamente altos.
La desigualdad implica que una porción alta de los salarios se concentra en pocas manos.
Así, pese a que el Poder Judicial es una institución con una alta inequidad en la distribución del dinero de remuneraciones, no se encuentra entre las que pagan un salario mediano más alto.
Según el análisis de EF, la mediana salarial del Poder Judicial en el 2014 era de ¢951.000, una cifra altamente superada por la mediana salarial de una institución mucho más equitativa en la distribución de salarios: el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que registra salarios medianos de ¢1,7 millones.
EF solicitó al Banco de Costa Rica (BCR) la información para realizar este tipo de estudio sobre su planilla. La institución hizo entrega de un documento digital con los datos, pero estos solamente podían procesarse y editarse por una computadora si se introducía una contraseña. Pese a la insistencia de EF para que el BCR entregara tal contraseña y así poder tener acceso real a los datos, el Banco se negó a brindarla.
A raíz de eso EF no pudo ofrecer a sus lectores los principales indicadores de desigualdad salarial del BCR.
Mayor ventaja, y por mucho
Más allá del Gini, una medida de desigualdad relevante es cuánta porción de dinero que se gasta en salarios llega a manos del 20% mejor pagado y cuánto al 20% peor pagado de cada institución.
Bajo la concentración de dinero entre los más ricos, persiste la presencia del Poder Judicial entre los más desiguales, pero en segundo lugar, pues el primer lugar se lo lleva el AyA.
En el AyA el 20% mejor pagado acapara casi la mitad de todo el dinero pagado en salarios, un 48%; mientras que la quinta parte peor pagada recibe el 7% del dinero.
William Agüero, director de capital humano AyA, aseguró que esas diferencias se explican, en primer lugar, porque la mayor parte de los profesionales de alto nivel que entran en el grupo superior tienen muchos años de antigüedad, “lo que sube sustancialmente su salario, especialmente los de Ciencias Médicas, cuya anualidad es de un 5,5 % del salario base”.
Al mismo tiempo, los funcionarios en el grupo de los mejor pagados cuentan con el 55% de dedicación exclusiva, gran cantidad de puntos por carrera profesional y algunos de ellos devengan disponibilidad.
“Es importante aclarar que el AyA no puede generar una política salarial propia para reducir la brecha que se presenta entre los salarios ubicados en los deciles superior e inferior; ya que estamos homologados al Servicio Civil. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a las valoraciones de los puestos que maneja dicha institución”, manifestó Agüero.
El promedio de concentración de toda la muestra estudiada por EF entre quienes reciben salarios altos es de 40%; y entre los peor pagados es de 8%.
En el Poder Judicial la quinta parte de los empleados con más ingresos se lleva el 45% de los recursos consumidos en remuneraciones. El 20% con los salarios más bajos consume el 7%.
Al utilizar esta medición aparece en tercer lugar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con 44% consumido por los empleados mejor pagados y 8% entre de los menores ingresos laborales.
Como contraste, en el INA la concentración es mucho menor: 31% va a los mejor pagados y un 9% a los que tienen menores remuneraciones.
A las declaraciones del AyA se le suma la posición del propio Consejo Nacional de Producción (CNP), quienes al margen de no contar con una sola categoría de funcionarios se adicionan los pluses salariales, que son diferentes para cada puesto.
“Para identificar las personas que ganan más que otros (ricos o pobres) es imprescindible separar las clases ocupacionales. El estudio realizado por EF no es aplicado por franja ocupacional, no están en igualdad de condiciones”, alegó Edgar Isaac Vargas González, gerente general del CNP
Datos de la institución aseguran que del total de la planilla del Consejo, el 47% de los funcionarios son profesionales y el 52% no lo son.
Soluciones sin norte claro
A la fecha, un total de siete instituciones a nivel nacional han implementado el esquema de salario único para ponerle un freno al gasto y acercar los incentivos a la eficiencia.
Se trata del Banco Central (BCCR), la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), el Banco de Costa Rica (BCR), Radiográfica Costarricense (Racsa), el Banco Nacional (BN), el Banco Popular (BP) y la Contraloría General de la República (CGR).
Un análisis realizado por EF en octubre del 2015, reveló que en el caso de la Aresep, y desde la implementación del salario global en el 2008, el peso de sus incentivos por antigüedad y prohibición cayeron en un 60%.
Esto coincide, además, con que el Banco Central y el Banco Popular están entre las instituciones estudiadas con menor desigualdad en sus salarios, con un coeficiente de Gini de 0,26 y 0,27, respectivamente.
Justamente, el diputado libertario Otto Guevara quiere hacer que las iniciativas de estas instituciones dejen de ser excepción y se conviertan en la regla. Esto a través del proyecto de ley 19.431 (Ley de Empleo Público).
Según su criterio, el que exista un sistema de remuneración de pago único en todo el sector público evitaría que, a partir de un salario base, se agreguen remuneraciones adicionales sin el control de las autoridades hacendarias. “Se busca, por lo menos, evitar variaciones entre puestos iguales. Pero imagínese que el proyecto no está ni convocado a las actuales sesiones extraordinarias, lo que evidencia la falta de interés del Ejecutivo por reformar los regímenes de empleo”, dijo Guevara.
Otro de los proyectos que busca un ordenamiento de pluses salariales, y por ende una mayor equidad dentro de las insituciones es el de la diputada liberacionista Sandra Piszk.
El proyecto de ley de reordenamiento de las retribuciones adicionales al salario plantea reorganizar todo aquel sobrepago salarial vigente en el sector público, pero sin tocar salarios.
“Estamos ante una reforma que no solo es necesaria, sino urgente, y tiene la virtud que no es solo algo antojadizo. Buscamos que se premie el buen trabajo, la eficiencia del trabajador”, comentó Piszk.
El proyecto se estudia en la Comisión de Asuntos Sociales y registra el mayor grado de avance dentro del trámite legislativo desde su presentación en marzo del 2015.
Sin embargo, desligar a instituciones en condiciones de competencia, como el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad del plan, ya genera roncha entre las bancadas legislativas.
Como es usual, todo queda en manos de los diputados.
Colaboraron con esta investigación: María Fernanda Cisneros, Jessica Soto, María Fernanda Cruz, Eugenia Soto y Cristina Fallas.
