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Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente, de manera unánime, la autorización para que Costa Rica acceda a una facilidad de Servicio Ampliado (SAF), por $1.778 millones, con el con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así lo hicieron en una sesión virtual, este miércoles 28 de abril, como acordaron los legisladores este martes.
Ahora el expediente de aprobación de financiamiento “para el programa de apoyo para la recuperación post-pandemia y la consolidación fiscal” (22433) se encamina a su discusión final en el Plenario Legislativo, último escollo para la entrada en vigor del acuerdo entre Costa Rica y la entidad internacional.
La autorización requerirá el apoyo de al menos 38 congresistas (mayoría calificada) por mandato constitucional para todo tipo de endeudamiento externo.
El financiamiento se dividiría en seis desembolsos iguales de unos $296 millones cada uno. El primero se entregaría sin condiciones, una vez que se apruebe le convenio en el Congreso; y los siguientes cinco dependerían de que el país cumpla con una serie de compromisos, incluida la aprobación de una serie de proyectos de ley y medidas administrativas de contención de gasto, para estabilizar sus finanzas a partir de 2023.
Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios, afirmó a EF que el acuerdo es importante, pero que cada proyecto de ley incluido dentro del paquete de medidas de estabilidad fiscal que el Estado se comprometió a impulsar con el FMI deberá ser analizado y enmendado antes de su votación.
Este jueves lo repitió antes del dictamen en la Comisión de Hacendarios, y también llamó al Gobierno a mantener negociaciones abiertas para concretar toda la agenda de medidas que se necesitan para acceder a cada desembolso del Fondo.
“Los proyectos presentados tienen algunas problemáticas que se deben corregir (...) lo que hace que esa negociación, revisión y revaloración sea necesaria. De lo contrario estaríamos ante las puertas de que sea el próximo gobierno el que cargue sobre sus hombros llevar adelante el resto de la agenda de proyectos”, apuntó.
Laura Guido, nueva jefa de fracción de la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), agradeció la aprobación y aseguró que el Gobierno sostendrá su compromiso para sanear las finanzas públicas. También recordó que el ajuste planteado para las finanzas públicas se concentra en dos terceras partes en cuestiones de eficiencia del gasto público, y solo una en la generación de nuevos ingresos vía reformas tributarias.
“Es absolutamente legítimo plantear la necesidad de hacer una revisión por el fondo de cada una de las iniciativas de ley contempladas en esta ruta de acuerdo con el FMI y hacia la habilitación de los recursos, pero este paso es una señal importantísima (...) atendemos los llamados de diálogo”, subrayó.
La ruta del acuerdo; sin embargo, no se ve fácil. Previo a la votación, el diputado independiente del bloque fabricista Nueva República, Harllan Hoepelman, y el diputado de Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, advirtieron que apoyan el financiamiento, pero no así los proyectos relacionados con reformas en impuestos que el Gobierno ofreció al Fondo.
“No condicionamos nuestro voto, ni estamos avalando los proyectos que vendrían”, comentó Hoepelman.
El crédito
El FMI acordó otorgar a Costa Rica 1.237,49 millones de derechos especiales de giro ($1.778 millones aproximadamente).
A cambio, Costa Rica se comprometió a a perseguir distintas medidas para revertir su déficit financiero primario (la relación negativa entre ingresos y gastos anuales, sin contar el pago de intereses), y estabilizar sus finanzas a partir del año 2023.
Algunas de esas medidas son proyectos de ley, mientras que otras, las que tienen mayor rendimiento, corresponden a cuestiones administrativas de control de gasto y política pública.
Los proyectos legislativos son los que avanzan más lentamente. En materia de gasto, la aplicación de la regla fiscal aprobada en 2018 adelanta los rendimientos.
De los proyectos de ley, únicamente el acuerdo general y la reforma al empleo público caminan hacia su votación; mientras que otras reformas legales y tributarias de las dispuestas apenas dan sus primeros pasos en comisiones legislativas.
La facilidad crediticia se pactó en condiciones blandas para el Estado.
La operación es a un plazo de 10 años, con cuatro años de gracia; y ofrece una tasa de interés equivalente en dólares de un aproximadamente 2,51%, unos 4,17 puntos por debajo del promedio que ofrece el mercado interno para operaciones en dólares en el mismo plazo.
También incluye una comisión de 0,3% anual por compromiso y de otra de 0,5% sobre cada desembolso por servicio.
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central y gobernador de Costa Rica ante el FMI, aseguró que las estimaciones disponibles indican que el Estado podría ahorrarse unos $39 millones anuales durante los primeros cuatro años de gracia, al reemplazar deuda cara con los recursos adquiridos a través del Fondo. Dicho ahorro caería poco a poco en los años siguientes.
Además, el jerarca destacó que el principal efecto del acuerdo está en la adquisición del compromiso para estabilizar las finanzas públicas en los próximos años y lo que ello representa en confianza de los mercados nacionales e internacionales para abaratar el financiamiento que requerirá el país en los próximos años.
