EscucharLos créditos “gota a gota” y el crimen organizado suelen ir de la mano. Múltiples artículos especializados documentaron cómo este tipo de préstamos ilegales se convirtieron en una práctica común en Medellín y otras zonas de Colombia en la década de los 1990, junto con el auge de la producción y la exportación de cocaína a Estados Unidos.
El mercado de este tipo de financiamientos —casi impagables por sus tasas y con gestiones de cobro generalmente violentas— nació como cualquier otro. Convergieron una demanda, una oferta y dos necesidades complementarias.
Por una parte, la necesidad de los grupos de criminales de “lavar” el dinero conseguido por medio de sus actividades irregulares y, por otro, la necesidad de financiamiento por parte de un sector de la población que se ve excluido de las vías formales de crédito por factores que van desde falta de educación financiera hasta malos historiales crediticios o condiciones migratorias irregulares, entre muchas otras más.
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El fenómeno de este tipo de créditos llegó a Costa Rica desde hace muchos años, pero cobra un mayor protagonismo ahora, cuando es señalado por las autoridades judiciales como una de sus principales causas de preocupación después de que el 2023 se convirtiera en el año más violento del país desde la Guerra Civil de 1948, con más de 900 homicidios.
“Las bandas de narcotráfico están utilizando sus ganancias para multiplicarlas a través de estos préstamos y, al mismo tiempo, financian a los asesinos a sueldo”, afirmó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en una audiencia legislativa en junio del año pasado.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) advertía desde hace cinco años sobre la incursión de “minicarteles” de la droga “criollos” en este tipo de operaciones crediticias. En aquel entonces, los préstamos se empezaban a traducir en denuncias por amenazas y así lo hizo constar la policía judicial con información que había documentado entre 2014 y 2018. Las denuncias eran de personas que acudían a las autoridades como último recurso, cuando no lograban pagar a tiempo los intereses usureros cobrados por sus prestamistas, que algunas veces habían sido acordados entre ambas partes pero, muchas otras, les habían sido impuestos unilateralmente por los segundos. Hoy se contabiliza una denuncia por este tipo de actividades y sus consecuencias cada 12 horas.
Existen pocas cifras sobre este mercado y su nivel de expansión en el país. Se trata de una actividad ilegal. Sin embargo, una encuesta desarrollada por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) entre septiembre y octubre del año pasado encontró que unas 221.000 personas de entre 18 y 65 años en el país habrían acudido a este tipo de financiamientos. Esa cifra es el equivalente a un 7,4% de ese grupo etario. Además, un 5,5% acepta haber recibido amenazas por este tipo de operaciones.
Extorsión y hasta muerte
Dos hombres de entre 40 y 45 fueron asesinados a balazos el 21 de noviembre pasado en Santa Marta de Pocosol, de San Carlos. Según indicaron las autoridades, los atacantes que dispararon desde un vehículo eran conocidos prestamistas dedicados al crédito “gota a gota”.
Esto ocurrió solo unos cuatro meses después de que se informó sobre la detención de otros dos hombres sospechosos de raptar y agredir a una adulta mayor, aparentemente, como una forma de extorsionar a uno de sus hijos, que había incumplido con el pago de una deuda similar.
Según las investigaciones judiciales, la señora de 67 años fue interceptada cuando salía de una cita médica y caminaba por la vía pública en Santo Domingo de Heredia, el 9 de mayo pasado, a las 9:00 a.m. A ella la amenazaron de muerte para que se subiera a un vehículo, la trasladaron hasta un lote baldío, le taparon el rostro con una capucha y la golpearon con un arma de fuego. Incluso le provocaron descargas eléctricas antes de abandonarla, para que su agresión sirviera como mensaje.
Estos son solo algunos ejemplos sobre la violencia detrás de este tipo de préstamos.
Si la persona ya no puede pagar el asunto pasa a “o paga usted o paga alguno de sus familiares”, resumió el asesor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Hans Sequeira, en una audiencia ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el año pasado.
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Entonces, ¿por qué las personas acuden a este tipo de créditos a pesar de estos niveles de peligrosidad?
El principal de los motivos es porque se trata de créditos de fácil acceso, los cuales se suelen otorgar sin mayores trámites ni condiciones y que muchas veces se anuncian como “soluciones fáciles” en redes sociales.
Esto los hace sumamente atractivos para aquellas personas que cuentan con restricciones para acceder al crédito formal o que tienen alguna urgencia muy puntual para conseguir los recursos, sin tener que pasar por los filtros de los bancos o las otras entidades financieras, que suelen requerir de algún tiempo (por mínimo que pueda llegar a ser) de espera.
También está la ignorancia sobre los peligros reales de este tipo de actividades y, en algunos casos, la susceptibilidad al engaño.
Las amenazas y las prácticas extorsivas muchas veces se hacen evidentes hasta que es demasiado tarde para evitarlas, según las autoridades.
“Desangramiento” millonario
Las estimaciones de la OCF, con base en sus encuestas, permiten suponer que “el préstamo “gota a gota” está asentado en el país”. Esas son las palabras que utilizó Danilo Montero, director general del think tank que hizo zoom en este fenómeno dentro de su última encuesta de crédito.
Hasta un 52% de la población encuestada por la Oficina dijo saber de qué se tratan estas operaciones crediticias.
