La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) sigue lejos de un equilibrio financiero y empieza a sentir el ahogo de sus deudas adquiridas en los últimos tres años.
Los resultados financieros hasta el 31 de diciembre pasado daban cuentas sobre un pasivo de obligaciones por pagar a largo plazo de ¢35.789,2 millones: un monto que representa casi cuatro veces los ingresos de la entidad en todo el año pasado (¢9.676 millones).
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La empresa pública, además, registró pérdidas por ¢14.080 millones en 2021 y ¢5.738 millones en el primer semestre de 2022: datos muy duros, si se toma en cuenta que todos los ingresos de la entidad en 2021 servicios a la nave y a la carga apenas superaron los ¢9.400 millones.
A pesar de su proceso de reestructuración y de todos los rescates financieros aplicados hasta ahora, el panorama es complejo y el equilibrio sigue lejos para el gigante estatal del Caribe.
Pérdidas ‘sin maquillaje’
Si se revisan los estados financieros de Japdeva, se observa que las pérdidas de 2021 se estimaron en solo ¢1.198 millones. Sin embargo, la presidenta ejecutiva de la entidad, Sussy Wing, explicó a los diputados de la Comisión Especial de Limón, en la Asamblea Legislativa, que el dato es engañoso.
Según dijo, los estados financieros de Japdeva actualmente contemplan como ingresos propios de la institución los recursos del canon que paga APM Terminals por la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín; sin embargo, esos dineros son solo remitidos a la institución, pero esta no puede usarlos para la gestión operativa de sus funciones.
“Esos recursos deberían de estar en una cuenta pasiva y no entre los ingresos, porque se genera una mala interpretación”, afirmó.
La empresa estatal realizó nuevas cuentas dejando por fuera de sus ingresos el canon y determinó que sus pérdidas reales de 2019 al primer semestre de 2022 ascienden a unos ¢73.000 millones, y no a los ¢27.000 millones registrados en cuentas formales, explicó la jerarca.
La empresa ya enfrentaba pérdidas desde muchos años atrás por cuestiones como su abultada masa salarial, sus negocios ineficientes y la desactualización de sus tarifas desde hace una década, por problemas contables ; sin embargo, fue la entrada en operaciones de la TCM –y la falta de planificación previa ante ese hito que le quitó más de cuatro quintas partes de su mercado– la que provocó una crisis mayor para la entidad.
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Deudas de peso
Los estados financieros de Japdeva hasta el 2018 daban cuenta de que la empresa tenía pasivos por ¢6.061 millones y, de ellos, solo ¢953 millones respondían a endeudamiento de largo plazo. Sin embargo, la situación cambió abruptamente a partir de 2019.
A partir de ese año, la Junta registró préstamos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), por unos ¢20.000 millones aproximadamente, en buen parte para llevar adelante su proceso de reestructuración y de reducción de planilla.
Ese proceso de reestructuración se vio pausado por un año por un embargo judicial a las cuentas de la Junta, entre mayo de 2020 y abril de 2021; lo cual obligó a Japdeva a buscar un nuevo fondeo por ¢6.000 millones, de parte del Ministerio de Hacienda.
La presidenta Wing aseguró que, ahora mismo, el acumulado de deuda es de ¢32.296 millones por principales, intereses y otras operaciones.
Ese monto se hace menos manejable ante una realidad financiera de la entidad portuaria que sigue lejos de cualquier equilibrio. La jerarca explicó que hasta un 97% de los ingresos actuales de la empresa van a pagar la planilla y que el resto apenas puede responder a gastos de mantenimiento y pago de otras obligaciones.
Además, dijo que existen unos ¢10.269 millones de cuentas no reflejadas en los estados financieros y que agravan la situación.
Según el informe de labores de la expresidenta de Japdeva, Andrea Centeno, la brecha entre ingresos y gastos de la institución era de ¢2.650 millones mensuales en 2019, cuando se desató la crisis de la institución.
Japdeva ahora necesita recortar esa brecha de forma definitiva. Para ello tendría que terminar el plan de movilidad laboral y de reestructuración, que la expresidenta dijo haber dejado con un avance de 70%.
Según la nueva presidenta Wing, su misión será “continuar adelante” y “hacer que se cumpla la ley de transformación” de la empresa. “La reestructuración no ha sido terminada, sigue pendiente; pero para poder concluir con ella necesito tener los criterios técnicos para los ceses (de funcionarios)”, explicó.
Entre tanto, la situación no es alentadora.