EscucharLa Sala Constitucional aceptó estudiar una acción de inconstitucionalidad contra el transitorio XI de la Ley Marco de Empleo Público (10.159); relacionado con el traslado paulatino de los funcionarios públicos al nuevo esquema de salario global. Se trata de un reclamo de grupos sindicales, los cuales estiman que este mecanismo generó desigualdades salariales sin fundamento entre personas que realizan el mismo trabajo.
La Ley de Empleo Público señaló que los funcionarios contratados con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma seguirían recibiendo salarios compuestos (con incentivos como anualidades y similares), hasta alcanzar los nuevos sueldos globales.
En el caso de aquellos que devengaban un monto menor, tendrían que seguir recibiendo sus aumentos regulares y sus incentivos hasta alcanzar el monto de su nuevo salario global y trasladarse a ese esquema; mientras que, en el caso de aquellos que devengaban un monto mayor, mantendrían sus sueldos congelados hasta llegar a ese mismo punto.
La acción de inconstitucionalidad la presentó el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), luego de la entrada en vigor de la ley y su reglamento.
Este es un tema que ya generó una fuerte discusión en 2020, durante el debate de la reforma legal en la Asamblea Legislativa. Incluso hubo cambio en la redacción del proyecto sobre este tema. En aquel momento, entidades como la Contraloría General de la República (CGR) y hasta la propia Sala Constitucional ya se refirieron sobre el asunto, pero, ahora, la polémica se reactiva.
¿Qué alega la acción de inconstitucionalidad?
La redacción de la acción de constitucionalidad alega que el transitorio XI generó disparidades salariales injustificadas, entre trabajadores que realizan el mismo tipo de trabajo y con la misma carga.
Su planteamiento es que, como existe un grupo de trabajadores cuyo salario es menor al nuevo salario global, entonces las personas con un salario menor sufren un perjuicio sin que tenga algún fundamento.
Por otra parte, en cuento al congelamiento de los salarios de los trabajadores que ganaban montos superiores al nuevo salario global, consideran que ello también afecta su bienestar y su estabilidad económica.
El traslado paulatino —aunado al hecho de que los salarios del sector público se han mantenido congelados en los últimos tres años por el nivel de endeudamiento del país— ha generado fricciones en los últimos años.
En instituciones como el Ministerio Público argumentan que estas condiciones han provocado una fuga de personal altamente calificado; mientras que en el sector médico, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contabiliza que más de una centena de especialistas han renunciado en los últimos meses, lo cual obligó a la institución a decretar un estado de emergencia institucional desde diciembre del 2024.
¿Por qué no se aplicó el traslado automático entonces?
El transitorio XI de la Ley de Empleo Público fue uno de los principales puntos de discusión en 2020, durante la confección de la reforma legal en la Asamblea Legislativa.
En aquel momento también hubo posiciones dividas; sin embargo, finalmente se impuso el criterio de que el traslado paulatino era necesario, para mejorar los salarios base de los nuevos funcionarios sin que ello implicara un aumento automático para miles de funcionarios que fuera imposible de absorber para las arcas públicas.
En ese sentido, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló que, si se trasladase a todos los funcionarios públicos al nuevo esquema de salario global de forma inmediata, el costo para el Estado sería de unos ¢300.000 millones.
También dijo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó, en junio de 2023, que eran unos 112.409 los funcionarios cuyo sueldo se encontraban por debajo del nuevo esquema de salario global para sus puestos.
Estas declaraciones en octubre de 2024, después de que los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron positivamente un proyecto —que aún sigue en corriente legislativa— para que los empleados públicos con salario compuesto pudieran trasladarse a la nueva modalidad.
Ya desde el año 2020 la Contraloría General de la República (CGR) había advertido de que permitir el traslado inmediato de los funcionarios públicos más antiguos al nuevo esquema de salario global implicaría un golpe significativo para las finanzas públicas.
Puntualmente, dijo que ello podría “provocar un mayor desequilibrio fiscal del que ya tienen las finanzas públicas” y que, con base en estudios preliminares, podría provocar incrementos de entre el 0,1% y el 12,8% en las partidas para salarios de 30 instituciones estudiadas, “dependiendo de factores como el salario definido y la estructura organizacional”.
La Procuraduría General de la República (PGR), por su parte, había señalado que los diputados podían plantear un traslado automático de los funcionarios públicos al nuevo esquema global, “respetando el derecho adquirido al salario total actual” de quienes estuvieran cobrando un monto mayor. Pero advirtió de que ello tendría una “innegable incidencia” sobre las arcas estatales.
¿Qué había dicho la Sala Constitucional en 2021?
El tema generó una intensa discusión en 2020, a tal punto de que fue una de las cuestiones consultadas a la Sala Constitucional de forma previa a la aprobación de la reforma legal.
En ese sentido, los magistrados determinaron que el transitorio tenía una justificación objetiva y razonable, pues buscaba garantizar “el cumplimiento del principio de equilibrio financiero o presupuestario en este caso”.
Según redactaron, el plan de traslado paulatino era “conforme con el Derecho de la Constitución, máxime si se toma en cuenta la situación fiscal tan deteriorada que tiene el Gobierno Central, que pone en peligro la viabilidad del Estado Social de Derecho y de la economía costarricense en su conjunto”.
A pesar de ese señalamiento, los magistrados podrían cambiar de opinión en un nuevo análisis. Esto siempre puede pasar en cualquier caso y en esta situación podría ocurrir, por ejemplo, si se analizan nuevos argumentos.
El voto de 2021 sobre este punto fue por mayoría; es decir, hubo magistrados que estuvieron de acuerdo y otros que no.
A favor se manifestaron los magistrados Fernando Castillo (presidente), Paul Rueda, Luis Fernando Salazar y Jorge Araya; en contra lo hicieron las magistradas Nancy Hernández, Anamari Garro y Ana María Picado.
Cinco de ellos son propietarios actualmente, pues Picado era suplente en aquel momento y Hernández ahora es la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En su voto salvado, las tres magistradas que no aprobaron la medida señalaron que, desde su punto de vista, esta sí se violaba el derecho fundamental de igualdad salarial.
“Si bien es cierto, la finalidad de las normas transitorias es realizar los ajustes necesarios para la entrada en aplicación de una ley nueva, también lo es que ese espacio de transición debe ser respetuoso de los derechos fundamentales de las personas y, en este caso concreto, esa premisa no se estaría cumpliendo”, indicaron.
Ahora, el tema vuelve a la palestra.
