EscucharTras una jornada tensa, diputados mexicanos desecharon el domingo 17 de abril en votación la emblemática reforma constitucional del sector eléctrico impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y rechazada por Estados Unidos.
El partido oficialista Morena no ha logrado la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados para que se modificara tres artículos de la Carta Magna mexicana. "Se desecha el proyecto de decreto" con 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones, dijo Sergio Gutiérrez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Inicialmente el recuento computarizado había arrojado 222 votos a en contra, pero tras correcciones técnicas el total de votos opuestos quedó en 223.
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Descalificaciones entre el oficialista Morena y una alianza de tres partidos de oposición marcaron la maratónica sesión de 12 horas.
La reforma planteaba delimitar la liberalización del mercado eléctrico, para revertir la "desaparición de las empresas energéticas del Estado" que provocó la reforma constitucional del 2013, según el presidente mexicano.
El gobierno mexicano argumenta que tras esa modificación de la Carta Magna, las empresas privadas nacionales y extranjeras reciben subsidios mientras que los pequeños consumidores pagan altas tarifas.
El proyecto de reforma constitucional proponía que al menos 54% de la energía fuera gestionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contra el 38% que maneja actualmente y el 62% en manos de privados y extranjeros.
“¡Vamos a defender nuestra soberanía!”, lanzó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de partido de gobierno. Acusó a la oposición de querer seguir siendo “lacayos del imperialismo” al servicio de empresas extranjeras.
"No va pasar", decían carteles de la oposición desplegados en el mismo recinto parlamentario. En respuesta, los diputados oficialistas tacharon a sus adversarios de "traidores".
Acusaciones
Durante la sesión, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, agrupación autora de la reforma de 2013, adelantaba su festejo horas antes de la votación. Morena tendrá la derrota "más monumental" al insistir en que su bancada no cambiará su rechazo a la enmienda.
Una militante del PRI, Blanca Alcalá dijo en Twitter que "la reforma eléctrica haría más caro invertir en México, aumentaría el costo financiero de la deuda pública, afectaría el potencial productivo de la economía mexicana y de la recaudación, e incrementaría la deuda".
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Jorge Romero, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN, derecha) dijo que la iniciativa arrojaría al país a "50 años atrás en términos medioambientales (...) todos buscan la soberanía energética de México, pero no coincidimos en cómo hacerlo".
Miriam Grunstein, del estadounidense James Baker Institute de Rice University, lamentó que los legisladores "no abordaron artículo por artículo de la propuesta, ni sus implicaciones en políticas públicas, ni sus implicaciones para las relaciones comerciales" del país latinoamericano.
"Estoy muy azorada por el grado de ignorancia que han demostrado diputados de todos los partidos (...) ha sido un ir y venir de superficialidad inusitada en el congreso", dijo la experta.
Tensión diplomática e “independencia nacional”
Estados Unidos había advertido la propuesta de reforma desataría "litigios interminables", porque que a su juicio vulneraba las inversiones privadas estadounidenses en México.
Para Washington, el cambio en las reglas de juego -con "normas retroactivas"- habría generado "inseguridad jurídica y perjuicios" en detrimento del "clima de inversiones".
El proyecto también preocupaba a España por la presencia en México de Iberdrola.
Estatizar la energía
A pesar de haber aplazado hasta este domingo de Pascua la sesión parlamentaria en un intento de buscar nuevos respaldos, el oficialismo solo obtuvo el apoyo de un diputado del PRI.
El presidente mexicano ya se había anticipado al resultado de la jornada legislativa.
"Pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición", dijo el mandatario la noche del domingo en Twitter.
El presidente parece referirse a la decisión de la Suprema Corte que avaló hace una semana una ley que el Congreso aprobó en 2021, que refuerza la participación del Estado en el sector eléctrico.
López Obrador en los próximos días enviará una iniciativa al Congreso -que no requiera mayoría calificada- para declarar los yacimientos mexicanos de litio “propiedad absoluta del pueblo y la Nación”.
