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La diferencia entre los números de recortes planteados por el Gobierno en el proyecto de ley del segundo presupuesto extraordinario y las estimaciones iniciales de los diputados, marcan el inicio del camino legislativo de este plan de gastos.
La nueva versión del segundo presupuesto extraordinario de la República para el 2020 inició este lunes su camino en la Asamblea Legislativa para convertirse en ley cuanto antes, por la urgencia ante la crisis económica ocasionada por el impacto del coronavirus.
El proyecto de ley 22.080, presentado la tarde del 13 de julio por el Gobierno, plantea una serie de recortes al gasto público por ¢327.974 millones que se suman a otra reducción por ¢129.700 millones si se aprueba una rebaja del 15% en la jornada de 32.000 empleados públicos que perciben salarios mayores a ¢1,5 millones mensuales.
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En total, el Ejecutivo propone un reajuste presupuestario a la baja por ¢457.674 millones. El presidente de la República, Carlos Alvarado, calificó este recorte como “el más importante en la historia”.
Sin embargo, las distintas fuerzas políticas del Congreso iniciaron un proceso de revisión del documento de 632 páginas y concluyeron que el texto realmente plantea recortes por ¢195.287 millones y endeudamiento por unos ¢663.000 millones.
Los legisladores consultados por EF coinciden en que el nuevo proyecto de presupuesto extraordinario es una “buena señal” política, pero se queda corto ante la compleja situación fiscal del país para este año.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyecta que la economía nacional sufrirá una contracción del 3,6% en 2020, mientras que el Ministerio de Hacienda estima que el déficit fiscal alcanzará el 9,7% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda pública llegará al 68,8%.
Rodrigo Cubero, presidente del Central, enfatizó, durante una entrevista el programa 7 Días, que la revisión de las proyecciones macroeconómicas podría traer un nuevo ajuste a la baja en la estimación de decrecimiento de la producción nacional.
Cuestionamientos y dudas
Esta es la segunda versión del texto después de que el pasado 11 de junio, 39 congresistas rechazaran una primera iniciativa que planteaba recortes al gasto por ¢62.000 millones, monto que creció a ¢328.000 millones en este nuevo expediente.
María Inés Solís, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que este proyecto es casi igual al anterior, pero se asigna más deuda para cubrir los gastos, por eso Hacienda proyecta un aumento en el déficit financiero para final de año.
“Se mencionan recortes, pero no dicen que aumentaron el gasto por otro lado con deuda y con otros ingresos de la transferencia del Instituto Nacional de Seguros (INS), empréstitos internacionales, el sobreprecio de los combustibles, entre otros”, apuntó la socialcristiana.
Solís aseveró que si se toman en cuenta los recortes propuestos y el aumento en el gasto, el efecto real de este presupuesto es de ¢195.500 millones (0,6% del PIB) y no de ¢328.000 millones (1% del PIB) como señala el Ejecutivo.
Sobre la diferencia de números, Ana Lucía Delgado, diputada de Partido Liberación Nacional (PLN), también indicó que el recorte no es de ¢327.974 millones, sino de ¢195.527 millones con una solicitud de endeudamiento por ¢663.000 millones.
“Desde el primer momento que se solicita la rebaja al Ejecutivo, se les pidió que los recortes debían venir sobre gasto efectivo y en rubros de calidad. No se vale que vengan a recortar gastos que sobran, los rubros de subejecución”, dijo la parlamentaria.
Para el liberacionista Roberto Thompson, el nuevo plan de gastos es una “buena señal” política, pero la cifra se queda corta frente a la estrecha situación financiera del Gobierno.
“No se puede dejar de reconocer que es una señal importante de una ruta que el país debe emprender como es recortar el gasto, aunque es insuficiente para atender las necesidades de este año. La fracción del PLN va a analizar cada una de las partidas para entender cada recorte”, agregó el diputado.
A criterio de Thompson es indispensable exigir más reducciones en caso de que fuera necesario y avanzar con otras iniciativas como la reforma estructural del Estado.
Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN), apuntó que la revisión del texto se hará con lupa y con responsabilidad.
La legisladora Laura Guido, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), considera que la propuesta del Gobierno es buena y atiende las exigencias que hicieron los grupos de oposición al primer proyecto de ley.
Según Guido, el Gobierno tuvo mucho cuidado en plantear una serie de reducciones que no afecten los servicios esenciales para mantener la operación regular del Estado frente a la crisis sanitaria, económica y social.
“Hay un reconocimiento de las diferentes fracciones de que este ajuste es histórico, nunca se había presentado algo de esta magnitud y ese esfuerzo va a requerir un análisis detallado de la Asamblea Legislativa y la disposición de tomar las decisiones necesarias”, finalizó la diputada.
Hacienda responde
Elian Villegas, ministro de Hacienda, respondió los cuestionamientos sobre la diferencia de las cifras durante una audiencia en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa la tarde de este martes 14 de julio.
La diputada Laura Guido le preguntó directamente si el monto del recorte corresponde a los ¢328.000 millones que anunció el Gobierno, o a los ¢195.200 millones que señalan el PLN y el PUSC.
“La decisión es que si el ingreso no está, entonces vamos a eliminar también el gasto correspondiente y la diferencia neta que nos quedaba era de esos ¢275.505 millones (por recortes al presupuesto), más los ¢52.486 millones (por la caída en la recaudación que disminuye el dinero a destinos específicos), son ¢328.000 millones, este monto comprende ¢50.000 millones que son intereses”, contestó Villegas
El jerarca continúo: “Yo entiendo que parte de la discusión es que esos intereses no son necesariamente una reducción de gasto. Sí les quiero decir que desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, si pudiéramos reducir mucho más los intereses sería mejor, porque es uno de los principales componentes del gasto”.
Villegas aclaró que para Hacienda la disminución que aplicaron al presupuesto corresponde a ¢327.974 millones que se componen de la rebaja neta de ¢275.505 millones al presupuesto más los ¢50.000 millones en intereses.
Vía rápida
El segundo presupuesto extraordinario se tramitará por medio de una vía rápida especial en el Congreso que se aprobó el 3 de abril mediante una reforma al reglamento legislativo.
Ante la emergencia nacional decretada por el Ejecutivo, el plenario acordó que los presupuestos pasen directamente al primer lugar en el orden del día de la Comisión de Asuntos Hacendarios y se mantendrán en esa posición hasta que se voten.
Las consultas que formule este foro legislativo deben ser evacuadas en un máximo de tres días hábiles después de su notificación a cada entidad.
El trámite de consultas obligatorias o facultativas no suspenderá el conocimiento y votación del proyecto de ley ni en la comisión ni en primer debate.
Se permite que los diputados de la comisión trabajen por medio de reuniones virtuales para avanzar más rápido con el análisis del texto.
Una vez que este foro emita sus informes sobre el texto, pasará al plenario de forma inmediata y entrará al primer lugar de la agenda para que sea conocido en la segunda parte de la sesión.
Bajo este procedimiento especial, que aplica únicamente durante la declaratoria de emergencia nacional, los congresistas podrían votar el proyecto en las siguientes semanas.
