Eduardo Cruickshank, abogado limonense y nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, clama porque el Estado mire más allá de la Gran Área Metropolitana (GAM), no tiene miedo a más empréstitos que beneficien al país y le pide al presidente, Carlos Alvarado, que acelere su trabajo por reactivar la economía.
EF conversó el 7 de mayo con el diputado de Restauración Nacional (PRN)sobre lo que espera de la Asamblea, pero también del Poder Ejecutivo.
— Su elección como presidente del Congreso viene precedida de una negociación de dos años atrás ¿Qué significa esa continuidad?
— Me demuestra es que se pueden hacer pactos políticos sobre la mesa, transparentes y se pueden honrar. Esto da esperanzas porque la gente tiene una percepción de que los políticos son mentirosos. Esta es una Asamblea diferente, una Asamblea excepcional. La forma en que nos hemos puesto de acuerdo en estos dos años, demuestra una Asamblea ejemplar en esa línea.
— ¿Ese consenso es siempre positivo? ¿No faltan voces distintas?
—Da la idea de que los asuntos no fueran discutidos a profundidad, pero no es tan cierto. Cada jefe de fracción lleva a su bancada la discusión del proyecto y se tienen discusiones amplias. Cuando una fracción decide apoyar un proyecto, es el resultado de una discusión profusa.
— Ya con siete días a cuestas y con más de 300 al frente, ¿qué es lo que espera para esta legislatura?
— Espero transitar por una ruta parecida a la que hemos venido, porque cuando algo funciona no hay razón lógica para cambiarlo. Esta Asamblea Legislativa ha funcionado bajo esa metodología de trabajo, al punto que durante el primer año sacamos 117 leyes y en el segundo año 154. Por dicha que tuvimos la capacidad de hacerlo.
— ¿Transitar por una ruta parecida significa seguir aprobando lo que proponga el Gobierno?
— No, en modo alguno me podría referir a eso. Me refiero más bien a la metodología de trabajo. A los consensos y la forma de trabajar.
Yo no soy de los que cree que todo lo que propone el Gobierno, hay que aprobarlo. Hay que valorar cada proyecto por sí mismo y ver qué es conveniente y qué no. Lo que de acuerdo con la autonomía de esta Asamblea consideremos que conviene, darle aprobación, independientemente de dónde venga. Y lo que no conviene, pues no conviene.
— ¿Qué espera de la agenda de reactivación económica que publicará el Gobierno este viernes (8 de mayo)?
— El Poder Ejecutivo es el que debería llevar el peso de las iniciativas que el país ocupa para minimizar y superar la crisis que estamos enfrentando. Yo esperaría que sean medidas puntuales, claras, precisas y con un alto nivel de certeza, de que a través de ellas, se logrará el cometido que es reactivar la economía.
— Sin embargo, no es la primera vez que presentan un plan de reactivación económica. ¿Qué espera en específico de este plan?
— No debería de faltar algo que impulse o levante, inmediatamente, al sector turístico. Debe haber un impulso para el sector comercial. La verdad es que con las medidas impartidas por el Ministerio de Salud, ya hay muchos comerciantes que están quebrados. Necesitamos inyectar liquidez a la calle para dinamizar la economía.
— ¿Llega esta agenda de reactivación económica tarde?
— Por supuesto que sí. El presidente anunció el 28 de abril que lo estaría presentando. Esperábamos que en su rendición de cuentas anunciara esas iniciativas, sin embargo, no fue así. Lo difirió y dijo que su equipo económico lo estaría haciendo “esta semana”.
— A los diputados les pidieran aprobar leyes con la mayor rapidez posible en medio de la pandemia y el presidente se toma una semana extra para anunciar medidas...
— Debo decir que tengo que felicitar a los diputados y diputados porque nos arriesgamos para venir a sesionar y sacar la tarea adelante. Quisiéramos ver al Ejecutivo actuar con la misma celeridad nuestra, en aras de que el país sufra el menor daño posible.
— ¿La celeridad de los últimos días permite revisar, lo suficiente, los proyectos?
— Yo diría que sí. Esa celeridad fue una situación de excepción por el COVID-19.
— ¿Este año que preside, la Asamblea aprobará más empréstitos para el Gobierno?
— Tengo que decir que sí. Me parece que sería un error decir que no. Hay que analizar cada empréstito en particular y el objetivo que tiene.
La inversión en obra pública, por ejemplo, reactiva la economía. No podemos renunciar a hacer las grandes obras que el país requiere, porque inyectan liquidez al mercado y crean empleo. Tampoco podemos renunciar a aquellos empréstitos que vienen a canjear deuda cara por deuda barata y favorable. Lo que no apoyaremos son aquellos empréstitos que se quieran utilizar en gasto corriente del Estado.
— ¿Cómo se le explica a un ciudadano, que con el nivel de endeudamiento que tiene el país, se aprueben más préstamos?
— Si bien es cierto que cuando una persona tiene un nivel de endeudamiento que rebasa sus capacidades, no debería pedir ninguna otra deuda en el plano personal. Y en este caso el país tiene un nivel de endeudamiento alto, porque aproximadamente el 60% del presupuesto se financia con deuda.
