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Sandra Piszk dejó, a principios de diciembre, el cargo de ministra de Trabajo satisfecha.
Siente que puso el dedo en la llaga con una campaña que combatió el incumplimiento en el pago de salario mínimo a los trabajadores.
A esta iniciativa apuntó sus baterías y la reducción de 2,5 puntos en el porcentaje de ocupados que sufren esta situación es la fuente primordial de su satisfacción.
No obstante, en otros frentes el terreno avanzado es ínfimo. Los niveles de incumplimiento desnudados por el informe Estado de la Nación son motivo para preocuparse
Un trabajador de cada cinco no recibe aguinaldo, y a casi la mitad no se les reconoce el pago de horas extra.
Esa tarea, junto con las reformas más apremiantes para modernizar el marco legal laboral, quedaron pendientes.
Uno de cada cinco ocupados no recibe aguinaldo según el Estado de la Nación, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo?
Permítame decirle que los números del Estado de la Nación, si los compara con años anteriores, han bajado. No solo las personas que no reciben aguinaldo, sino a las que no se les respetaban otros derechos laborales. Es un número que debe preocuparnos, pero tenemos estudios que indican que en comparación con años anteriores, hay una tendencia leve pero a la baja.
¿De cuánto es esa mejora?
En salarios mínimos se bajó de 28,5% a 26%. En otras infracciones hay una pequeña reducción. Muy leve, pero hay reducción.
¿Cual es la capacidad fiscalizadora del Ministerio?
No es la que quisiéramos. Hay aproximadamente 78 posibles infracciones. Decidimos dar prioridad a las que consideramos más nocivas para el trabajador, como el incumplimiento del salario mínimo, aseguramiento, pago del aguinaldo, y algunos otros que inciden en los ingresos. Cuando llegamos, se suponía que íbamos a poder tener 58 inspectores más, y eso nunca se pudo hacer.
¿Cuántos son?
Hoy son 100 los inspectores. Hay otro tema importante y que hemos venido trabajando. La inspección se hace en dos momentos. Hay incumplimientos que no deben pasar una doble inspección. Costa Rica es uno de los cuatro países de América Latina donde los casos laborales van a los tribunales, no se resuelven en sede administrativa. Eso hace que los juicios sean largos, poco efectivos, muchas veces incluso se pierden porque pasó el tiempo. El otro tema es la educación. Los empresarios formales deben entender que la informalidad los afecta a ellos también. Hemos tratado que las cámaras capten este mensaje.
Los incumplimientos no se restringen al sector informal…
Me refiero al empresario que no paga las cargas sociales como debe ser, cuyos costos de producción son evidentemente menores. Me parece que no es un asunto solamente del Estado, aunque sea su responsabilidad. El sector empresarial tiene una función y algo que decir, pues enfrentan una competencia desleal.
¿El sistema termina protegiendo a los infractores?
Yo diría que no termina protegiéndolas. Más o menos el 40% de las empresas, no del total sino de las visitadas, son infractoras en el caso del salario mínimo. Cuando se les visita por segunda vez el 80% se ha puesto a derecho. No podría hablar de que se les protege, pero desde el momento en que el Ministerio de Trabajo no tiene recursos para vigilar a todas las empresas, la inspección no es suficientemente fuerte.
La información sobre estas infracciones es manejada con discreción, por encima de lo que corresponde.
El criterio que había aquí, respaldado por pronunciamientos de la OIT, es que al momento de la primera visita no era información pública porque se está en proceso. Al principio en cuestión de salarios mínimos no se dieron las listas; sin embargo, a raíz del recurso de amparo del periodista Alejandro Fernández, la Sala IV establece que las listas se pueden dar desde la primera vez que se infringe. No es que se trata con discreción, si alguien las pide ahí están.
Con niveles de incumplimiento como los que se registran…
Uno no puede ocultar que hay un importante grado de infracción laboral que se ha venido corrigiendo de manera muy leve.
Pero hay un alto nivel de infracción. ¿La calidad del empleo no es una preocupación?
Por supuesto. En primer lugar, es importante la creación de 190.000 empleos el año pasado, pero el empleo de calidad es una de las metas del Gobierno. No solo el Ministerio de Trabajo, también el Ministerio de Economía ha sido enfático en el tema de la formalización. El acuerdo sobre trabajo decente, cuyos principios tienen que ver con cumplimiento de obligaciones laborales, es algo de lo que se negoció con empresarios y trabajadores en el seno del Consejo Superior de Trabajo.
Fuera del sector público, son pocos los campos donde los ingresos de las mujeres están cerca del registrado por los hombres, ¿qué hace el Gobierno para garantizar la equidad salarial?
