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Cualquier observador que le lleve el pulso al acontecer diario de la Asamblea Legislativa −incluidos sus aciertos y sus días de contiendas entre congresistas− podría identificar que la “luna de miel” entre el Gobierno y el primer poder de la República, sin duda, llegó a su fin.
La urgencia por atender la pandemia a nivel de salud y por buscar recursos económicos para dar subsidios a quienes perdieron sus empleos y sus ingresos, parece ser una etapa de otro tiempo, quizás no muy lejano, pero sí ajeno al actual ambiente político que se respira, otra vez, en los pasillos de Cuesta de Moras.
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Atrás quedaron aquellos días que iniciaron el 21 de marzo, cuando el plenario aprobó una moción para trasladar sus sesiones al Auditorio Nacional y con este cambio crearon un sistema de trabajo basado en tres mesas temáticas que discutían y corregían los proyectos de ley para aprobarlos mucho más rápido de lo normal.
Entre el 13 de enero y el 29 de abril de este año, el Congreso recibió una agenda de 79 proyectos de ley presentados principalmente para atender la emergencia del coronavirus en sus diferentes dimensiones. Nueve lograron su aval en el pleno legislativo en ese mismo periodo.
El nuevo orden de la Asamblea se reescribió el pasado 1.° de mayo, no solo con la nueva alianza política que llevo a la presidencia al restauracionista Eduardo Cruickshank, sino también con el restablecimiento de las comisiones en las que el análisis y la discusión de los textos es más profunda, pero intrínsecamente más trabada y lenta.
El rechazo al segundo presupuesto extraordinario impulsado por el Gobierno fue la señal más vehemente de que los diputados ya no van a conceder lo que califican como “cheques en blanco” al Ejecutivo, si no encuentran verdaderos recortes al gasto público y menos señales contradictorias de sus interlocutores, como, por ejemplo, Marcelo Prieto, el novel ministro de la Presidencia.
Una pared legislativa
No es que se haya acabado “la buena fe” de los congresistas, es que la coyuntura actual exige medidas extraordinarias más fuertes por parte del Gobierno.
Esta es una reflexión en la que coinciden Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN); Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN); y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), consultados por EF.
El pasado 11 de junio, con 39 votos en contra, el pleno rechazó el segundo presupuesto extraordinario. El argumento de la oposición se basa en que si los ingresos tributarios caerán casi ¢1 billón este año, no es posible que el recorte al gasto sea de apenas ¢62.000 millones.
Con este plan de gastos el Ejecutivo pretendía redirigir ¢183.000 millones a la amortización de la deuda pública con dinero de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
También destinaría ¢34.334 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para compensar la reducción de los ingresos por el ajuste en la base mínima contributiva.
Se incluyó la transferencia por ¢75.000 millones que el Instituto Nacional de Seguros (INS) giró al Estado para financiar los bonos Proteger, aunque este desembolso ya fue aprobado en una ley previa.
Además, propuso una reducción de gastos de ¢62.453 millones que se debe principalmente una baja en el pago de la deuda pública para canjear financiamiento interno por externo.
Todas estas señales contenidas en el presupuesto nacional encendieron las alarmas de las bancadas de oposición que le piden al Ejecutivo verdaderos recortes al gasto público en tiempos de pandemia.
“No es que se acabo la ‘luna de miel’, es que pedimos algunas cosas de manera responsable como supervisar mejor el uso de recursos del plan Proteger que se otorgan sin ningún condicionamiento. Lo mínimo que se hizo fue solicitar informes cada 15 días para saber cómo avanza este tema”, apuntó la legisladora Hernández.
El mensaje del Gobierno tras el rechazo del presupuesto fue de alerta. Diferentes jerarcas se mostraron muy preocupados porque, según ellos, ya no hay dinero para dar más bonos Proteger. Incluso, el ministro Prieto aseveró que sería mejor cerrar la plataforma digital por la cual se solicitan estas ayudas económicas, aunque luego se desdijo.
“No se puede legislar en parches y esa forma de hacerlo provocó que cometiéramos un montón de errores, como la moratoria del Impuesto al Valor al Agregado (IVA) que vino a beneficiar a los grandes supermercados y a hacerle un hueco a las finanzas públicas. Hace falta una visión integral del Gobierno y mensajes que generen confianza”, apuntó el socialcristiano Pedro Muñoz.
Contradicciones y el FMI
Las contradicciones en los mensajes del Ejecutivo también pesan en su ahora resquebrajada relación con el Congreso.
Los recientes mensajes confusos del ministro de la Presidencia y la rebaja en la calificación crediticia por parte de Standard & Poor’s, el pasado 9 de junio, son factores que juegan en el ajedrez político.
El pasado 12 de junio, Marcelo Prieto señaló en una entrevista con CRHoy que “las calificadoras de riesgo no le van a dar de comer a nadie” en Costa Rica, horas después el presidente de la República, Carlos Alvarado, indicó en entrevista con La Nación que se toman los informes de estas entidades “con toda seriedad”.
La noticia de que el Ejecutivo prepara una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar un acuerdo de Stand-by también ensucia el camino político de una administración que preservará el gasto corriente y se endeudará más para cubrir sus necesidades del 2020 y 2021, hasta donde alcance.
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La oportunidad de un ajuste estructural macroeconómico con el FMI implica cumplir metas como recortar el gasto corriente, reducir el tamaño del Estado (vender activos), bajar la deuda pública, al mismo tiempo que se mantiene una estabilidad en los precios (inflación, tipo de cambio y tasas de interés).
El equipo económico del Gobierno es optimista y espera que los diputados apoyen la eventual opción del programa de financiamiento con el FMI. Así lo afirmaron Pilar Garrido, ministra de Planificación; Elián Villegas, ministro de Hacienda; y Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, en entrevista con este medio el pasado 3 de junio.
El horizonte fiscal no es positivo, el Ministerio de Hacienda prevé un déficit fiscal del 8,6% y una deuda pública del 67%. El BCCR estima que la contracción económica será del 3,6% este año.
A esas variables se deben sumar que falta un año y diez meses para las nuevas elecciones. La campaña política ya empezó y en el Congreso saben que cualquier decisión sobre un proyecto de ley puede convertirse en un trampolín o en una guillotina de cara a los futuros comicios.
Con las cartas puestas sobre la mesa, el Gobierno enfrentará mayores exigencias de un parlamento que poco a poco se tiñe de cálculo político-electoral, pero que a su vez tiene la responsabilidad de aprobar las leyes necesarias para mantener el funcionamiento del país en tiempos inéditos y cargados de incertidumbre.
