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Este jueves 12 de noviembre el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias anunciaron que Costa Rica firmó un tercer acuerdo para la vacunación contra la COVID-19. La más reciente alianza fue con la empresa AstraZeneca que desarrolla la vacuna candidata AZD1222 junto a la Universidad de Oxford.
Las autoridades indicaron que la vacuna podría estar disponible en el primer trimestre de 2021 si los ensayos clínicos resultan exitosos y si el medicamento recibe la aprobación de las agencias consultoras.
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Mediante este pacto se dotaría de un millón de dosis al país, lo cual permitiría inocular a 500.000 personas pues son necesarias dos aplicaciones por cada individuo.
Este acuerdo se suma al de Pfizer y BioNTech que brindaría vacunas para inmunizar a 1,5 millones de personas (entregas iniciarían en el primer semestre del próximo año), y al mecanismo COVAX-Facility, que contempla una cobertura poblacional de poco más de un millón de personas.
Mediante estos tres acuerdos el país garantizaría vacuna para 3 millones de personas, lo que significa un acceso para cerca del 60% de la población, de acuerdo a cálculos realizados por EF.
“Este importante avance en la tarea de prepararnos para vacunar a la población cuando las vacunas estén disponibles es resultado del gran trabajo que ha venido desarrollando la Comisión Nacional de Vacunas y refleja nuestro compromiso primordial de proteger la salud y la vida de la ciudadanía frente a la pandemia, utilizando todos los medios a nuestro alcance”, señaló el Presidente de la República, Carlos Alvarado.
Cada dosis tendrá un precio a costo de $4 y el precio no incluye los gastos de distribución pues estos serán adicionales.
Los ensayos clínicos Fase II/III se desarrollan en Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, mientras que los ensayos clínicos Fase I/II están en curso en Sudáfrica, Japón, Kenia y Rusia. Los estudios determinarán la protección de la vacuna contra el COVID-19 y medirán la seguridad y respuesta inmunológica hasta en 50.000 participantes de un amplio rango de edad, diversos grupos y geografías.
La compra se realizaría mediante el Fondo Nacional de Emergencias bajo el mecanismo de excepción que contempla la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Nº 8.488).
