De consulta multitemática a camisa de fuerza para la Contraloría: así cambió la propuesta de referéndum de Rodrigo Chaves

Chaves indicó que entre los temas podrían estar los proyectos de ley para vender el Banco de Costa Rica (BCR), para instaurar las jornadas flexibles 4x3, para abrir el mercado de la generación eléctrica y para eliminar las tarifas mínimas de los colegios profesionales; sin embargo, finalmente presentó una iniciativa con alcances mucho menores, en el que no se incluyó ninguna de esas medidas mencionadas.

De las siete ideas que pronunció hace un mes el presidente, el proyecto que llevó este 5 de junio a Cuesta de Moras para una eventual votación popular solo incluyó dos: las reformas para evitar actuales y futuras observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) que, de acuerdo con su criterio, han obstaculizado la construcción del complejo Ciudad Gobierno y de una marina en Limón, a través de una alianza público-privada bajo el impulso de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

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El proyecto, sin embargo, no solo quita funciones a la CGR relacionadas con esos proyectos. Por el contrario, lo hace de forma general para todas las contrataciones y procedimientos públicos. Su alcance es tal que la propia contralora general, Marta Acosta, declaró a través de un comunicado de prensa que la reforma “cercenaría” instancias de control claves para la transparencia y la rendición de cuentas. “Como ha sido la norma”, agregó en el texto emitido solo horas después del anuncio de Chaves, “el presidente acude como recurso a juicios de valor, falacias e irrespeto sobre cómo opera el Estado y la Contraloría General”.

Chaves se excusó por no plantear más temas en el proyecto y dijo en conferencia de prensa que eso le habría gustado, pero “uno no puede morder más de lo que las estructuras de poder en este país van a dejar que mastique”. “Les pudimos haber mandado 18 o 20 cosas que usted quiere que cambien, yo lo sé; yo hablo con ustedes, los veo en redes (en referencia a la población); pero, en vista de la hostilidad y de quienes se han alineado en contra de que usted vote, tenemos que ser muy prudentes y este sería un gran paso”, aseguró.

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Sin controles previos

Entre las múltiples reformas para reducir el margen de acción de la Contraloría, el proyecto de ley “Jaguar”, como lo llamó la Presidencia, propone cinco reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (7.428).

Una de estas enmiendas plantea cambiar la redacción del artículo 12 para dejar claro que la Contraloría no podría “interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias” de la administración pública, ni “evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa”.

También propone cambiar la redacción del artículo 17 para quitarle la potestad al ente contralor de efectuar prevenciones o dictar órdenes relacionadas con la eficiencia de las gestiones públicas; así como la del artículo 22, para dejar claro que tampoco podría suspender la ejecución de actos o contratos del Estado sin una orden judicial.

Por otra parte, la reforma también propone modificar el artículo 9 de la Ley de Control Interno (8.292).

En este apartado, agrega que la CGR solo podría “actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad”.

La contralora Acosta advirtió sobre los “serios” efectos perjudiciales que tendrían estas y otras medidas.

Sin embargo, minutos antes la ministra de Planificación, Laura Fernández, decía en conferencia de prensa que los cambios no debilitarían a la institución, sino que la “fortalecerían”, dejando que “oriente mejor sus baterías y su trabajo”.

“Aquí no se le están disminuyendo funciones a la Contraloría, aquí no se está atacando a la Contraloría, aquí no se está buscando bajar o eliminar controles, aquí no se está impulsando un debilitamiento de fiscalización o de control interno. Cuidado con interpretar eso, porque eso sería mentirle a Costa Rica”, indicó la jerarca de Mideplán.

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Junto a Fernández, el presidente Chaves aseguró que la Contraloría entonces podría centrarse en casos de corrupción y que no “corra en un solo lugar, sin avanzar ni dejar avanzar”.

