Escuchar
El Congreso dio su aprobación definitiva, este 19 de julio, al programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional por $1.778 millones en tres años, a cambio de que el país implemente medidas para sanear su desequilibrio fiscal y alcance un superávit primario del 1% del PIB en 2023.
El convenio con el Fondo se aprobó con el visto bueno de 44 de 51 legisladores presentes. Requería el respaldo de al menos 38 congresistas, según establece la Constitución Política, por tratarse de una operación de endeudamiento externo.
A favor votaron:
- PLN: Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado, Luis Fernando Chacón, María José Corrales, Wagner Jiménez, David Gourzong, Antonio Aiza, Carlos Ricardo Benavides, Jorge Fonseca, Paola Valladares, Yorleny León, Gustavo Viales, Roberto Thompson, Aida Montiel, Karine Niño
- PAC: Laura Guido, Mario Castillo, Luis Ramón Carranza, Catalina Montero, Nielsen Pérez, Carolina Hidalgo, Víctor Morales, Welmer Ramos, Enrique Sánchez, Paola Vega
- PUSC: Pablo Abarca, María Inés Solís, María Vita Monge, Erwen Masís, Pedro Muñoz
- PRN: Mileyde Alvarado, Carlos Avendaño, Xiomara Rodríguez, Eduardo Cruickshank
- BINR: Ignacio Alpízar, Carmen Chan, Jonathan Prendas, Marolin Azofeifa, Xiomara Rodríguez, Floria Segreda, Harllan Hoepelman
- PRSC: Otto Roberto Vargas,
- Independientes: Erick Rodríguez, Zoila Volia, Ivonne Acuña
En contra:
- PIN: Walter Muñoz, Patricia Villegas
- PUSC: Shirley Díaz
- PLN: Daniel Ulate
- FA: José María Villalta
- PRN: Melvin Núñez
- Independiente: Dragos Dlanescu
Con la sola aprobación de este programa por parte de la Asamblea Legislativa, Costa Rica podrá acceder a un primer tracto por $296,5 millones, aproximadamente; es decir, una quinta parte de las necesidades mínimas de financiamiento externo que Hacienda espera obtener en lo que resta de 2021 (unos $1.500 millones), según dijo el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en una reciente entrevista con EF.
El Banco Central (BCCR) aseguró en su último Programa Macroeconómico que este acuerdo con el Fondo es esencial para que el país cumpla con sus expectativas de recuperación económica en los próximos años.
Además, se trata de una iniciativa que política y financieramente tendrá efectos sobre dos administraciones, que deberán llevarla a buen puerto. Solo en el plano monetario, una mitad de los recursos podrían estar disponibles durante la actual administración y otra mitad durante la siguiente.
El programa de financiamiento con el Fondo implicaría seis desembolsos. Aparte del primero (ligeramente mayor que los demás), Costa Rica podría acceder a cinco tractos adicionales disponibles en 2021, 2022 y 2023, siempre y cuando cumpla con las metas fiscales y las reformas estructurales convenidas hasta la mitad y el final de cada año.
El acuerdo de financiamiento en realidad no se negoció en dólares, sino en derechos especiales de giro (DEG): la unidad de referencia del Fondo. Al momento de la negociación, las partes convinieron un acuerdo por 1.237,49 DEG, unos $1.778 millones según el tipo de cambio vigente de entonces.
Confianza y compromiso
La aprobación en el Congreso del acuerdo con el Fondo emite una señal de confianza para los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, también representa un importante compromiso para el país.
La meta de revertir el déficit financiero primario y alcanzar un superávit del 1% del PIB a partir de 2023 dependerá en gran medida de que la actual administración y la siguiente logren concretar medidas que reduzcan el gasto e incrementen los ingresos del Estado.
El Gobierno de la República ya propuso una agenda al Fondo para conseguir el objetivo, la cual contó con el aval técnico del organismo.
Dos tercios de ese ajuste fiscal –propuso el Ejecutivo– provendrían de la aplicación de medidas administrativas y de contención de gasto, como el cumplimiento estricto de la regla fiscal ya aprobada como parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635); de la aplicación de decretos y otros ajustes de gasto; y de la implementación del plan de empleo público, que ya se aprobó en primer debate en el Congreso y actualmente está en consulta de constitucionalidad.
El tercio restante correspondería a nuevos ingresos, los cuales se obtendrían a través de cinco distintos proyectos de ley (cuatro en materia tributaria y uno relacionado con una contribución temporal de las empresas del Estado).
