EscucharEl modelo de remuneración de los alcaldes en Costa Rica está plagado de distorsiones. Por ejemplo, existen diferencias de varios millones de colones entre el pago que reciben los responsables de unos cantones y los de otros, y no existe mayor relación entre el dinero que cada cantón presupuesta y su desempeño en las mediciones de desarrollo socioeconómico.
De hecho, es posible afirmar que algunos de los alcaldes y las alcaldesas mejor remuneradas son quienes comandan territorios con algunos de los peores indicadores.
¿Va a votar en las elecciones de febrero próximo? EF hizo un recuento con los datos salariales que maneja la Contraloría General de la República (CGR) de cada alcaldía. Además contrastó esas cifras con las calificaciones más recientes de cada cantón en el Índice de Competitividad Nacional (ICN), publicado por el Consejo para la Promoción de la Competitividad en 2023. Estos son los principales hallazgos:
Los montos
La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR cuenta con los datos salariales de cada alcaldía. La estimación la realizó su Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, con base en sus propuestas presupuestarias institucionales del año 2023.
De esta información se desprende que puede haber diferencias abismales entre el pago que presupuesta una municipalidad para su alcalde con otra, sin importar la distancia entre ellas o sus similitudes.
El promedio que presupuestan las municipalidades costarricenses para remunerar a los alcaldes, según la lista de la CGR, es de ¢3,4 millones por mes; sin embargo, hay diferencias de hasta ¢6 millones entre el monto más alto y el más bajo entre todos los cantones.
La municipalidad que presupuesta más recursos es la de Matina, con casi ¢7 millones mensuales; mientras que la que presupuesta menos dinero es la de Naranjo, con menos de ¢850.000.
En otras palabras, la diferencia presupuestaria entre una municipalidad y la otra puede llegar hasta ser de ocho veces la cifra más baja, a pesar de que un alcalde debe cumplir las mismas funciones y tiene las mismas responsabilidades sin importar cuál sea el territorio que dirige.
Pero el caso de Matina y de Naranjo no es el único en el que se presenta una gran diferencia. Las alcaldías de San José, Talamanca, Cartago, Siquirres, Goicoechea, La Unión, Pérez Zeledón y Santa Cruz también presupuestaron más de ¢5 millones mensuales para sus alcaldes o alcaldesas en 2023; mientras que otras como Alajuelita, Zarcero, Dota, Hojancha, Acosta, León Cortés, Alvarado, Tarrazú y Naranjo no superaron los ¢2 millones por mes.
Estos montos, sin embargo, son solo una aproximación del salario efectivo que recibe cada alcalde. Se trata de una estimación que realiza la CGR con base en el presupuesto institucional, y se debe tomar en cuenta que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) puso un techo preventivo.
Este límite es de hasta 20 veces el salario base mensual “de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública”; es decir, de unos ¢5,7 millones actualmente.
Esta norma aplica para todos “aquellos servidores cuya designación sea por elección popular, así como los jerarcas, los titulares subordinados y cualquier otro funcionario del ámbito institucional”. La ley solo exceptuó a “los funcionarios de las instituciones y los órganos que operen en competencia, así como los que estén en servicio diplomático en el exterior”.
Cuando entró a regir esta ley, en 2020, se tuvo que aplicar una serie de rebajas inmediatas. Por ejemplo, Johnny Araya, alcalde de la capital San José, pasó de ganar unos ¢9 millones a ¢5,7 millones, según reportó el medio ameliarueda.com en aquel entonces.
Pero, ¿cómo se definen los salarios de los alcaldes y por qué se dan estas marcadas distancias entre unos y otros? La operación matemática se realiza con base en el artículo 20 del Código Municipal (Ley 7.794).
Este texto señala que el salario de cada alcalde debe ajustarse según la magnitud del presupuesto de cada municipio, pero añade que los jerarcas municipales “no devengarán menos del salario máximo pagado por la municipalidad más un 10%”.
Esto siempre generó un “portillo” para que algunos jerarcas municipales pudieran recibir salarios muy altos en comparación con sus pares, tal como se desprende de múltiples reportajes sobre el tema que se han publicado en los últimos años. “Hay un portillo porque, aunque la escala salarial la define el Concejo Municipal, el alcalde tiene la facultad de contratar a una persona que venga con 30 anualidades y le justifique su alto salario”, decía a La Nación el exalcalde de Montes de Oca, Fernando Trejos, en 2014.
El Código Municipal, además, deja la puerta abierta para el pago de montos extra por concepto de prohibición para el ejercicio de actividades privadas, cuando corresponda. Según el artículo 15 de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito (8.422), se compensará con hasta un 15% del salario base a las autoridades con grado de bachilleres y con hasta un 30% a aquellos que sean licenciados o que cuenten con un título de posgrado. Por eso, “el grado universitario es determinante”, según declaró el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), Jonathan Espinoza, a Columbia.
A lo largo del tiempo se han presentado propuestas tendientes a modificar el modelo salarial de los jerarcas municipales, pero ninguna ha cuajado en la Asamblea Legislativa.
Montos vs. Rendimientos
Los salarios que pagan las municipalidades no solo carecen de cualquier relación con el desempeño del cantón económica o socialmente, sino que en algunos casos ocurre todo lo contrario y las autoridades municipales mejor pagadas son las de territorios con peores mediciones de desarrollo.
Municipalidades como Nicoya, Siquirres, Osa, Limón, Talamanca y Matina obtuvieron calificaciones “limitadas” o “deficientes” (los dos escalones más bajos en la última actualización del ICN); sin embargo, presupuestaron más de ¢4 millones para sus autoridades municipales el año pasado.
Este es un monto que supera por varios cientos de miles de colones el promedio general.
Por otra parte, cantones como Sarchí, Alajuelita, Zarcero, Hojancha y Naranjo obtuvieron fueron calificados como “emergentes” (el punto medio de la escala del ICN); pero presupuestaron menos de ¢2,5 millones para sus jerarcas; es decir, casi ¢900.000 menos que el promedio general.
Cantones como Alajuela, Santo Domingo, San Carlos, Atenas, Barva y Flores también evidencian esta dinámica.
Estos territorios obtuvieron calificaciones de “competentes” en la última medición del ICN (el segundo escalón más alto de la evaluación); pero los montos que presupuestaron para 2023 tampoco alcanzaron el promedio mensual de todos los municipios para remunerar a sus autoridades.
Elecciones municipales
Las elecciones municipales se desarrollarán el próximo 4 de febrero y en ellas participarán 3,57 millones de costarricenses, así como 77 partidos políticos (16 nacionales, siete provinciales, 50 cantonales y cuatro coaliciones).
43 de los 82 alcaldes actuales no podrán reelegirse este año, luego de la reforma que se aprobó en 2023 para eliminar la posibilidad de que vicealcaldes y alcaldes pudieran pasar más de dos períodos consecutivos en el cargo.
En los comicios de 2024 se elegirán 6.212 cargos, distribuidos en alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito.
Dos cantones puntarenenses vivirán su primera elección en este 2024. Se trata de Monteverde (con solo 3.847 votantes) y Puerto Jiménez (con 7.322), ascendidos a esta denominación en los años 2021 y 2022. Ellos organizarán sus primeros comicios internos, tal como lo hizo Río Cuarto de Alajuela en 2022 tras más de 40 años sin que se crearan nuevas divisiones territoriales.
