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Dos préstamos otorgados a Costa Rica por organismos internacionales están en la Asamblea Legislativa y su futuro depende de muchos factores; entre ellos, la concreción del acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la manifestación de señales políticas más claras por parte del Gobierno.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, pide a los diputados que aprueben el proyecto de ley 22.214 en el cual se tramitan dos operaciones por $300 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro también por $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), este último inicialmente ligado al fondo de avales y garantías.
“Para nosotros esos créditos son importantes, siempre es necesario contar con fondo de caja y ese dinero nos permite no presionar el mercado local y ahorrar en tasa de interés”, agregó el jerarca en entrevista con este medio.
El ministro afirma que el programa con el Fondo por $1.750 millones a tres años, abonará la confianza de los mercados e inversionistas lo que permitirá negociar nuevos empréstitos con organismos multilaterales a lo largo del 2021 para cambiar deuda cara por otra más barata.
Además, considera que bajo la aplicación de un ajuste fiscal respaldado por el FMI, Costa Rica podría evaluar más adelante otras fuentes de financiamiento como una nueva emisión de títulos de deuda externa, conocidos como eurobonos.
En el tintero
El Plan de Endeudamiento del I Semestre del 2020 presentado por el Ministerio de Hacienda incluyó un total de nueve empréstitos internacionales, de los cuales seis eran de apoyo presupuestario y tres estaban destinados a financiar programas específicos.
En el tintero de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso se encuentran dos préstamos, cada uno por $300 millones, que se tramitan como un sólo expediente.
El crédito con el (BID) por $300 millones se destinará al canje de deuda pública, mientras que inicialmente la operación con el BCIE, también por $300 millones, estaba dirigida a financiar el Fondo Nacional de Avales y Garantías.
Sin embargo, en una segunda versión del proyecto de ley del fondo de avales, el Gobierno planteó que esos recursos entren directo a la Caja Única y que cada año Hacienda los presupuestará de manera ordinaria para responder por los avales y garantías.
Esta posición despertó las dudas de la banca, sobre todo en momentos adversos para las finanzas públicas donde la incorporación de $300 millones al flujo de caja del Gobierno, ante eventuales problemas de liquidez, podrían redirigir ese dinero al pago de gasto corriente o transferencias.
Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, explicó que posiblemente el Ejecutivo planteará cambios al proyecto del fondo de avales para presentar una tercera versión ligada nuevamente al crédito del BCIE.
De acuerdo con Hernández, sobre estos dos préstamos no hay plazo, como sí ocurrió con los dos empréstitos del BID que se perdieron en 2020; lo cual abre una mejor perspectiva para la discusión en Cuesta de Moras.
En el plan de endeudamiento del Gobierno también figura un crédito por $50 millones proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que se debe destinar a gastos gubernamentales ante la pandemia. Ya fue aprobado por el organismo y el contrato está en negociación.
El 1.° de diciembre del 2020 la CAF aprobó una nueva línea de crédito para Costa RICA por $500 millones (similar a la otorgada en abril del año pasado), bajo el formato de apoyo presupuestario ante la crisis de la COVID-19.
Villegas confirmó que todavía están en negociaciones con la Corporación para construir el proyecto de ley y enviarlo al Congreso.
Doble fracaso
Las expectativas del ministro de Hacienda son positivas a pesar de que el 2020 dejó el fracaso de dos créditos internacionales en la Asamblea Legislativa.
El primer tropiezo tuvo lugar entre agosto y setiembre con una operación de $245 millones aprobada por el BID, que en principio se destinaría a cubrir el pago de los bonos Proteger y a “gastos elegibles”.
Sin embargo, tras una serie de confusiones entre Geannina Dinarte, entonces ministra de Trabajo y Villegas, quienes no lograron explicar claramente a los diputados cómo utilizarían $159 millones de ese préstamo; finalmente el expediente no fue aprobado.
El Ejecutivo no específico cómo se usaría el 60% del monto total del crédito que se destinaría a “gastos elegibles” y planteó la idea de redirigir esos recursos para reintegrar a Hacienda parte de los giros en bonos Proteger.
El segundo fracaso tuvo lugar en diciembre del 2020, cuando el cierre forzado del Congreso por casos de COVID-19 sepultó definitivamente otro préstamo con el BID por $250 millones.
Con esta operación el Gobierno pretendía sustituir deuda pública por otra en mejores condiciones de tasas y plazos para ahorrarse hasta $13 millones al año en el pago de intereses.
Por tratarse de un empréstito especial en el marco de la pandemia, la operación tenía un plazo de vencimiento al 6 de enero del 2021, pero el receso legislativo arrancó el 16 de diciembre y concluyó el 11 de enero.
La bancada legislativa del Partido Liberación Nacional, junto con otras agrupaciones, lideró una iniciativa de bloqueo a este contrato y se opuso tres veces a aprobar una moción para acelerar su aprobación en el plenario.
Los verdiblancos primero pidieron al Gobierno mayores recortes al gasto público en el Presupuesto Nacional 2021, luego exigieron conocer en detalle la propuesta de negociación con el FMI y, finalmente, cuestionaron que no se incorporara en el crédito el monto que se destina a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La decisión del PLN fue cuestionada y calificada como un error por los expresidentes Óscar Arias y José María Figueres.