Este proyecto es un nuevo episodio en la dinámica confrontativa del Gobierno con la Contraloría. Las fricciones entre ambos entes han sido la tónica en los últimos dos años, en los cuales el presidente Chaves ha acusado a la CGR de fiscalizar a su gobierno con más fuerza que a otros en el pasado y de obstaculizar proyectos por meros “formalismos”. Contrataciones por temas como compras de servicios de escáneres, para el manejo de pauta publicitaria y para la construcción de Ciudad Gobierno han sido solo algunos de los temas que han generado disgusto en el Ejecutivo.

Otras dos secciones del proyecto de ley son las que se encargan de reformas específicas para permitir la construcción de Ciudad Gobierno y de la marina a través de Japdeva, en Limón.

En el primer caso, por ejemplo, modifica el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (9.986) para permitir “el arrendamiento de bienes por construir, en proceso de construcción o construidos sobre terrenos públicos”. En el segundo, cambia el artículo 5 Bis de la Ley Orgánica de Japdeva (3.091) para que la entidad pueda reglamentar por sí misma los términos y las condiciones de alianzas estratégicas de hasta 50 años “para desarrollar inversiones de infraestructura, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y cualquier otra actividad” relacionada con sus competencias.

El plan enviado por el Ejecutivo también cambia la redacción de las funciones del subcontralor general. En conferencia de prensa, las autoridades de Gobierno aseguraron que actualmente ese es un puesto por el que se cobra un alto salario y que no tienen tareas bien definidas. Sin embargo, la norma ya señala que la persona en este puesto “será el colaborador inmediato del Contralor”, y el cambio propuesto por el Ejecutivo no agrega mayores indicaciones. Por el contrario, al igual que la ley actual, la reforma señala que “el Subcontralor desempeñará, además, las funciones y tareas que le atribuyan los reglamentos de organización”.

Entre otros motivos para no enviar más proyectos a la consulta, Chaves y Fernández hablaron sobre cuestiones como la posibilidad de que el referéndum fuera objetado por cuestiones legales relacionadas con la multiplicidad materias de las iniciativas. También dijeron que habría obligado a buscar más firmas para impulsar la consulta por la vía ciudadana y que la eventual revisión de esas firmas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podría prolongar más de la cuenta.

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El trámite del referéndum

Cuando presentó el proyecto de ley en el Congreso, en horas de la mañana de este miércoles, Chaves advirtió que plantearía el ejercicio por dos vías.

Por un lado, presentó el decreto pertinente a la Asamblea Legislativa, para que los diputados voten y decidan si avalan o no la realización de la consulta popular.

Por otro, instruyó a un “distinguido ciudadano” —que resultó ser el esposo de la diputada Pilar Cisneros, Édgar Espinoza— para pedir al Tribunal Supremo de Elecciones la autorización para recolectar las firmas del 5% del padrón electoral que se necesitarían en caso de que los diputados no accedan.

¿Cuál será la vía que emplee el Gobierno? “Lo que ocurra primero”, respondió el mandatario, consultado por la prensa.

Durante la presentación del texto en el Congreso, Chaves recriminó duramente al presidente legislativo Rodrigo Arias, de Liberación Nacional (PLN), por decir que la Asamblea no sería “tierra fértil” para las intenciones del Ejecutivo de saltarse a los diputados; así como a la legisladora independiente Gloria Navas.

En todo caso, sin embargo, le corresponderá al TSE decidir si las materias que el Gobierno plantea llevar a consulta no entran dentro de las prohibiciones de ley. Si esta entidad tiene dudas, puede pedir el criterio de la Sala Constitucional.

Estas dudas podrían existir porque el artículo 105 de la Constitución Política prohíbe llevar a referéndum cuestiones de materia administrativa, tal como señalaron los abogados constitucionalistas Esteban Alfaro y Alonso López, de las firmas Caoba Legal y Ecija Legal, para una reciente publicación de EF. Además, las funciones fiscalizadoras de la CGR fueron establecidas constitucionalmente y el proyecto de ley plantea limitarlas.