EscucharCasi siete meses después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invitara a Costa Rica a formar parte de los países que la integran, los diputados aprobaron en primer debate el protocolo de adhesión, uno de los pasos restantes para formalizar la participación del país en el grupo.
Se trata del expediente 22.187 “Aprobación del Acuerdo sobre los Términos de la Adhesión de la República de Costa Rica a La Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Con la aprobación de esta iniciativa, Costa Rica acepta las obligaciones de la membresía de la organización; además manifiesta su interés en participar en ciertas actividades y órganos de la OCDE a título opcional, la terminación de acuerdos previos con la organización y su aceptación de cumplir con sus compromisos posteriores a la adhesión.
Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, agradeció a los diputados la aprobación del protocolo y reconoció el trabajo previo de la actual Asamblea Legislativa que conllevó la aprobación de 14 leyes, necesarias para la adhesión a la OCDE, en menos de 13 meses.
“Esto representa solo el primer paso de un camino de mejora continua que vamos a seguir impulsando para traducir estas recomendaciones en mejoras en la política pública y la eficiencia de nuestras instituciones, lo que permitirá llevar más desarrollo y empleo”, dijo Valenciano.
Tras la aprobación del protocolo en primer debate, el texto debe ir a consulta a la Sala Constitucional. Luego, si es aprobado en segundo debate, deberá recibir la firma del presidente de la República para posteriormente depositar el documento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, para su reconocimiento. Al día siguiente Costa Rica se convertiría en el miembro número 38 de la OCDE.
Detalles de adhesión
Para ingresar, la Organización evaluó al país a través de 22 distintos comités en materias como pesca, salud, comercio, agricultura, entre otros.
El expediente N.° 22.187 consta de cuatro artículos que definen las reglas del juego para poder ser miembros formales de la OCDE.
El artículo 1 pretende la aprobación del acuerdo y estipula los términos de la adhesión de Costa Rica a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este documento también es conocido como Acuerdo de Adhesión y es el instrumento jurídico de derecho internacional público donde el país acepta las obligaciones que conlleva la membresía.
El artículo 2 crea el Consejo Rector Nacional para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, también conocido como Consejo Rector Nacional para la OCDE. Una instancia que será responsable de la aprobación y seguimiento del plan de trabajo que el Estado deberá desarrollar y promover en el marco de la organización.
Este consejo estará integrado por el ministro de la Presidencia; el ministro de Relaciones Exteriores y Culto; la ministra de Planificación y Política Económica; el Ministro de Hacienda; y el ministro de Comercio Exterior. La aspiración es que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) presida y ejerza la Secretaría Técnica del Consejo Rector para elaborar el plan de trabajo, según consta en el texto base.
La tercera norma de la ley estipula el presupuesto, el pago de la cuota y otros temas relacionados con la llegada del país hasta la organización. Para eso Comex deberá de incluir en el anteproyecto de presupuesto ordinario que se presenta ante el Ministerio de Hacienda el rubro que se destinará para ese fin.
El artículo 4 del proyecto contempla una reforma a la norma 5 de ley 9.154., legislación que lleva por nombre: Aprueba Acuerdo que establece asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprueba Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.
En este caso la modificación al artículo sería para que el Poder Ejecutivo —el presidente de la República y el titular de Comex— establezca la conformación de la delegación permanente, eso sí previa consulta al Consejo Rector.
