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El pasado 19 de enero, el Café de las Sonrisas, un emblemático negocio que tenía una década de operar en Granada, Nicaragua, anunció su traslado a la capital de ese país, Managua. El objetivo era evitar la quiebra de una empresa que emplea a personas con discapacidad auditiva.
Antonio Prieto, propietario del negocio, afirmó que debido a la crisis política y económica que vive el país, tenían días en los que no recibían ni cinco clientes en una ciudad colonial acostumbrada a ver desfilar por sus calles a numerosos grupos de turistas sin importar la época del año.
Antes de la crisis, en la década del 2007 al 2017, la economía de Nicaragua tenía uno de los mejores ritmos de crecimiento de la región con un promedio anual del 4,2%.
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Daniel Ortega, quien regresó al mandato presidencial en 2007 y lo ostenta desde entonces, se jactaba de esa estabilidad económica de su país. El mandatario también logró construir una década de buenas relaciones con las empresas del sector privado bajo un sistema que él mismo denominó “modelo de consenso”.
Este modelo consistió en facilitar la apertura de negocios en el país, reducir los impuestos, ayudar a los inversionistas que querían llevar capital a Nicaragua y ejercer control sobre los grupos sindicales.
El periodo de bonanza permitió a Nicaragua mejorar sus indicadores: la esperanza de vida al nacer aumentó tres años hasta llegar a los 75,7 años, la tasa neta de escolarización primaria creció del 87% al 94% y la tasa de desempleo abierto se redujo del 7,8% al 3,7%.
Pero entre marzo y abril del 2018, todo cambió.
El derrumbe económico
La década de bonanza quedó atrás. La economía de Nicaragua empezó su debacle en marzo del 2018 por una serie de decisiones políticas que impulsó el gobierno de Ortega, una administración ya calificada como “régimen” por algunos sectores del país.
Con los ánimos sociales ya exaltados, Ortega anunció en abril una serie de reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que pretendía aumentar el monto de las cuotas que aportan los trabajadores y los patronos y que reducía un 5% las pensiones, mediante decreto presidencial.
La burbuja de equilibrio económico explotó. Nicaragua se sumió en una escalada de manifestaciones, bloqueos y enfrentamientos armados que dejó 325 muertos, 2.000 heridos y 550 personas detenidas y enjuiciadas a diciembre del 2018, según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), una institución de pensamiento independiente que se especializa en investigación y análisis.
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Pese a la relativa estabilidad económica del país en la última década, el modelo nicaragüense enfrentaba riesgos importantes que se explican por la dependencia del crecimiento de las exportaciones en un grupo reducido de materias primas que son volátiles ante los cambios de precios internacionales.
Entre enero y noviembre del 2018, la actividad económica de Nicaragua registró una caída de -4,4% en comparación con el mismo periodo del 2017, los sectores más golpeados fueron los hoteles y restaurantes, el comercio y la construcción, que reportaron reducciones de dos dígitos.
De acuerdo con el Informe de Coyuntura 2018 de Funides, la contracción de la economía generó incertidumbre en los consumidores, en los inversionistas y un fuerte deterioro en las finanzas públicas del país.
El golpe a la economía agravó el problema de sostenibilidad financiera del INSS por la reducción en el número de asegurados. La institución necesita $144 millones para financiarse este año.
La contracción en actividades como turismo, comercio y construcción aumentó el nivel de desempleo. Según Funides, solamente en 2018, la crisis provocó el despido de 453.000 personas de las cuales 137.000 están en desempleo abierto.
Los precios al consumidor aumentaron 3,9% a diciembre del 2018 en la comparación interanual, el Gobierno aplica un esquema cambiario de devaluaciones diarias que implica una depreciación del 5% anual lo que permite mantener una relativa estabilidad en el nivel de la inflación.
Reforma fiscal, ¿la salvación?
La economía de Nicaragua tendrá el segundo peor desempeño de América Latina en 2019 con un decrecimiento de -2%, según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El país, sumido en la división social, la crisis económica y la desesperanza de sus habitantes, no encuentra ningún indicio para disipar la estela de incertidumbre que le valió una rebaja en la calificación de su deuda soberana y alertas de riesgo para los inversionistas.
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El gobierno de Ortega apostó por una nueva reforma fiscal, anunciada a finales de enero del 2019, con la que pretenden recaudar un 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, hasta alcanzar el 3% entre 2020 y 2021.
El proyecto incluye un aumento del impuesto de renta a las grandes empresas que actualmente pagan 1% y lo eleva a una tasa de entre 2% y 3%.
El texto también propone incrementar el tributo selectivo de consumo para productos como bebidas azucaradas, energizantes, cigarrillos y bebidas alcohólicas.
Se amplía la cantidad de productos que tendrán que pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero excluye los de la canasta básica.
El Gobierno de Nicaragua estimó que las manifestaciones provocaron pérdidas económicas por $1.255 millones durante el 2018, además de la reducción de 87.000 empleos directos y la salida de 130.000 contribuyentes del sistema de seguridad social.
Funides considera que la reforma tributaria afectará a las grandes empresas privadas en sectores como turismo, agroindustria, exportaciones, finanzas y servicios. La institución también considera que el ajuste en los impuestos no alcanzará el rendimiento proyectado del 2,3% de la producción nacional.
Impacto para Costa Rica
Entre enero del 2018 y el 19 de febrero del 2019, 57.779 nicaragüenses ingresaron a Costa Rica, de acuerdo con datos solicitados por EF a la Dirección General de Migración y Extranjería.
Las autoridades migratorias costarricenses también recibieron 24.485 solicitudes de refugio por parte de migrantes nicaragüenses entre enero del 2018 y enero del 2019, con un evidente aumento a partir de abril, fecha en la que estalló la crisis.
El sector exportador costarricense es uno de los más afectados por la compleja situación económica y política en Nicaragua.
Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), dijo que el año pasado se registró una caída de $57 millones en las exportaciones hacia Nicaragua, lo que representan una variación negativa del 10%.
Los sectores más afectados son los aceites y barnices (-40%), aceite de palma (-33%), plásticos para envasado (-16%), medicamentos (-14%) y bebidas (-11%).
Para Mario Montero, vicepresidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), la crisis implica dos grandes problemas: la caída en las exportaciones a Nicaragua y el aumento en los costos de transporte hacia otras naciones centroamericanas porque los contenedores pasan por territorio nicaragüense vía terrestre.
Mientras Nicaragua encuentra un camino político que permita poner fin a la crisis, su economía se derrumba y con ella los empleos, los ingresos y la estabilidad de sus 6,3 millones de habitantes y de negocios como el Café de las Sonrisas.
