EscucharLa corta de varios árboles tipo cipreses en El Tirol, en San Rafael de Heredia, desató manifestaciones tanto virtuales como en el lugar de los hechos por parte de vecinos y grupos ambientalistas.
La tala se realizó tras una demanda presentada por una vecina, quien solicitó el derribo de 65 cipreses ubicados en la vía pública con el argumento de que las raíces y el viento ponen en riesgo su propiedad.
El más reciente capítulo de esta trama lo protagonizó la Sala IV cuando, el martes 18 de febrero, admitió un recurso de amparo contra la Municipalidad de San Rafael que solicitaba la suspensión de la tala de los 65 árboles. El recurrente alegó que la corta de los cipreses atenta contra el disfrute de un ambiente sano establecido en el artículo 50 de la Constitución Política. La sala ordenó a dicho gobierno local suspender la corta de los árboles, de los cuales varios ya habían sido derribados.
Este caso puso sobre la mesa un debate de dos caras: por un lado, la seguridad de los propietarios ante el riesgo que pueden suponer algunos árboles y, por otro, el resguardo de los árboles y de estos como parte del espacio público que disfrutan otras personas.
Dualidad legal
Lo primero que se debe entender es sobre quién recae la responsabilidad de las aceras en Costa Rica. En este tema existe una especie de dualidad donde confluyen hasta tres actores en ese espacio público.
Las aceras en Costa Rica son consideradas bienes del Estado y de uso público que están bajo administración de las municipalidades, en el caso de vías cantonales, o del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), cuando son rutas nacionales.
No obstante, la Ley de Movilidad Peatonal (9.976) indica que los propietarios de bienes inmuebles son responsables de la construcción y mantenimiento de las aceras frente a sus propiedades, lo que incluye la franja verde donde se ubican árboles o césped, en caso de que exista. El Código Municipal incluso establece obligaciones de los propietarios sobre la sección de acera que les corresponde.
Cualquier árbol que se ubique en las aceras, así hayan sido plantados por los propietarios o una persona jurídica, pasan a ser parte del espacio público y su manejo está a cargo de alguna de las entidades mencionadas. Por lo tanto, una intervención en estos árboles debe ser autorizada por las autoridades correspondientes.
“En Costa Rica existe un delicado equilibrio entre la seguridad de los propietarios y la protección de los árboles en espacios públicos”, explicó Mario Hidalgo, socio líder de Impuestos de Grant Thornton. Este criterio coincide con el de Jordan Arias, experto en derecho regulatorio en Ecija Legal Costa Rica, quien comentó que este equilibrio se logra mediante la colaboración entre el propietario y la municipalidad.
No obstante, existen situaciones que pueden dar pie a la tala de un árbol.
¿Cuándo se puede?
Existen varias razones que pueden llevar a la tala de un árbol de la vía pública. Esto también incluye a la poda, que es un proceso que tiene como objetivo principal mejorar la salud, forma y crecimiento del árbol.
La seguridad del propietario, tal y como fue el argumento de la vecina de San Rafael, cabe dentro de los motivos. Las municipalidades tienen la facultad de intervenir cuando los árboles representen un riesgo inminente para la seguridad pública, puedan caer sobre propiedades o pongan en riesgo a vehículos y peatones.
Además, se suele permitir la corta del árbol también cuando está enfermo o muerto, o si interfiere con infraestructuras esenciales.
“Si un árbol en la acera representa un riesgo, el propietario debe informar a la municipalidad para que esta evalúe la situación y tome las medidas adecuadas”.
— Jordan Arias, experto en derecho regulatorio en Ecija Legal.
¿Cuál es el proceso?
La corta de árboles en Costa Rica está regulada y requiere permisos específicos dependiendo de su ubicación y su tipo. Existen diferentes procedimientos según el lugar donde se encuentre.
- En propiedad privada: en estos casos el propietario debe verificar que el árbol no esté en un área protegida ni sea una especie vedada. Luego, debe solicitar un permiso en las oficinas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
- En caminos cantonales o terrenos municipales: se debe presentar una solicitud ante la municipalidad correspondiente. Este proceso suele implicar completar un formulario específico, ya sea en línea o en las oficinas municipales, detallando la ubicación exacta del árbol y las razones de la solicitud, junto con algunos otros requerimientos. Luego, la entidad local debe realizar una inspección técnica para evaluar la necesidad de la poda y determinar las acciones a seguir.
- En rutas nacionales: la solicitud debe presentarse en la dirección regional del Conavi.
- En áreas de protección: se requiere presentar una solicitud de Sumario de Derribo ante el Juzgado Agrario o Civil, dependiendo de la naturaleza del terreno.
“En Costa Rica existen empresas especializadas que ofrecen servicios de poda y corta de árboles, con equipos especializados y personal capacitado”
— Mario Hidalgo, socio de Impuestos de Grant Thornton.
Consecuencias
La legislación costarricense enfatiza la importancia de preservar el arbolado urbano, lo que hace que una corta o poda sin permiso constituya una infracción y acarrea posibles consecuencias legales.
El monto de las multas varía según la municipalidad y la gravedad de la infracción, por lo que se debe revisar cada caso para determinar la normativa aplicable.
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Arias comentó que, en algunos cantones, las regulaciones municipales remiten este tipo de sanciones al artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente (7.554), el cual establece diversas sanciones para violaciones ambientales, tales como una amonestación en caso de comprobarse la infracción; compensaciones para restaurar el ambiente afectado; cancelación de permisos, patentes o licencias de operaciones que infrinjan la normativa ambiental; trabajo comunitario, entre otras.
Además, la Ley Forestal (7.575) incluye sanciones más severas para quienes realicen aprovechamientos forestales sin los permisos correspondientes. En ciertos casos, la tala ilegal de árboles puede ser sancionada con penas de prisión de uno a tres años, dependiendo de la acción cometida.
¿Y si un árbol cae en mi propiedad?
En época de lluvias o de fuertes vientos es común ver árboles del espacio público que caen sobre calles, vehículos o propiedades. En estas situaciones podría existir responsabilidad de las autoridades encargadas del manejo de los árboles.
Si la caída del árbol se debió a un evento natural imprevisible y no hubo negligencia por parte de la municipalidad o el ente respectivo, es posible que no se le atribuya responsabilidad.
Sin embargo, si se demuestra que la municipalidad fue negligente en el mantenimiento del árbol que causó el daño, porque ya se había avisado del riesgo, por ejemplo, sí podría ser considerada responsable y obligada a indemnizar los perjuicios causados.
La posible responsabilidad o no debe ser determinada en cada caso.