Con base en su encuesta, la OCF intentó estimar el tamaño de este mercado. Como mínimo, señaló, se podría decir que los créditos “gota a gota” han sido un vehículo para que el crimen organizado pudiera prestar y multiplicar el valor de unos ¢44.000 millones malhabidos.
No obstante, este es un cálculo conservador y hecho “a mano alzada” por la organización. Surge de multiplicar las 221.000 personas de entre 18 y 65 años que habrían acudido a este tipo de financiamientos por unos ¢200.000 (como promedio de cada operación crediticia): una referencia relativamente baja.
“Se debe considerar la posibilidad de que el promedio por préstamo sea mayor”, reconoció Montero.
La estimación de los ¢44.000 millones tampoco contempla los montos adicionales por intereses y, en este mercado, se suelen cobrar tasas exorbitantes. A fin de cuentas, hablamos de préstamos a una población que ya agotó o que ni siquiera consideró las vías formales de financiamiento, las cuales ofrecen tasas mucho menores.
Muchas veces, explicó Zúñiga, la intención de los prestamistas ilegales ni siquiera es cobrar el crédito desembolsado, sino “desangrar a la gente de a poquitos” a través de los intereses. Por eso es usual que ni siquiera acepten recibir pagos adelantados cuando el deudor podría cancelar todo lo que alguna vez recibió.
Los prestamistas suelen trabajar únicamente con efectivo para evadir los controles bancarios y también acostumbran acudir a las casas de sus deudores por el dinero, aunque también utilizan lugares específicos como puestos de lotería ilegal para recibir los pagos.
Preocupación pública
Antes de ser director del OIJ, Randall Zúñiga fue jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del propio Organismo.
Ese era el puesto que desempeñaba en 2019 y en parte por eso recuerda cuando se publicó el informe sobre la entonces novedosas incursiones de los “minicarteles” de la droga ticos en el crédito “gota a gota”.
Así lo recordó en una reciente entrevista con el periódico La Nación, en la cual señaló que desde entonces ya se podía observar que “los grupos criminales se estaban conformando como una empresa, tenían sus divisiones y tenían su personal a sueldo”.
En esa misma entrevista reconoció que hay un aumento en la crueldad de los crímenes que realizan estos grupos.
Las denuncias por créditos “gota a gota” se han sextuplicado entre 2019 y 2023. Pasaron de 132 a 773, según información dada por el Ministerio Público a los medios. El dato de 2023 también puede leerse como un caso registrado formalmente cada 12 horas. Pero no todos llegan a estas instancias, por el tono de las amenazas.
Los créditos “gota a gota” explicaron al menos cuatro de los homicidios en 2023; sin embargo, también provocaron una cantidad importante de
El mayor incremento se dio a partir del año 2020 y el OIJ maneja algunas hipótesis. Entre ellas, el impacto que pudo haber tenido el golpe económico por la pandemia de covid-19 y la aprobación, en ese año, de la ley que fijó topes a las tasas de interés permitidas en el mercado formal (la popularmente conocida ley de usura).
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Según la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), esa ley habría excluido del sector financiero formal a decenas de miles de personas y podría estar alentando el mercado ilegal, aunque esta es solamente una presunción y no existen pruebas científicas todavía. En una línea similar, Danilo Montero opinó que la información recolectada por la OCF apunta a la necesidad de aumentar el “acceso a soluciones financieras dentro del marco de la legalidad”.
El OIJ ha informado sobre la desarticulación de varias bandas dedicadas a los préstamos “gota a gota” en los últimos meses. Sin embargo, el problema está lejos de ser controlado. Por el contrario, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, sostiene que es un fenómeno que se ve alentado por la alta informalidad laboral y las consecuencias que ella tiene sobre ese grupo de la población a la hora de buscar recursos en el mercado.
“Obviamente esta gente se aprovecha de esa circunstancia para ofrecer préstamos que en apariencia son inofensivos, pero al final generan una especie de esclavitud”, señaló en entrevista con La Nación. “Hay casos de personas que se han suicidado tratando de escapar de la presión de estas bandas y de las amenazas que constantemente les hacen”.
En la Asamblea Legislativa se impulsa un proyecto de ley que intenta mitigar el fenómeno.
El texto establecería penas de hasta 15 años de prisión para los miembros de organizaciones criminales que otorguen préstamos con tasas de interés desproporcionadamente altas, superiores a las permitidas por ley, y con agravantes en casos de coacción, amenazas psicológicas, violencia u otras tácticas ilegales para su cobro. Las penas, sin embargo, son solo una de las múltiples aristas.
El ministro Zamora, además, explicó en una audiencia ante los diputados que este es un mal que podría abrir la puerta a otro tipo de extorsiones peores.
“Hay que entender que este es el paso previo a cobrar por seguridad porque de pronto los sicarios dicen: “Usted me paga todas las semanas para que yo no le haga nada”, entonces empiezan a decir, “¿Por qué les tengo que dar un préstamo si al final me van a pagar siempre? No ocupo dar ese préstamo inicial, voy a empezar a decirle a él y sus vecinos que me tienen que pagar la misma cantidad para que no les haga daño” (...) ya generó el escenario de terror previo para brincarse el préstamo “gota a gota” y ejercer el mismo acto extorsivo sin esa necesidad”, advirtió.
Al igual que las advertencias de 2019, esta podría ser una premonición.
