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Costa Rica alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a una facilidad de Servicio Ampliado (SAF) por $1.778 millones, ratificada por la entidad internacional desde marzo pasado.
Como contraparte del financiamiento, Costa Rica se comprometió a perseguir distintas medidas para revertir su déficit financiero primario (la relación negativa entre ingresos y gastos anuales sin contar el pago de intereses) y estabilizar sus finanzas a partir del año 2023.
Los $1.778 millones acordados con el FMI se desembolsarían en seis tractos semestrales, previo cumplimiento de dichas medidas. Entre ellas existen varios proyectos de ley, pendientes de aprobación legislativa, al igual que la propia operación crediticia.
EF le explica cómo funcionarían los desembolsos del FMI, qué requisitos implican para el país y qué podría pasar si no se cumplen los compromisos adquiridos con la entidad internacional.
¿De cuánto dinero hablamos?
Costa Rica negoció con el FMI acceder a 1.237,49 millones de derechos especiales de giro, a través de una facilidad de Servicio Ampliado (SAF). Los derechos especiales de giro son la unidad de referencia utilizada por el Fondo, y el monto corresponde a unos $1.778 millones.
La facilidad se otorgaría a Costa Rica en condiciones blandas. El crédito tiene un plazo de 10 años, con cuatro años de gracia; ofrece una tasa de interés equivalente en dólares de un 2,51% aproximadamente (unos 4,17 puntos por debajo del promedio que ofrece el mercado interno para operaciones en dólares en el mismo plazo); y obligaría a comisiones de un 0,3% anual de compromiso y de un 0,5% sobre el monto de cada desembolso por servicio.
El Banco Central estima que, al remplazar deuda más cara con este empréstito, el Estado podría ahorrarse unos $39 millones anuales durante los primeros cuatro años de gracia (luego descendería levemente). Además, este cálculo no cuenta el impacto indirecto que tendría el acceso al FMI en la confianza de los mercados nacionales e internacionales, así como en la reducción de tasas de interés de otras operaciones de financiamiento.
¿Qué ofreció el país a cambio?
Costa Rica acordó con el staff técnico del Fondo, en enero pasado, impulsar medidas estructurales para reducir la brecha actual entre ingresos y gastos del Estado, de modo que pueda sanear sus finanzas públicas y estabilizar los niveles de deuda en un 76% del PIB, como máximo, que empiece a descender a partir de 2024.
Entre las medidas principales están la aplicación de la regla fiscal (ya aprobada dentro la reforma fiscal de 2018), algunas otras medidas de ahorro a nivel administrativo y reformas legales como los proyectos de empleo público, la transformación del impuesto de renta a un sistema de renta global y un nuevo impuesto a los premios de lotería.
También se incluyeron proyectos como una reforma general del impuesto a las casas de lujo, la eliminación de la exoneración de renta al salario escolar, la homologación al 15% de las tasas a las rentas de capital (con una subida temporal de dos puntos por dos años) y la exigencia a las empresas públicas al Estado de un aporte general del 0,2% del PIB, por cuatro años.
¿Y qué resta para que entre en vigor el acuerdo?
La Asamblea Legislativa tiene actualmente el proyecto en sus manos. Por tratarse de una operación crediticia de endeudamiento externo, la Constitución Política requiere que esta sea aprobada por al menos dos terceras partes del Congreso (38 legisladores).
Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde la idea es que el plan se dictamine este miércoles 28 de abril, según confirmó a EF la presidenta del foro, Silvia Hernández.
¿Cuándo sería el primer desembolso?
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, aseguran que el primer desembolso ocurriría tan pronto la Asamblea apruebe la operación crediticia. Este es su único requisito.
¿Cuánto dinero recibiría Costa Rica por cada desembolso?
En la carta de acuerdo con el FMI se estableció que se entregarían seis desembolsos casi idénticos. Es decir, cada uno sería de $296,3 millones, aproximadamente.
¿Bajo qué requisito accedería el país a cada uno?
Según afirmaron Villegas y Cubero, el primer desembolso no tiene ninguna condición más que la aprobación del acuerdo. Los otros cinco desembolsos sí quedarían sujetos al cumplimiento de metas que se revisarían semestralmente.
