EscucharTras dos décadas y un intento fallido en 2012, los diputados y el Gobierno finalmente retomaron la discusión para negociar una reforma fiscal que permita generar ingresos frescos y reducir gastos.
A pocos meses del fin de la administración de Luis Guillermo Solís y en una época de convulsas negociaciones políticas, los legisladores empezaron a gestar una hoja de ruta para aprobar por vía rápida (208 bis) el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se tramita bajo el expediente 20.580 e ingresó al Congreso el pasado 9 de noviembre.
Esta iniciativa es el tercer intento de la administración Solís Rivera por aprobar una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos tributarios mediante la transformación del Impuesto General Sobre las Ventas (IGV) en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y una modernización al esquema de renta.
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El expediente que se tramita en la Asamblea Legislativa está conformado por cuatro componentes, dos orientados a aumentar los ingresos, y dos enfocados en generar disciplina fiscal y eficiencia en el gasto público.
Una de las mayores críticas que ha recibido el proyecto impulsado por el Gobierno es que le faltan más acciones concretas para contener el crecimiento del gasto y luego recortarlo.
Durante el actual periodo legislativo la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) condicionó la discusión de la reforma fiscal. La posición de los socialcristianos era primer recortar gasto y aprobar el proyecto de ley de regla fiscal, para luego hablar de IVA y renta.
Las nuevas negociaciones que se dan a la luz de una segunda ronda electoral que replantó el discurso de las diferentes fracciones en el Congreso.
Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y aliado del candidato presidencial Fabricio Alvarado, lidera la nueva ronda de diálogos. El otro actor importante es Ottón Solís, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), quien trabaja de cerca en materia fiscal con Carlos Alvarado.
La mañana de este lunes, los jefes de las nueve bancadas legislativas se reunieron con Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia y Helio Fallas, ministro de Hacienda para buscar los 38 votos que se requieren para darle vía rápida el proyecto y que se apruebe antes del cambio de gobierno.
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Eso sí, el expediente 20.580 servirá de base y los diputados podrán presentar sus mociones para hacerle cambios hasta el próximo 22 de marzo.
Acciones para aumentar ingresos
Adiós al impuesto de ventas, viene el IVA
Uno de los principales cambios que propone el proyecto de ley es la transformación del impuesto de ventas por el IVA, manteniendo la tasa en el 13%.
En la primera propuesta de reforma fiscal que presentó el Gobierno de Solís en 2014, se proponía pasar al IVA con un aumento en la tasa del 13% al 15%.
Otras voces más recientes como la de Ottón Solís abogan por un IVA del 16%, cifra que despertó críticas de empresarios y otros sectores en el país.
De acuerdo con estimaciones hechas por el Ministerio de Hacienda, el simple hecho de pasar del impuesto de ventas al IVA manteniendo la tasa en el 13% permitiría generar un 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, unos ¢175.000 millones adicionales cada año.
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Otro de los cambios con el tributo al valor agregado es que ya no se gravarían solo los bienes, sino también los servicios.
Tendrían que tributar los servicios de transporte terrestre (como Uber) y los relacionados con actividades culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas y juegos de azar.
Se aplicará una tasa diferenciada del 4% para servicios de salud y educación privada, compra de boletos aéreos, comisiones pagadas por operadoras de pensiones y actividades relacionadas con la producción de bienes agropecuarios o agroindustriales.
El hecho de mantener la tasa del IVA en un 13% supone una pérdida de ¢266.000 millones anuales para las arcas del Estado, según estimaciones de Hacienda.
Cambios en renta sin tocar salarios
Es importante entender que el gobierno de Solís -al igual que sus antecesores- renunció al principio de renta global y excluyó la universalización del tributo.
El actual proyecto de reforma tributaria que está en trámite legislativo tomaba elementos del proyecto de Solidaridad Tributaria –un paquete de reformas aprobadas durante la administración de Laura Chinchilla, pero abortada por vicios de procedimiento en la Sala IV– y el plan Consolidación Fiscal impulsado por Edgar Ayales durante su periodo como Ministro de Hacienda.
El proyecto establece una tarifa del 15% para las rentas de capital (ganancias provenientes de un bien) y las ganancias de capital (se generan con inversiones como compra de bonos o acciones). Actualmente este tributo es del 8%.
Sin embargo, el texto aplica una tasa menor (del 8%) para los rendimientos generados por títulos valores en colones emitidos por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
También se propone cobrar el 8% de renta a la totalidad de los excedentes o utilidades pagados por las asociaciones solidaristas y cooperativas a sus clientes.
Pese a que el Gobierno había propuesto inicialmente crear dos nuevos tramos de renta del 20% y 25% para gravar los salarios, estas iniciativas no se incluyeron en el expediente que está en discusión en la Asamblea Legislativa.
El Ejecutivo también renunció a otras ideas como cobrar un 30% a las utilidades de las cooperativas y gravar las cesantías mayores a ocho años con un 15%.
Acciones del lado del gasto
Regla de responsabilidad fiscal
Este capítulo del texto base propone una regla fiscal para que conforme aumenta la deuda pública como porcentaje del PIB, el crecimiento del gasto corriente (salarios, servicios y materiales) sea menor.
La idea es reducir las presiones del Gobierno Central para que tenga que emitir menos deuda por sus necesidades de financiamiento.
La propuesta excluye la deuda del resto del sector público no financiero que corresponde a inversión en la mayoría de los casos. El objetivo es no limitar el crecimiento económico del país.
Una vez que se logre un mayor balance fiscal y un nivel de deuda pública considerado como "sostenible" a mediano y largo plazo, el gasto corriente podrá crecer al mismo ritmo que la producción nacional.
Los objetivos de la regla fiscal son: lograr la sostenibilidad de mediano plazo con una paulatina reducción de la deuda pública, impulsar recortes graduales en el gasto corriente, darle mayor credibilidad al país, y mantener el crecimiento económico y la inversión pública como prioridades.
Cambios en salarios públicos
Este es, quizá, el punto más álgido de la reforma fiscal que propone el Ejecutivo. Sus postulados tocan los salarios de los jerarcas y algunos pluses.
El documento redactado por Hacienda explica que buscan un esquema de "mayor eficiencia y calidad en el gasto público".
En resumen, son tres acciones concretas:
1- Poner topes a los salarios más altos de la administración pública.
2- Implementar un sistema de remuneración de salarios únicos para jerarcas.
3- Convertir la anualidad en un mecanismo de evaluación que se otorgue por excelencia individual.
"La compensación de los altos jerarcas debe basarse en la naturaleza de su trabajo y en las competencias a desempeñar. Para muchos puestos de responsabilidad, el salario base representa tan solo el 20% del salario total, ajustándose sus remuneraciones a través de los más diversos pluses, que son menos transparentes y controlables, y que pueden tener como resultado retribuciones evidentemente abusivas", señala el proyecto.
Mientras los diputados buscan opciones para aprobar la reforma fiscal -la tercera versión impulsada por este Gobierno-, el déficit financiero amenaza con llegar al 7,1% de la riqueza nacional al final del 2018.
Ninguno de los dos candidatos presidenciales quiere llegar a Zapote con un desbalance fiscal que los ate de manos para cumplir sus promesas políticas, por eso las fichas se mueve en Cuesta de Moras para tratar de aprobar una reforma que hace cuatro años parecía impensable.
