La Ley de Contratación Administrativa (7.494), que está vigente desde 1996, es un mecanismo desfasado, que entraba los procedimientos del sector público y que no responde a las necesidades del país. Por eso la Asamblea Legislativa tiene bajo la lupa una iniciativa que pretende modernizar y hacer más eficiente la legislación.

Desde el pasado 8 de noviembre el proyecto Ley General de la Contratación Pública (21.546) entró a la corriente legislativa, y actualmente es analizado por una Comisión Especial presidida por la diputada liberacionista, Ana Lucía Delgado.

El texto pretende que las contrataciones –de bienes, servicios y obra pública– sean más transparentes y eficientes, al incorporar todos los procedimientos al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), para dar mayor publicidad y asegurar la transparencia de todos los procesos.

Esta es una piedra en el zapato para el Gobierno pues a enero del 2019, la herramienta electrónica contaba con 211 instituciones incorporadas y 102 no habían acatado la directriz del Ministerio de Hacienda, según datos publicados por este semanario.

El proyecto de ley es amplio y algunas de la reformas que propone es la disminución de más de 20 excepciones de la legislación actual a cinco o seis, para que las contrataciones se realicen con procedimientos ordinarios simples; se pretende dar prioridad a las pymes para contratarlas de acuerdo a la zona donde se desarrollen los proyectos; además de imponer sanciones para aquellos actores que realicen apelaciones abusivas para aletargar los procesos.

Por su parte, el sector productivo ve con buenos ojos la iniciativa de ley, para así dejar atrás una normativa que cuenta con más de 20 años de rezago. El Gobierno es el mayor comprador y según el Banco Mundial el costo por la mala asignación de compras públicas asciende a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), indicó Shirley Saborío, vicepresidenta ejecutiva del Consejo de la Promoción de la Competitividad (CPC).

Transformaciones

El proyecto de ley está en una comisión especial presidida por Delgado e integrada por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca; la liberacionista Silvia Hernández; el frenteamplista José María Villalta; la oficialista Carolina Hidalgo; Eduardo Cruickshank del Partido Restauración Nacional (PRN); y el independiente Erick Rodríguez.

Uno de los cambios medulares es disminuir a cinco o seis las más de 26 excepciones que contempla la Ley de Contratación Administrativa. Actualmente una parte importante de las contrataciones se realiza mediante procesos de excepción y no mediante licitaciones. El proyecto promueve los procedimientos ordinarios con mayor simplicidad.

Las excepciones que se mantendrían son los acuerdos celebrados con otros Estados; la actividad contractual sometida a un proceso especial de contratación; si se determina que hay un único oferente; o en la contratación de medios de comunicación para divulgar información institucional; así como en las contrataciones de capacitaciones abiertas al público en general.

Además se pretende eliminar la contratación directa y dividir los procedimientos ordinarios en licitación mayor y licitación menor.

Establecer cláusulas que permitan la contratación de pymes en diferentes partes del territorio nacional, es otro de los cambios propuestos. De esta forma, si una pequeña empresa de la zona sur se entera –mediante el Sicop– de un proyecto en esa región, se le da prioridad para no hacer una contratación en San José y no incrementar los costos, explicó Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).

Durante el 2016 la participación de las microempresas en las ventas de la administración pública representó el 9%, seguido de las pequeñas empresas con el 27%, las medianas 30% y las grandes compañías tuvieron un peso del 34%, según datos en la exposición de motivos de la iniciativa.

También se pretende integrar nuevamente a todas las instituciones públicas a la futura ley para tener un solo régimen de contratación. Actualmente las entidades aprovechan cualquier modificación legal de sus competencias para hacer sus adquisiciones fuera de la Ley de Contratación Administrativa.

Tal es caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) o el Instituto Nacional de Seguros (INS), por citar algunos ejemplos; lo que ha producido una maraña de leyes con regulaciones particulares que comprometen la seguridad jurídica.

“Otro tema importantísimo es que todas las apelaciones o revocatorias con uso abusivo, con mala fe o para dilatar procesos, quedan limitadas con sanciones correspondientes y antes no esto se contemplaba”, manifestó Delgado.

Los montos de las multas oscilarían entre el 0,5% y el 1% del monto del umbral de la licitación mayor o menor, y estas serían impuestas por la Contraloría General de la República (CGR) o la Administración.

Sector productivo celebra

Mientras el texto es analizado en comisión especial, el sector productivo ve con buenos ojos la actualización de una ley que fue aprobada hace más de 20 años y que tuvo una insuficiente reforma en el 2006.

“Consideramos que es necesario realizar ajustes que permitan la trazabilidad de los trámites, de forma que se pueda cumplir los plazos ya regulados y quién está a cargo del mismo”, aseguró Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

Legislar de la mano de la tecnología para que los controles sean más fáciles de implementar, es una consideración que hace Saborío.

“A diferencia de la mayoría de otros intentos de ley, esta propone un cambio total de la ley, recoge todas las demás ideas y coloca sobre la mesa los procesos de planificación y ejecución que han estado ausentes”, agregó la vicepresidenta ejecutiva del Consejo de la Promoción de la Competitividad (CPC).

El presidente de la Uccaep, también está en la misma línea, pues considera que al ser una modificación integral la futura ley ayudaría a mejorar el sistema. Sobre todo, porque la contratación se realizaría en condiciones de competencia entre el sector público y privado.

La comisión especial que estudia el texto actualmente recibe en audiencias a la Contraloría General de la República (CGR) para profundizar detalles de la contratación, posteriormente se recibirán consultas de todas las instituciones públicas para tener retroalimentación.

Este grupo tiene un plazo de hasta seis meses para dictaminar el proyecto y luego pasa a discusión al Plenario aunque “la idea es avanzar lo antes posible”, indicó la presidenta de la comisión.