La posible penetración del crimen organizado en el Primer Poder de la República trajo un frenesí para las esferas políticas costarricenses; luego de que esta semana trascendiera que dos detenidos y un investigado por presunto narcotráfico registraron más de 30 visitas a diputados.

Esta última información la dio a conocer el diario La Nación.

A este episodio se suma lo acontecido con el legislador liberacionista Gustavo Viales, quien el 30 de marzo visitó un condominio en San Joaquín de Flores en donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al presunto líder de una organización dedicada al narcotráfico.

Esa visita le costó al congresista separarse de la fracción y del cargo del secretario general del partido, e incluso renunció a la inmunidad parlamentaria y a la comisión legislativa de narcotráfico.

Las noticias impactaron a los presidentes de los tres poderes de la República, quienes se reunieron la noche del jueves 28 de mayo y anunciaron que el 17 de junio presentarán un informe.

¿Qué pasó?

Esta semana trascendió que dos sospechosos de integrar una banda narcotraficante visitaron al diputado socialcristiano Óscar Cascante. El legislador mantuvo al menos 13 encuentros de apellidos Cartín Ramírez y Soto Rivera.

También se reunió con otro sujeto de apellido Cartín Herrera quien falleció recientemente, según informó La Nación.

Los sospechosos de integrar la presunta banda habrían invertido al menos $20 millones en bienes de lujo de Escazú, Santa Bárbara de Heredia, Alajuela y Limón.

Desde el 2015 estas tres personas aparecen en los los registros de ingreso a la Asamblea Legislativa.

Cascante, quien era parte de la Comisión Investigadora sobre el Narcotráfico en la Zona Sur, anunció su renuncia al grupo luego de que se dieran a conocer las visitas.

“Las visitas de las personas, hoy investigadas por la Fiscalía, fueron para conversar sobre proyectos de vivienda en los cantones de Corredores y Esparza.

Las personas de dichas comunidades, se han mostrado con un enorme interés en los proyectos respectivos, y por ello accedí a conocer la problemática para explorar la factibilidad del mismo.

Esa es la única razón por la cual me he reunido con esas personas y precisamente por ello los recibí en la Asamblea Legislativa, donde hay un registro público de quienes ingresan, dado que los proyectos en cuestión ostentan un gran interés comunal y social”, reaccionó Cascante.

Preocupación en Cuesta de Moras

Tras conocer los hechos la preocupación embargó al Poder Legislativo, por lo que diferentes diputados alzaron la voz y urgen tramitar iniciativas que regulen las visitas en la Asamblea Legislativa.

La socialcristiana María Inés Solís indicó que es momento para impulsar el proyecto Ley reguladora de las actividades de lobby y de gestión de intereses en la administración pública (expediente 21.346). La iniciativa tiene como objetivo dar transparencia a las reuniones y las audiencias que personas privadas soliciten a los funcionarios públicos tomadores de decisión.

El proyecto propone crear un registro de agenda pública, el cual registraría e informaría sobre los encuentros que se realizan durante la actividad de lobby.

“Debemos tomar este camino ya para transparentar nuestras actividades y audiencias, este es un tema que impulso desde que asumí mis funciones en aras de un parlamento abierto, por eso espero contar con el apoyo de mis compañeros diputados y diputadas para avanzar y convertir en ley esta iniciativa”, dio a conocer Solís mediante comunicado de prensa.

Por su parte, Carolina Hidalgo, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) apuesta por promover tres proyectos: la Ley Especial de Extinción de Dominio (Expediente N° 19.571); la Ley Reguladora de Actividades de Lobby y de Gestión de Interés en la Administración Pública (Expediente N° 21.346); y el Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al Deber de Probidad (N° 21.515).

“Ante las últimas noticias que establecen posibles reuniones de diputados y diputadas con personas posiblemente asociadas con redes de narcotráfico, considero que la Asamblea Legislativa tiene que tomar decisiones al respecto”, aseguró la diputada oficialista.

Además señaló que los partidos políticos deben colaborar en establecer candidaturas que no tengan vínculos con el narcotráfico.

Plan para combatir crimen organizado

Tras la reunión que sostuvieron los titulares de los Supremos Poderes (Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa; Carlos Alvarado, presidente de la República; Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia; y Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones) se acordó un plan de acción.

El informe se presentará el 17 de junio; de momento se evaluarán los marcos legales para proponer mejoras para que las acciones preventivas y punitivas sean más contundentes.

“Expresamos categóricamente nuestra voluntad de defender la democracia, la confianza y transparencia en la institucionalidad del país y el estado social de derecho”, afirmó el mandatario tras el encuentro.

Se gestionará la cooperación y asistencia de organismos internacionales y socios claves para fortalecer el trabajo de las autoridades nacionales a fin de darle la lucha al crimen organizado.

También se pretende fortalecer instrumentos como la Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados; el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo; Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción.