EscucharLos diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron nuevamente, en primer debate, el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336): la iniciativa que busca introducir un sistema de salario global que sustituya al actual modelo de incentivos monetarios y que también pretende imponer nuevas restricciones a la negociación de convenciones colectivas, entre otras medidas.
La iniciativa contó con el respaldo de 36 legisladores y el rechazo de otros ocho.
A favor del proyecto votaron los diputados:
- Partido Liberación Nacional (PLN): Silvia Hernández, Carlos Ricardo Benavides, Luis Antonio Aiza, Luis Fernando Chacón, Wagner Jiménez, Paola Valladares, Ana Lucía Delgado, María José Corrales, Jorge Fonseca, Yorleny León, Karine Niño, Gustavo Viales y Roberto Thompson
- Partido Acción Ciudadana (PAC): Laura Guido, Catalina Montero, Nielsen Pérez, Víctor Morales, Luis Ramón Carranza, Carolina Hidalgo y Mario Castillo
- Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): Erwen Masís, María Inés Solís y José María Guevara
- Partido Restauración Nacional (PRN): Giovanni Gómez, Xiomara Rodríguez, Mileyde Alvarado, Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank.
- Partido Republicano Social Cristiano (PRSC): Otto Roberto Vargas
- Bloque independiente Nueva República: Marolin Azofeifa, Nidia Céspedes, Ignacio Alpízar, Carmen Chan, Jonathan Prendas y Harllan Hoepelman.
- Independientes: Zoila Volio
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En contra se manifestaron los legisladores:
- Partido Acción Ciudadana (PAC): Enrique Sánchez
- Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): Pedro Muñoz
- Partido Integración Nacional (PIN): Walter Muñoz y Silvia Patricia Villegas
- Independientes: Paola Vega, Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez
- Frente Amplio (FA): José María Villalta
Los 13 diputados restantes estuvieron ausentes: David Gourzong, Franggi Nicolás, Daniel Ulate y Aida Montiel, del PLN; Welmer Ramos, del PAC; Floria Segreda y Melvin Núñez, del PRN; Óscar Cascante, Aracelly Salas y María Vita Monge, del PUSC; y las independientes Ivonne Acuña y Shirley Díaz.
Esta es la segunda ocasión en que el proyecto se aprueba en primer debate. La iniciativa contó con el visto bueno de 32 de 47 legisladores el 17 de junio pasado; sin embargo, luego se envió a consulta de la Sala Constitucional y ese tribunal encontró vicios de fondo en la redacción propuesta en ese momento.
Tras el fallo de ese tribunal, el texto pasó a estudio de la comisión legislativa de Consultas de Constitucionalidad; la cual ajustó el proyecto según su intepretación de lo dicho por la Sala y lo remitió al Plenario para su nueva votación en primer debate.
El texto mantiene casi íntegra su redacción aprobada a mediados de año; sin embargo, eliminó la rectoría del Ministerio de Planificación para establecer normativas y escalas generales que cubran a los trabajadores con funciones “exclusivas y excluyentes” de las entidades con independencia de poder o autonomía en sus organizaciones.
El proyecto de empleo público es parte del programa de financiamiento por $1.778 millones, en tres años, que el Gobierno de la República pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Nueva versión
La Sala Constitucional analizó el proyecto de ley, tras su primera aprobación en primer debate, a mediados de año. Los magistrados determinaron una serie de inconstitucionalidades relacionadas con el impacto de dar rectoría al Ministerio de PLanificación (Mideplan) sobre cuestiones atinentes a la organización de entidades autónomas y otros poderes de la República.
Ante esto, la comisión de Consultas de Constitucionalidad del Congreso agregó una serie de coletillas a la iniciativa de ley para que las entidades con autonomía o independientes se sujeten a la normativa a través de regulaciones internas.
Estas entidades podrían definir sus propias escalas salariales, pero únicamente para aquellos trabajadores cuyas funciones sean “exclusivas y excluyentes” de sus competencias.
Además de la aplicación de escalas salariales únicas, en detrimento de los incentivos monetarios como anualidades y similares; el proyecto de ley de empleo público también establece regulaciones generales a las convenciones colectivas, de modo que no puedan aumentar el gasto público de manera significativa.
Asimismo, establece topes generales para la acumulación de vacaciones y una nueva modalidades de despido en la función pública, por la obtención de dos calificaciones de desempeño negativas en años consecutivas.
La iniciativa ahora pasará nuevamente a consulta de la Sala Constitucional, si los diputados opositores deciden enviarla nuevamente a ese tribunal. Este es un movimiento previsible y del que ya avisaron algunos de ellos, durante la discusión del proyecto en las últimas semanas.
Si no se presentase una consulta, entonces el texto podría votarse este 9 de diciembre en segundo debate.
Algunos de los diputados opositores consideran que la comisión de Consultas de Constitucionalidad se extralimitó en los cambios realizados al proyecto; mientras que otros aseguran que todavía mantiene problemas de fondo, por mantener parcialmente incluidos a trabajadores cuyas funciones no sean “exclusivas y excluyentes” de instituciones autónomas e independientes bajo eventuales regulaciones de Mideplan.
Otra tesis de los opositores a la iniciativa es que el proyecto no debería aprobarse porque incide en “materia electoral” del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y la Constitución Política prohíbe realizar ese tipo de reformas en los seis meses previos a los procesos electorales como el que se avecina en febrero de 2022.
No obstante, esa tesis fue rebatida por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, previo a la votación del texto en primer debate, ante una consulta de la presidenta del Congreso SIlvia Hrernández. Este alegó que el expediente de empleo público “se refiere a materias distintas a la materia electoral”; más bien a “la materia administrativa y la laboral”.
