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Las reformas acordadas para extender la sostenibilidad del sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al menos hasta 2050, darán “el tiempo suficiente” a Costa Rica para que repiense su sistema integral de pensiones, según el director de Pensiones de la Caja Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ubaldo Carrillo.
“A como íbamos, la reserva se agotaba en el 2037; con una razón de solvencia de un 48% (...) La sostenibilidad ahora está garantizada hasta 2052, con una solvencia del 63,5%, y eso no lo puede decir cualquier sistema de pensiones como el nuestro a nivel mundial”, analizó el funcionario en entrevista con EF.
El jerarca aseguró que las reformas planteadas buscan dar “mayor equidad” al sistema de pensiones de la Caja; pues eliminan beneficios para los que, según dijo, nunca hubo respaldo financiero.
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Carrillo además destacó que ninguna de las medidas aumentan los aportes y que más bien permitirán aumentar el índice de solvencia del sistema a largo plazo del sistema, de un 48% a un 63,5%; a pesar de que los gastos en pensiones crecen más rápido que la masa cotizante.
Carrillo puntualizó que este ajuste era necesario para abrir el paso a otras discusiones mayores. Entre ellas, apuntó una mayor cobertura para trabajadores informales, la necesidad o no de diversificar las fuentes de recursos del régimen, la capacidad de inversión del propio Estado en pensiones y la forma en que se deberán integrar los aportes del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), una vez que este alcance su máxima madurez en los próximos años.
“Esta reforma lo que nos da es un espacio para seguir hablando de cómo desarrollar el sistema nacional de pensiones, no tanto el IVM por sí solo”, subrayó.
El sistema de pensiones del IVM es el más grande del país, con más de 1,5 millones de cotizantes y de 300.000 beneficiarios. Sus reservas son de ¢2,2 billones.
Medida por medida
La CCSS tomó la decisión de realizar tres reformas al régimen del IVM, las cuales se empezarían a aplicar a inicios de 2024, según prevé Carrillo.
La entidad eliminó el retiro anticipado para hombres y lo redujo cuatro años para las mujeres. También aumentó de 240 a 300 los aportes salariales que se considerarán como base salarial para calcular el monto de la pensión y restringió el otorgamiento de cuantías adicionales, una especia de plus que ahora solo podrán recibir aquellas personas con más de 25 años de cotizaciones y ya no solo de 20 en adelante.
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Según Carrillo, estos cambios buscan mayor “equidad”; pues eliminan beneficios para los que nunca hubo un ingreso que los sustentara.
El director destacó principalmente la reducción en el otorgamiento de cuantías adicionales. Estos cuantías son un punto porcentual que se agrega sobre promedio salarial para cada pensión de aquellos cotizantes que superan las 240 cuotas (20 años de trabajo).
Ahora esa cuantía solo se podrá recibir a partir de las 300 cotizaciones (25 años).
Según Carrillo, esto fue algo que se consensuó desde 2017 con sectores sindicales y sociales, pero que hasta ahora se llevará a la práctica.
En el caso de los retiros anticipados, el director señaló que estos se empezaron a aplicar en la década de 1970, pero también sin respaldo alguno en materia de ingresos, más allá de un mayor esfuerzo por parte de los cotizantes de nuevas generaciones.
“En aquel momento el sistema lo soportó porque estaba en una génesis, pero conforme el sistema va madurando no puede seguir llevando sobre sus espaldas aquello que nació sin financiamiento”, aseguró.
Carrillo explicó que las tres reformas sí tienen un impacto para los cotizantes y sus futuras pensiones, tanto en magnitud como en momento de acceso; pero subrayó que son necesarios para cerrar la brecha entre los beneficios del sistema de pensiones y sus ingresos efectivos.
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En cuanto a la ampliación en la cantidad de salarios que se usan como referencia para el cálculo de la pensión, Carrillo señaló que un sistema de pensiones debe procurar el uso de todos los salarios de la persona trabajadora como promedio. A fin de cuentas, recordó, los salarios totales son los que justifican el monto que reciben tras su jubilación.
“El sistema de pensiones venía llenando esos problemas de equidad con solidaridad intergeneracional, que se trata del aporte que hacen las generaciones futuras a través de su productividad para financiar las pensiones actuales (...) pero la equidad también debe tener un nivel adecuado”, concluyó.
