EscucharEl Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas avanza en el Congreso. Este martes 10 de abril la Comisión Especial que analiza el texto lo dictaminó afirmativamente, lo que significa que la iniciativa pasará a discusión al Plenario.
La votación tuvo a favor el criterio de Marco Redondo, Johnny Leiva, Maureen Fallas y Juan Luis Jiménez (quien sustituyó a Paulina Ramírez), mientras que Otto Guevara, Alexandra Loría y Edgardo Araya votaron en contra.
Los legisladores Sandra Piszk y Steven Núñez no estuvieron presentes en la votación.
Carlos Alvarado, presidente electo, mostró su satisfacción ante el progreso de la iniciativa.
“Me complace que avance, creo que lo que corresponde es que la reforma fiscal se apruebe en las próximas semanas, que se apruebe en esta legislatura, sería una buena forma de que los diputados cierren este periodo”, manifestó Alvarado.
Por su parte, Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, comentó a EF que una de las preocupaciones que tienen los legisladores que votaron en contra, es que el proyecto no está debidamente terminado y que “han ido encontrando cosas que nadie esperaba”.
La propuesta establece la modificación del Impuesto General de Ventas en Impuesto de Valor Agregado (IVA) con una tasa del 13%, a fin de gravar los servicios (uno de los sectores que generan más riqueza en la economía y que actualmente no está gravado).
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¿Cuáles cambios experimentó?
Durante las últimas semanas de análisis el proyecto experimentó cambios y recibió más de mil mociones, las cuales se desecharon este lunes para continuar con el trámite de vía rápida en el Plenario.
Una vez que la reforma tributaria se discuta ante los 57 diputados, existirá una nueva oportunidad para recibir mociones.
Una de las modificaciones más importantes que experimentó el texto base fueron las rentas a los salarios altos: sobre el exceso de ¢1.199.000 y hasta ¢2.103.000 pagarían el 15% de renta; sobre el exceso de ¢2.103.000 y hasta ¢4.205.00 sería del 20%; y sobre el exceso de ¢4.205. 000 mensuales la tasa podría ser del 25%.
Actualmente las rentas de ¢799.000 mensuales no pagan impuesto; sobre el exceso de ¢799.000 y hasta ¢1.199.000 mensuales la tarifa es del 10%.
Otra modificación importante fue la cesantía, que no podrá seguir en aumento ni superar los 20 años una vez que la reforma entre en vigencia. También se impuso un gravamen del 15% a las cesantías que sobrepasen los ocho años.
Además se estableció que los salarios de los jerarcas de las empresas estatales en competencia, como por ejemplo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS), tendrán un tope salarial de 30 salarios base de la escala de sueldos de la administración pública.
Las mociones que se presentaron durante las semanas de análisis eliminaron los pagos de discrecionalidad y confidencialidad, y fijaron un tope de 1,94% a las anualidades.
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Las pensiones de los expresidentes se reducen, ya que la reforma establece que los expresidentes percibirán el 50% de la pensión más alta otorgada por el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que ronda los ¢2.250.000. Actualmente quienes disfrutan de este beneficio perciben un monto que supera los ¢4.000.000.
El texto nuevo también exige a todas las sociedades mercantiles inscribirse ante el Ministerio de Hacienda. El proyecto contempla la Regla Fiscal, con las modificaciones ahora exige que toda iniciativa que implique un incremento en el gasto (o nuevas funciones en la Administración Pública), deberá aportar una certificación de la Contraloría General de la República que garantice la fuente de financiamiento.
¿Qué sigue?
Ahora que el expediente 20.580 fue dictaminado en comisión, la Comisión Especial deberá rendir un informe antes de que el proyecto entre a discusión en el Plenario. Una vez que se presente ante los 57 diputados, se abre una nueva etapa para recibir mociones y se reiteran ante el pleno las que se rechazaron anteriormente.
La moción de reiteración es una figura que se utiliza cuando las mociones han sido rechazadas y el diputado quiere presentarlas de nuevo, pero esta vez ante los 57 diputados.
Cuando finaliza el proceso de las mociones de reiteración, inicia última etapa, que es la discusión por el fondo del proyecto, y cada diputado podrá hacer uso de la palabra durante 10 minutos, en primer y segundo debate.
Los análisis de las mociones de fondo y las discusiones de fondo, se deben desarrollar en seis sesiones máximo, a partir del momento en que se recibe el informe de Comisión.
En caso de que venzan las sesiones, y si quedan mociones pendientes -de cualquier tipo-, la Presidencia destinará las siguientes sesiones para votarlas pero sin discusión.
Cuando finaliza este proceso, la Presidencia le otorga la palabra para la discusión por el fondo a los diputados que lo soliciten -hasta por diez minutos- en primer y segundo debate. Luego, si ningún diputado solicita el uso de la palabra, someterá a votación el proyecto
Semanas atrás, los diputados Ottón Solís (PAC), Mario Redondo (ADC) y Karla Prendas (PLN) afirmaron a EF que en caso de que el proyecto sea votado en primer debate, algunos legisladores podrían hacer una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV.
De cumplirse este panorama, el segundo debate estaría en manos de los nuevos legisladores que asumirán funciones el 1.° de mayo.
