EscucharLa ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, reconoció este 7 de agosto que esta cartera está pagando bonos de deuda –desde junio– sin el conocimiento de la Asamblea Legislativa.
La jerarca compareció ante la Comisión de Hacendarios días después de que se dio a conocer que la actual administración heredó un faltante de ¢600.000 millones que obligó a Hacienda a enviar un presupuesto extraordinario el pasado 31 de julio, para precisamente cubrir ese monto.
Durante la comparecencia, Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional, le preguntó a la jerarca de Hacienda si estaba amortizando deuda sin autorización del Congreso.
Se trata de ¢48.000 millones en vencimientos en los últimos dos meses.
Para obtener recursos por medio de nuevos bonos, la cartera necesita de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, en este caso un presupuesto extraordinario.
El artículo 88 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, establece que toda emisión de títulos de deuda requiere aprobación legislativa.
“Tratándose del Gobierno de la República toda emisión de títulos de deuda pública requerirá ser autorizada por la Asamblea Legislativa”, indica la legislación.
“Unos vencimientos que se debieron de haber programado para el 2019 y 2020 en adelante se concentraron en el 2018, producto de la situación que se generó en el mercado a finales del 2017, que fue el anuncio de temas de liquidez que planteó el gobierno y segundo la ausencia de los contratos de colocación. Pero no es deuda incremental y es importante que lo tengamos claro”, indicó Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.
Por su parte la diputada liberacionista indicó en su perfil de Facebook: “Preocupante la aseveración de la Ministra de Hacienda en la #comisionhacendarios de que “se está pagando amortización de deuda sin autorización”. Preocupante porque se está incurriendo en una ilegalidad al utilizar recursos que no han sido autorizados mediante ley de presupuesto nacional”.
La congresista indicó a EF que “si se paga sin presupuesto se comete delito”. La afirmación de Hernández se basa en los artículos 5 y 110, inciso F de la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
Esta normativa establece que todo gasto del Gobierno debe tener los recursos necesarios y tiene que estar incluido dentro de un presupuesto.
“Nosotros pagamos puntualmente las obligaciones y (...) así va a ser la actitud de Hacienda frente a sus obligaciones. El nivel de vencimientos que se presupuestó para el 2018 fue menor al que en la práctica se ha generado, y fue producto de la captación extraordinaria de noviembre y diciembre del año pasado”, agregó.
**Este artículo se modificó posterior a su publicación.