Costa Rica deberá cumplir con esa ruta o con medidas de un mismo efecto fiscal si quiere cumplir las expectativas del Fondo, para acceder a los cinco desembolsos restantes. Este, comentó desde marzo pasado la calificadora de riesgo Fitch Ratings, será el principal reto de Costa Rica.
La entidad especializada aseguró que “el estricto cumplimiento de las metas fiscales del programa del FMI ayudaría a aliviar el estrecho espacio fiscal de Costa Rica”, pero advirtió de que “estas medidas (las del FMI) están supeditadas a la aprobación del Congreso y al apoyo político para la consolidación fiscal más allá de la actual administración”.
LEA MÁS: Proyectos de impuestos de la agenda del FMI ya tienen opositores férreos en el Congreso
Hasta ahora solo el proyecto de reforma al empleo público recibió su aprobación en primer debate. Los otros cinco proyectos con un impacto fiscal directo no ven luz fuera de las comisiones legislativas a las que fueron asignados.
Estos cinco proyectos plantean:
- Un aporte extraordinario por parte de todas las empresas estatales del 0,2% del PIB, por cuatro años, a partir de sus utilidades
- Una reforma al impuesto de rentas personales, que ampliaría la cantidad de contribuyentes del impuesto a través de un sistema de “renta global”
- Un impuesto a los premios de lotería superiores a medio salario base (¢231.100)
- Una reforma que modificaría integralmente al impuesto popularmente conocido como “a las casas de lujo”, y
- Una eliminación de exoneraciones que, entre otras reformas, incluiría eliminar la no sujeción al Impuesto sobre la Renta del salario escolar; estandarizar en un 15% el cobro a las rentas de capital (y aumentar su tasa 1,5 puntos por dos años) y adicionar 5 puntos porcentuales a las tasas sobre las remesas
Los proyectos en materia tributaria son los que padecen de un ambiente más complicado en el Congreso. Varios diputados, e incluso fracciones completas, reniegan de siquiera analizar estas iniciativas.
Fuerte responsabilidad
Cualquiera que sea la ruta, Costa Rica deberá hacer frente a una fuerte responsabilidad: cumplir las expectativas de recuperación fiscal convenidas con el FMI, que trascienden el acuerdo con el organismo.
Así lo explicó desde el 27 de abril pasado, el presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador de Costa Rica ante el Fondo, Rodrigo Cubero; quien subrayó que incumplir al Fondo podría sumergir a la economía costarricense en “un shock muy negativo”.
“Una vez que se suspende el programa, no solo no habría más desembolsos sino que se anuncia públicamente que el programa está suspendido, lo que en inglés llamaríamos off-track. Eso significa que la comunidad internacional entiende que el país no está cumpliendo con sus metas, con un impacto muy negativo sobre los diferenciales de tasas de interés que tiene que pagar el país tanto en los mercados domésticos como internacionales”, describió.
El ministro Villegas agregó a EF que una situación como esta seguramente se reflejaría en “situaciones desagradables para la economía y una afectación en la calidad de vida de la gente”, a través de indicadores como tasas de interés, tipo de cambio o inflación.
Primera evaluación
La primera evaluación de cumplimiento por parte del FMI está pactada para el tercer trimestre de este 2021 y contemplará el avance de Costa Rica hasta este mes de julio. De su resultado dependerá que el país acceda o no a un segundo tracto de $296,3 millones, aproximadamente.
Esa revisión contemplaría el cumplimiento de medidas estructurales de referencia como el plan de empleo público, así como algunas metas cuantitativas relacionadas con los niveles de endeudamiento y de déficit financiero.
El país no debería superar un déficit primario de ¢390.000 millones (poco más de un 1% del PIB) hasta julio, y la deuda pública tendría que mantenerse por debajo de ¢26,6 billones: dos objetivos que caminan bien por el momento.
Si Costa Rica supera esta revisión, podría optar por recibir el tercero de seis tractos a inicios de 2022 con base en una nueva revisión del avance hasta diciembre de este año.
La operación es en condiciones blandas, a un plazo de 10 años (con cuatro años de gracia) y con una tasa de interés equivalente en dólares de aproximadamente 2,51% anual. También incluye una comisión de 0,3% anual por compromiso y de otra de 0,5% sobre cada desembolso por servicio.