Pero, hay una diferencia y es que el Estado difiere de la persona en que tiene una gran cantidad de recursos. Es mucho más que el presupuesto. Es difícil hablar de una quiebra del Estado. Hay cierto tipo de deudas que, más bien van a permitir que se recupere liquidez.
— El ministro de la Presidencia dijo que en las propuestas del viernes 8 de mayo no vienen más impuestos. ¿Qué pasa si aparecen la próxima semana o en un mes?
— Yo no veo ningún ambiente en esta Asamblea Legislativa, para aprobar más impuestos en los hombros del país. Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) los costarricenses quedamos goleados. Este país está plagado de impuestos.
La empresa privada ya no soporta más impuestos sobre sus hombros mientras hay algunos sectores que no están haciendo ningún sacrificio.
— ¿Uno de esos sectores que no está haciendo sacrificios son los empleados públicos?
— Algunos empleados públicos. Hay otros que tienen un ingreso bajo y sobre esos ya no cabría ningún impuesto. De la misma manera hay otros que tienen salarios bastante importantes, que, aunque no quisieran, si podrían ser solidarios y que se les grave (el salario) en algún porcentaje.
— ¿Entonces está de acuerdo con la propuesta del Ministro de Hacienda de gravar los salarios que superen cierto monto?
—Me parece que podría ser, pero pienso que arranca de un monto muy bajo. Requiere análisis para ver a partir de dónde (de qué monto). Veo menos factible que una persona como la superintendente que tiene un salario de ¢9 millones, tenga comprometido todo.
— Usted ha insistido en entregar el monto del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC). ¿Por qué es una buena idea?
— Ahora, más que nunca, cobra importancia. Es un proyecto que ayudaría a reactivar la economía, sin aumentar el déficit fiscal y sin recurrir a empréstitos. Si les devolvieran a esos 6.800 costarricenses su ROPC, representan ¢140.000 millones que entrarían al mercado, sin afectar las arcas del Estado. Este es el momento propicio para que el proyecto salga.
Adicionalmente se le haría justicia a ese grupo de personas que no puede retirar el fondo, a diferencia de 103.000 que si lo han retirado desde el 2002 y más de 1.300 pensionados de lujo que se lo han llevado.
— ¿Qué les responde a los que dicen que ese proyecto mataría al fondo y que afectará las futuras pensiones de las personas?
— No es matar el fondo. Eso es un argumento falaz porque el fondo se compone, hoy, de ¢8,2 billones y entregarles a esas 6.800 personas su ROPC, apenas representa, ¢140.000 millones. Es decir, el fondo quedaría con más de 8 billones que ni siquiera se tocan. Hay una proyección que indica que, más o menos, a diciembre de este año el fondo será más grande que el presupuesto nacional.
Es una presunción falsa el creer que la gente va a botar la plata cuando la recibe. Somos un país de gente educada y dentro de esas 6.800 personas, la mayoría son profesionales. Donde se cae el argumento, es en que esas personas tienen pensiones de entre ¢700.000 y ¢1,6 millones, del tope de la pensión básica. El argumento que dice que caerán en estado de pobreza y que serán una carga para el Estado, es mentira.
Hay un texto sustitutivo que permitiría entregarle el dinero a las personas que se jubilen hasta el 2023 y después de esa fecha, quedaría cerrado el tubo para todo el mundo.
— En su discurso le aconsejó al presidente que aprovechara la pandemia para ver más allá de la GAM ¿Cómo lograr que la política pública llegue a la periferia?
— El presidente tiene interés en dotar a la meseta central de un moderno sistema de transporte público, su famoso tren. Ese tren será funcional sólo temporalmente, si no se cambia el modelo de desarrollo del país.
Si el modelo se mantiene centralizado y la gente sigue migrando de la periferia a la GAM, por falta de oportunidades, de los cinco millones de costarricenses, muy pronto cuatro millones viviremos en el centro. Entonces colapsará igual el nuevo tren, los hospitales, las escuelas y todo.
Cuando le digo al presidente que aproveche la situación del COVID para cambiar ese modelo, es pensando en los de aquí y los de allá. Un país es como un cuerpo humano y para que esté sano, la sangre debe irrigar a todo el cuerpo. De la misma manera los recursos deben llegar a todo el territorio.
— ¿Cómo hacer que los recursos lleguen a todo el territorio?
— El presidente podría empezar por tres proyectos fundamentales.
Uno, la nacionalización en los puntos de ingreso. Hoy entran las importaciones por los distintos puntos y se traen los contenedores hasta la aduana central para ser nacionalizados. En el camino, muchos ingresan con posta que dejan en el camino y nacionalizan los huesos, entonces pagan muy pocos impuestos. Esto sin mencionar los que se quedan perdidos en el camino. Si nacionalizamos en los puntos de ingreso, obligamos a que las aduanas funcionen y se crea empleo.
Después, las compras públicas deben ser locales, no puede ser que todo se compre a empresas de la GAM.
Lo tercero es que hay que crear incentivos específicos para que las empresas se instalen en zonas francas en la periferia. Hay concentración de zonas francas en la GAM y en la periferia no hay, porque no hay incentivos que los atraigan a ir allá.