Me vuelvo a referir al salario mínimo. En términos generales, redujimos el incumplimiento en 2,5 puntos en el periodo de la campaña. En el caso de las mujeres, la reducción fue de 7 puntos porcentuales. Eso para hablarle del control. El Inamu ha realizado campañas muy amplias sobre igualdad en materia salarial. A igual trabajo, igual salario; eso es es una obligación constitucional a la que no llegamos.
¿Se requieren cambios en el cálculo del salario mínimo?
En esta administración se cambió la metodología para establecerlo. Desde 1998 hasta el año pasado, solo se reponía inflación cada seis meses. La nueva fórmula, agrega un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), medido como promedio de los últimos cinco años. Es uno de los cambios más importantes en materia de política salarial en los últimos 10 años.
Hubo un acuerdo entre trabajadores y empresarios para impulsar reformas, pero después se vetaron esas reformas. ¿Está el Gobierno entorpeciendo las negociaciones?
No, de ninguna manera. Ese acuerdo, que es una de las bases del acuerdo de trabajo decente, se logró después de siete años. El sector sindical quería eliminar los comités permanentes y estos pretendían tener rango similar al de los sindicatos. Se llegó al acuerdo de dejar las cosas como están en el Código de Trabajo y se aprobó el Código Procesal Laboral.
Que fue vetado…
Mi explicación es que nos concentramos mucho, y debo reconocerlo, en estos puntos que venían siendo álgidos entre patronos y trabajadores, y se pasaron por alto los artículos relacionados con la huelga. Revisamos los más de 200 artículos y nos damos cuenta de que los relacionados con la huelga en la prestación de servicios esenciales habían quedado, en criterio de la Presidencia, desprotegido. Esa fue la razón del veto.
Hay consenso sobre la necesidad de cambios en el esquema de empleo público, pero no se pasa de la propuesta. ¿Hay temor a los sindicatos?
El Poder Ejecutivo presentó una propuesta de anteproyecto de ley. El acuerdo al que habíamos llegado era que ese proyecto no iba a ser enviado a la Asamblea Legislativa durante seis meses, para que se formaran las mesas de trabajo. No es por temor, es porque en el Congreso hay 21 intentos de modificación a las leyes de empleo público y es preferible buscar acuerdos que nos permitan progresar con realismo.
Estamos en recta final de esta administración, ¿cuáles son las posibilidades de concretar?
Es tan importante este proyecto que se deben buscar acuerdos que le den viabilidad. Hay temas en donde podremos llegar a acuerdos. En el Gobierno Central las anualidades de los maestros son de 1,9% sobre el salario; pero en instituciones autónomas o en universidades andan por el 5,5%.
Si hay tanto acuerdo, ¿por qué cuesta tanto concretarlo?
Este país requiere de un mínimo de acuerdos para que las cosas funcionen. Con sinceridad, le digo que si bien estoy convencida de que el proyecto quizá no sea viable en su totalidad, hay partes que vendrían a solucionar el problema en forma paulatina y que sí son viables.
¿Llegó el momento de reformar el Código de Trabajo ?
Hay que hacer reformas y justamente el Código Procesal Laboral es una reforma importantísima para el Código de Trabajo . Pero hay otro tipo de reformas que se han venido impulsando sin mucho éxito. Son temas como flexibilización horaria, capacitación dual, teletrabajo, condiciones de las mujeres embarazadas en el trabajo.
¿Hay poco interés?
Diría que nos hemos concentrado en el tema procesal que era fundamental para los trabajadores y quizá otros proyectos que son igualmente importantes han tenido su transcurso en la Asamblea. No es que no se han visto.
Pero no se mueven.
Este es un país de leyes, respetuoso de las instancia. Sí debo decirle que hay una gran confusión en muchas de estas cosas. Un caso típico es el de la propina. Nosotros sostenemos que no es parte del salario, y la Sala II dice que sí; igualmente la Sala IV. No es solo un tema del Ejecutivo, sino que se ve en otras instancias.
¿Está el aparato estatal en negación sobre cambios en el empleo?
Yo diría que no es negación, es una imposibilidad de negociación. En la Asamblea prácticamente hay reformas para todas las cosas que se requieren reformar en él. Ahí están.
Exministra de Trabajo
Sandra Piszk Feinzilber ocupó ese cargo de mayo del 2010 a diciembre de 2012. Politóloga con estudios en periodismo. Fue diputada del PLN entre 1994-1997 y defensora de los habitantes (1997- 2001). Tiene 64 años.
