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Este lunes 21 de setiembre el Gobierno anunció que destinará ¢7.200 millones para la compra de la vacuna contra la COVID-19, como un primer adelanto para cuando las dosis estén disponibles en el mercado internacional. El dinero se incluirá en el tercer presupuesto extraordinario que se presentará hoy ante la Asamblea Legislativa.
Los recursos provienen del ahorro en intereses por gestión de la deuda interna y externa, de créditos aprobados por la Asamblea Legislativa y que cuentan con condiciones más beneficiosas para cambiar deuda cara por otra más barata. Así lo informó el Ministerio de Salud mediante un comunicado de prensa.
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“Los recursos para comprar vacunas se cubren con una rebaja en la partida de intereses de títulos de valores de largo plazo”, indica el comunicado de prensa.
Una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto analizan los avances de seis vacunas desarrollas por AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Sinofarm, Moderna y el desarrollo ruso Sputnik V (todas ellas se encuentran en fase 3).
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Este grupo recibe información técnica y logística de cada uno de los desarrollos.
“La estrategia es analizar las que están en etapa más avanzada de investigación, hacer un análisis técnico de lo que ya han publicado, hacer un análisis de la fecha probable de distribución para elegir una o más posibilidades y negociar con ellos la vacuna”, afirmó Pedro González, ministro a.i. de Salud, el 10 de setiembre a este medio de comunicación.
Para acceder a la vacuna el país establecería acuerdos bilaterales con una o más casas farmacéuticas y mediante una alianza con el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax).
Este es un mecanismo internacional impulsado por la Organización Mundial del Comercio (OMS) para asegurar acceso a la vacunas contra la COVID-19.
“Valorando tiempos de entrega del producto, como se ha indicado anteriormente, en primera instancia se vacunará a aquellos grupos de riesgo y personal de primera respuesta. La definición de población vulnerable se realiza según lo establecido por la Comisión Nacional de Vacunas. Todos los productos de los que se ha recibido información son para mayores de 18 años”, se indicó mediante el comunicado de prensa.
En este contexto se debe considerar que la Comisión Nacional de Vacunas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) asesora los elementos técnicos de la inmunización.
Los ¢7.200 millones serán asignados al Ministerio de Salud para que sean transferidos a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), entidad que cuenta con mecanismos más expeditos para realizar la compra.
Mecanismo de excepción para la compra
Este lunes también se informó que para la adquisición de la vacuna se aplicará un régimen de excepción que le permitirá a la CNE desarrollar procedimientos de emergencia para atender esta situación extraordinaria.
Este proceso ya se analizó por la Sala Constitucional y por la Contraloría General de la República (CGR), explicó Eduardo Mora, asesor legal de la CNE.
“¿Qué implica el régimen de excepción? Salirnos de los trámites normales de contratación administrativa para realizar una adquisición de suministros de una manera expedita pero que garantice la compra”, agregó Mora.
Para eso se aplicará el decreto 42.227 con el que se hizo la declaratoria de emergencia nacional y a partir de ese instrumento se hace la habilitación de los recursos.
“¿Por qué es un proceso tan sui generis, porque la ley prevé pocos escenarios para las compras internacionales que no están reguladas (...). Hemos determinado a dónde tenemos que hacer mejoras en la reglamentación y ya se implementan mejoras en la reglamentación del Ministerio de Salud y la Caja. Estamos creando una fortaleza legal alrededor del procedimiento para que haya seguridad jurídica”, aseguró el asesor legal de la CNE.
Los recursos que se manejen a través del fondo de la CNE tienen la ventaja presupuestaria de que se mantienen en ejecución mientras dura la emergencia. Es decir, se van a poder mantener activos el año entrante.
El régimen de excepción será vigilado por auditorías institucionales. Este procedimiento normalmente se aplica para recuperar obra pública que sufre daño durante las emergencias, pero ahora se aplicará para hacer las adquisiciones de las vacunas contra la COVID-19.
Costa Rica registró 1.187 casos nuevos de COVID-19 el domingo 20 de setiembre y 703 casos este lunes 21 de setiembre, para un total de 65.602 casos confirmados por COVID-19.
