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Millones de familias estadounidenses que llevan meses sin poder pagar el alquiler a causa de la crisis corren el riesgo de ser desalojadas de sus casas a partir de este sábado, cuando expira la moratoria que las protegía.
Los congresistas de la Cámara de Representantes no lograron acordar el viernes otorgar tiempo adicional a los inquilinos en dificultades. Ello, pese a que la variante delta del coronavirus está impulsando un nuevo brote de casos de COVID-19.
Una comisión parlamentaria había propuesto extender la moratoria hasta el 31 de diciembre, pero no consiguió el apoyo suficiente, ni siquiera en las filas demócratas.
"Desafortunadamente, ni un solo republicano apoya esta medida. (...) Es muy decepcionante que los republicanos en la Cámara y el Senado se hayan negado a trabajar con nosotros en este tema", lamentó la noche del viernes la presidenta demócrata de la cámara baja, Nancy Pelosi, en un comunicado.
Una fuente del Congreso dijo a la AFP que la propuesta también está lejos de contar con el apoyo unánime de la propia bancada demócrata.
"Esto es un problema de salud pública", declaró el viernes más temprano Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, durante la conferencia de prensa diaria.
Los legisladores de la Cámara de Representantes comenzaron el sábado vacaciones hasta finales de agosto, y les seguirán los senadores en una semana, descartando cualquier esperanza de un acuerdo rápido.
Último momento
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ordenaron la suspensión de desalojos en septiembre de 2020, pues la economía más grande del mundo había perdido más de 20 millones de empleos a causa de los cierres por la pandemia. Los CDC sostenían que el aumento de las personas sin hogar incrementaría los contagios de COVID-19.
Ahora más de 10 millones de personas están atrasadas en el pago de su alquiler, estima el CBPP, un instituto de investigación independiente.
Y unos 3,6 millones de inquilinos creen que corren el riesgo de ser desalojados en dos meses, según un estudio de la Oficina de Estadísticas realizado a principios de julio con 51 millones de inquilinos.
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El presidente Joe Biden pidió al Congreso el jueves que extienda la moratoria, luego de que en junio un fallo de la Corte Suprema estableciera que la Casa Blanca no podía hacerlo.
Pero muchos le reprochan haber esperado hasta el último momento.
"Estamos a tres días del final de la moratoria inconstitucional a los desalojos de los CDC, y ¿cuál es la solución del presidente Biden? Arremeter contra la Corte y pedirle al Congreso que lo remedie", dijo días atrás el vicepresidente republicano del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry.
El congresista destacó que los republicanos de esta comisión habían propuesto un texto para poder prorrogar la moratoria, pero no recibieron respuesta.
Ayuda financiera bloqueada
A esta situación se suma que el dinero destinado por el gobierno federal para ayudar a las personas y familias en dificultades para pagar el alquiler llega a cuentagotas a sus cuentas bancarias.
Ese dinero se entrega a los estados y las comunidades locales, que luego son responsables de distribuir la ayuda a los hogares. Sin embargo, esto requiere el establecimiento de sistemas complejos para recibir solicitudes, verificar situaciones y, solo entonces, entregar la ayuda.
El resultado: de los $46.000 millones previstos por el gobierno para este fin, incluidos los $25.000 millones desembolsados a principios de febrero, solo $3.000 millones han llegado a su destino.
