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Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los diputados de la Comisión Especial de Reforma Fiscal volvieron a aprobar, la noche de este miércoles, una moción que exonera los servicios de educación privada del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La noche del martes 4 de setiembre, los legisladores aprobaron la moción 700 que revivía todo el capítulo del IVA con una tarifa del 2% para los productos de la canasta básica y para los servicios privados de educación y salud. Luego aprobaron la moción 799 que imponía una reducción de la tasa con el fin de bajarla al 1% para los artículos de la canasta básica con la intención de que esos recursos se destinen a nutrir las pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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Este miércoles 5 de setiembre, los congresistas volvieron a aprobar la moción para exonerar del pago del IVA todos los servicios de educación privada que incluyen kínder, primaria, secundaria, parauniversitaria, técnica y universitaria.
La moción fue promovida por los diputados Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano. La exoneración del 2% del IVA para la educación privada se traducirá en ¢27.000 millones que Hacienda dejaría de percibir cada año por no gravar estos servicios.
La iniciativa se aprobó con el apoyo de los diputados Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN); Pedro Muñoz, del PUSC; José María Villalta, del Frente Amplio (FA) y Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN).
En contra de la moción se manifestaron los legisladores Yorleny León, Silvia Hernández y Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN) y Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien además preside la comisión legislativa de reforma fiscal.
Villalta destacó que el nivel más importante en el que se debe eximir del pago de impuestos a la educación privada es el universitario porque es el que presenta más niveles de exclusión por las altas tarifas que cobran las instituciones.
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Otros cambios a la reforma
Hacienda había proyectado en la propuesta inicial del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que recaudaría cerca de ¢91.000 millones entre el cobro del 2% del IVA a los productos de la canasta básica y a los servicios privados de educación.
Las mociones aprobadas por la comisión el pasado 22 de agosto “drenaron” -en palabras de Rocío Aguilar, ministra de Hacienda- esos recursos que se pretendían obtener con la reforma fiscal.
Tras una nueva negociación entre las fracciones legislativas y el Gobierno, este martes 4 y miércoles 5 de setiembre se reescribió el futuro del IVA en la canasta básica y la educación privada.
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El gravamen del 1% para los productos de la canasta básica permitirá al Ejecutivo recaudar cerca de ¢30.000 millones cada año con la condición de que el dinero se invierta en las pensiones para los más pobres. Sin embargo, el Gobierno perderá ¢36.000 millones que habría obtenido con una tarifa de 2% del IVA.
Además, en la sesión de la mañana de este miércoles 5 de setiembre, los diputados también revirtieron la moción que eliminaba el enganche salarial de los médicos. La semana pasada el oficialista Welmer Ramos había dado su voto para eliminar este beneficio que obliga al Estado a aumentar los salarios de los médicos de la CCSS cada vez que se hacen ajustes de sueldos a otros funcionarios del sector público como abogados, asistentes administrativos o misceláneos.
Ramos cambió de parecer debido a fuertes presiones de los sindicatos de salud que estuvieron haciendo lobby en la Asamblea Legislativa en los últimos días. Este miércoles, el Presidente de la Comisión Especial de Reforma Fiscal decidió votar a favor de que se mantenga ese enganche salarial que beneficia a los médicos y que cuesta millones cada año a las arcas del Estado.
Al final del proceso de discusión de mociones que se lleva a cabo en la comisión, el Ministerio de Hacienda dejará de recaudar ¢68.000 millones de los ¢468.000 millones que pretendía obtener cada año con la reforma fiscal que ingresó al foro legislativo.
Con la aprobación del 1% del IVA para la canasta básica en lugar del 2% inicial, la pérdida se estima en ¢36.000 millones, mientras que una tasa del 0% para educación privada se traducirá en ¢27.000 millones menos y en otras exenciones aprobadas por los diputados se dejarán de percibir poco más de ¢5.000 millones.
Noticia actualizada a las 7:25 p.m.
