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El 17 de diciembre el Ejecutivo envió un total de 18 proyectos de ley para conocimiento de los diputados en las sesiones extraordinarias que se reanudarán en enero, cuando los integrantes del Congreso regresen de su periodo de vacaciones.
De estos, al menos dos proyectos buscan aliviar las finanzas públicas del país. El primero es un expediente nuevo, aún sin número, bajo el nombre de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal.
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Este proyecto, según el Ministerio de Hacienda, tiene el propósito de disminuir el déficit fiscal en 0,58% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto, mediante una reducción de incentivos fiscales y del gasto tributario, así como un ajuste de las tarifas del impuesto a las rentas de capital y a las remesas al exterior.
Para ello, el nuevo texto plantea varios puntos: elimina la exoneración del impuesto a la renta que tiene el salario escolar y reduce a la mitad la exoneración que tienen los rendimientos de las operadoras de pensiones. La eliminación de la exoneración al salario escolar afecta a los empleados públicos con un salario superior a los ¢840.000 mensuales, es decir, un 23% de los funcionarios.
Además, la iniciativa incluye un aumento de cinco puntos porcentuales en las tarifas del impuesto a las remesas al exterior; así como homologar en 15% las del impuesto a las rentas de capital, las cuales tendrían una elevación temporal por dos años al 16,5%.
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción de Liberación Nacional, explicó que a partir del 11 enero analizarán los proyectos, no obstante, dijo que el Ejecutivo debería integrar un paquete de proyectos paralelos -en vez de entregar las iniciativas a “cuenta gotas”- a la propuesta que se presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI) y que continúa sin informarse de manera definitiva a los congresistas.
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Un segundo proyecto es la Ley Marco del Empleo Público (21.336), con el que se pretende generar ahorros para el Estado al pasar de un esquema salarial compuesto a un salario global para las nuevas personas funcionarias.
“No tenemos todavía la propuesta del Fondo Monetario que el Gobierno quiere presentar, por lo que sería imposible adelantarnos a si los proyectos son suficientes o insuficientes. Eso sí, el tema de empleo público sí es fundamental para la sostenibilidad fiscal del país, aún queda mucho por discutir”, dijo Chacón.
Costa Rica está a tres semanas de iniciar las negociaciones con el FMI, pero aún no ha presentado la propuesta definitiva que presentará ante el organismo; Elian Villegas, ministro de Hacienda confirmó a los diputados que las conversaciones para obtener un préstamo de $1.750 millones iniciarán en la segunda semana de enero del 2021.
No obstante, tal y como publicó La Nación, el Gobierno podría estar evaluando, para incrementar sus ingresos, la medida de incrementar el IVA en un 1% o gravar las transacciones bancarias, así como seis propuestas más que no han sido reveladas.
Gravar las transacciones bancarias fue parte de la primer propuesta fallida para el FMI, que contemplaba un impuesto de 0,3% para los primeros dos años una vez que entrara en vigencia la medida. Chacón resaltó que aún hace falta resolver cómo el Estado generará 0,6% del PIB en ingresos.
Por su parte, la subjefa de fracción de Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Shirley Díaz, señaló a título personal que aún faltan proyectos para la reducción de los gastos del Estado. Como ejemplo, citó el que su despacho ha promovido desde hace unos meses que pretende otorgar incentivos para acelerar jubilaciones en el sector público.
Otros proyectos
En el último decreto de convocatoria de proyectos para la sesión extraordinaria, también se incluyó el proyecto Reforma a la Ley General de Aduanas (aún sin número de expediente), un texto que está vigente desde 1995. La iniciativa propondrá cambios para fortalecer la lucha contra la defraudación de impuestos y el contrabando, según informó Hacienda.
Según Villegas, con dicha ley el ministerio podría alcanzar mejores resultados en la lucha contra la evasión fiscal, aunque el Ejecutivo no señaló un aproximado de cuánto podría recaudarse.
Por otro lado, a inicios de diciembre el Ejecutivo también había convocado los proyectos de ley “Transparencia sobre la participación de los servidores públicos en países no cooperantes” así como la de “Impuesto especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social (JPS)”, pero los retiró la semana siguiente para dar prioridad a la discusión del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ante la convocatoria del proyecto de lotería, Evelyn Blanco, gerenta de comercialización de la JPS, señaló que gravar los premios de lotería podría impactar en las ventas de la institución, por lo que trabajarían en una alternativa a la propuesta del Ejecutivo.
