EscucharManagua. El diálogo con el que Nicaragua busca superar la crisis que deja 180 muertos en dos meses de protestas antigubernamentales está nuevamente sumido en la incertidumbre, tras acusaciones de que el gobierno de Daniel Ortega incumplió su compromiso de invitar organismos de derechos humanos al país.
Los obispos católicos, mediadores en el diálogo entre el gobierno y la oposición, suspendieron la sesión programada para este martes en Managua y avisaron que las pláticas serán retomadas cuando el gobierno invite a los ente que deben ayudar a investigar la violenta represión de las protestas.
“Cuando el gobierno nos envíe copia de esas invitaciones y los organismos internacionales nos transmitan su recepción” se convocará a la reanudación del diálogo, dijo la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en un comunicado la noche del lunes.
El gobierno y la Alianza Cívica por la Democracia habían acordado el viernes invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Unión Europea a ayudar a investigar la situación de violencia.
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Pero la alianza opositora, que agrupa a empresarios, estudiantes y sociedad civil, se retiró el lunes de las mesas de diálogo tras reclamar al gobierno el incumplimiento de ese acuerdo.
Los obispos, en tanto, consideraron de “vital importancia” solicitar a la CIDH que envíe “urgentemente” asesores técnicos para los trabajos de la Comisión de Verificación y Seguridad.
Esa entidad creada en el marco del diálogo será la encargada de investigar los crímenes ocurridos durante las protestas, que en dos meses suman 180 muertos y más de 1.000 heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El canciller Denis Moncada, jefe de la delegación oficial, alegó razones “burocráticas” para no haber cursado las invitaciones, según dijo Carlos Tünnerman, delegado de la sociedad civil en las conversaciones.
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“Necesitamos que esos organismos estén en el país como garantía” de que lo acordado tenga cumplimiento y de que termine la violencia contra la población, dijo la dirigente del Movimiento de Mujeres, Azhalia Solís.
El diálogo había sido retomado el viernes, tras pasar días suspendido en medio de un recrudecimiento de la violencia en las calles del país.
Los participantes tenían ahora previsto discutir el levantamiento de los bloqueos de las vías, el adelanto de las elecciones de 2021 a marzo de 2019 y reformas al poder judicial.
Tras la suspensión del encuentro, el gobierno emitió una declaración en la que se desmarcó de la represión contra las protestas, aunque evitó manifestarse sobre la invitación a las entidades internacionales de derechos humanos.
Aseguró que propuso a la oposición “trabajar para alcanzar acuerdos verificables de seguridad, paz y reconciliación en los municipios y departamentos de Nicaragua”.
En tanto, Estados Unidos se sumó a la presión por la presencia de organismos internacionales y por el adelantamiento de las elecciones para acortar el mandato de Ortega.
“Advertimos un generalizado reclamo de los nicaragüenses por elecciones anticipadas. Estados Unidos considera que adelantar las elecciones representa una forma constructiva de avanzar”, dijo el departamento de Estado la noche del lunes.
En Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, condenó la violencia en Nicaragua y llamó al gobierno a cumplir los compromisos.
Un emisario de la UE visitó Nicaragua el 15 y 16 de junio y sostuvo encuentros con ambas partes para apoyar también una solución negociada.
En los encuentros, el emisario Hugo Sobral reiteró la necesidad de cesar la violencia que desangra el país desde que estallaron las protestas el 18 de abril.
Entretanto, persisten las acciones violentas de bandas paramilitares con tiroteos en barrios de la capital y ciudades del interior, según reportes de pobladores.
Las protestas comenzaron contra una reforma a la ley de seguridad social -ya retirada por el gobierno- y se fueron extendiendo para pedir la salida de Ortega.
En el poder desde 2007, el mandatario ha sido señalado de ejercer un gobierno autoritario al lado de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, con pleno control de todos los poderes del estado.