El documento de acuerdo establece que el segundo desembolso se haría en octubre de 2021, tras una revisión sobre el cumplimiento de objetivos hasta junio.
Posteriormente las revisiones y desembolsos se harían en marzo y octubre de 2022, y de 2023; tras revisiones de metas hasta junio y diciembre anteriores.
¿Qué debe cumplir el país para superar la primera revisión?
Además del avance en aplicación de medidas de carácter meramente administrativo, el presidente del emisor y gobernador del país ante el FMI, Rodrigo Cubero, comentó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que debería haber el mayor avance posible en los proyectos de ley que se deben aplicar en los próximos años, de modo que estos tengan el efecto que se requiere en las finanzas públicas.
“El FMI espera la aprobación del proyecto de empleo público y el conjunto de proyectos fiscales para el momento en que se haga la primera revisión. La ley de empleo público es fundamental”, dijo este 27 de abril en sesión virtual del foro legislativo.
¿Y si se falla en la evaluación?
El FMI podría suspender el programa con Costa Rica. Es decir, no hacer más desembolsos y reportar que el país incumple sus compromisos. Según Rodrigo Cubero, esto podría implicar un shock para el país, que además enfrentaría adversidades para encontrar financiamiento para todas sus actividades ante una menor confianza de los mercados de deuda interna o externa.
“Una vez que se suspende el programa, no solo no habría más desembolsos sino que se anuncia públicamente que el programa está suspendido, lo que en inglés llamaríamos off-track. Eso significa que la comunidad internacional entiende que el país no está cumpliendo con sus metas, con un impacto muy negativo sobre los diferenciales de tasas de interés que tiene que pagar el país tanto en los mercados domésticos como internacionales (...) esto agrandaría el costo de financiamiento y para el país sería un shock muy negativo”, explicó.
Algo similar, indicó en ocasiones anteriores, ocurriría si no se aprueba del todo la operación crediticia.
¿Y cuál es el estado de cumplimiento hasta ahora para la primera revisión?
El FMI puso metas cuantitativas y no cuantitativas para sus evaluaciones.
Entre las cuantitativas está que el país no supere un déficit primario de ¢390.000 millones hasta julio (poco más de un 1% del PIB), y que su deuda pública no supere los ¢26,6 billones.
Ambas metas marchan correctamente, según informó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, al Congreso. A hoy, el acumulado de la deuda pública es de ¢25,4 billones y hasta marzo más bien se registra un superávit primario de unos ¢200.000 millones.
A diciembre de 2021 las metas serían un déficit primario no mayor de ¢640.000 millones y una deuda pública inferior a ¢27.100. A junio de 2022, un déficit financiero no mayor a ¢68.000 millones y una deuda inferior de ¢28,9 billones.
Las complicaciones se ciñen en las medidas que implican reformas o proyectos de ley. La iniciativa de reforma al empleo público actualmente es la que está más cerca de su votación en primer debate. El resto de iniciativas apenas da sus primeros pasos en comisiones legislativas y los diputados, incluido el presidente del Congreso Eduardo Cruickshank, consideran que no será posible su aprobación total antes de julio.
¿Qué ha dicho el Gobierno al respecto?
Consultada sobre la posibilidad de que el proyecto de reforma al empleo público no alcance su votación final antes de julio, la ministra de Planificación y coordinadora de equipo económico del Gobierno, Pilar Garrido, afirmó a EF que el Gobierno dará seguimiento e informará al FMI “los avances y ajustes en el cronograma de aprobación del proyecto”.
¿Y el BCCR como representante ante el FMI?
El presidente Cubero aseguró este 27 de abril a los diputados que el FMI “tiene claridad de las circunstancias difíciles que estamos enfrentando con la COVID-19, en la Asamblea Legislativa, y ellos saben que parte del atraso en la tramitación tiene que ver con eso”.
“Por el momento el cronograma se mantiene. Ellos están esperando que podamos cumplir, pero también están consientes de que hemos tenido atrasos por el COVID-19. Ojalá que logremos resolver esos atrasos lo antes posible, pero ciertamente hemos informado al FMI de la situación”, concluyó.
