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El Primer Poder de la República cuenta las horas para comenzar la última legislatura del cuatrienio 2018-2022; un periodo que tendrá una agenda medular para Costa Rica, pero que se discutirá bajo la sombra del ciclo electoral y con un Congreso que arranca a media máquina por los desafíos que impone la crisis sanitaria.
Este nuevo año legislativo dará inicio con las sesiones extraordinarias ―a diferencia de otros años que arrancaba con las ordinarias―, lo que significa que el Poder Ejecutivo podrá definir la agenda parlamentaria hasta el próximo 31 de julio.
“Es una legislatura muy importante pero muy corta en el sentido de que choca con el ciclo electoral que comienza en octubre. Del 1.° de mayo al 31 de julio el Gobierno impulsará acuerdos alrededor de su agenda, luego el control regresará al Congreso con otro tipo de agenda y las fuerzas políticas intentarán dominar el espacio para un mayor control político”, afirmó Ilka Treminio, directora de Flacso Costa Rica.
La COVID-19 ya deja huella sobre la dinámica parlamentaria por lo que el Gobierno anunció la desconvocatoria del Plenario el pasado 24 de abril, y solo dejó activas las comisiones que sesionan de manera virtual para mitigar los contagios en Cuesta de Moras.
Hasta el miércoles 28 de abril estaban convocadas 114 iniciativas que estaban distribuidas en 27 comisiones, según datos proporcionados por el departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa.
Aires electorales ponen presión
A pesar del amplio repertorio de retos ante los 57 legisladores, la campaña electoral es el factor que impone mayor presión, según los analistas consultados.
“Varios diputados están aspirando y es ahí donde se cruzan las agendas, es un año muy calculado porque los que aspiran a la presidencia van a tener que medir muy bien sus acciones. Es un año de retos monumentales, la agenda es pesada, una agenda por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional que no es como cualquier proceso de simple aprobación legislativa”, explicó Ronald Alfaro, politólogo e investigador del Programa del Estado de la Nación (PEN).
Solo para obtener los $1.778 millones del Crédito de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el legislativo debe discutir y aprobar siete proyectos de ley.
Hasta el momento cinco congresistas de las bancadas con mayor representación en el Congreso manifestaron sus intenciones para aspirar a la Presidencia de la República, lo que significa que el 8,7% de los congresistas está en modo campaña.
Se trata de Carolina Hidalgo, de Acción Ciudadana; Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson de Liberación Nacional; y Erwen Masís y Pedro Muñoz de la Unidad Social Cristiana.
Las agendas con las que pretendan posicionarse los precandidatos podrían producir ruido en las próximas semanas. Ahora bien, las convenciones internas de los partidos definirán sus candidatos en junio ―aunque ya se valora moverlas por la situación sanitaria―, por lo que en ese mes se definirá si esta pluralidad de voces amplifica su volumen en caso de ser ratificados como los representantes partidarios, o bien, disminuyen los decibeles.
A pesar de que la elección presidencial ejerce presión sobre la agenda parlamentaria, la coyuntura actual tampoco da mucho margen para hacer una oposición férrea.
“El cálculo político deberán hacerlo de manera muy pensada, es como caminar sobre hielo. Van a tener que buscar equilibrar entre querer ser muy agresivos con el Gobierno porque en años electorales sacan pecho, pero ojo que aquello que hagan, decidan, aprueben o dejen de aprobar, podría ser determinante para iniciar la próxima administración”, según Alfaro.
Si los aspirantes se apartan del oficialismo y no llegan a acuerdos o consensos mínimos por cálculo electoral, podría generar un amplio desencanto entre la población e incluso podría incrementar el abstencionismo en las elecciones del 2022, indicó Treminio.
Agenda pesada
Otro desafío que se posa sobre el horizonte es que los 57 diputados tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de discutir y aprobar siete proyectos de ley para acceder al crédito de Servicio Ampliado con el FMI. Estas iniciativas son vitales para demostrarle al multilateral que el país tiene capacidad de pago.
No obstante, el camino es empinado. A cambio de recibir los recursos el Gobierno se comprometió con una serie de medidas para revertir su déficit financiero primario (la relación negativa entre ingresos y gastos anuales sin contar el pago de intereses) y estabilizar sus finanzas a partir del 2023.
De momento la agenda para aprobar las siete iniciativas avanza de manera tímida. El miércoles 28 de abril los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron afirmativamente, y de manera unánime, la autorización para que Costa Rica acceda al crédito con el FMI.
El próximo paso será la aprobación en el Congreso donde se necesitará del apoyo de al menos 38 congresistas (mayoría calificada) como lo requieren por mandato constitucional los endeudamientos externos. Sin embargo, en este momento las discusiones del Plenario están suspendidas por la imposibilidad técnica de realizar las votaciones en las sesiones virtuales.
La aspiración es que si el Pleno aprueba el crédito, Costa Rica recibiría el primer desembolso entre setiembre y octubre, ya que la primera erogación de los fondos solo tiene como requisito la aprobación del préstamo.
No obstante, los cinco tractos restantes del crédito dependen de la labor legislativa. Tal es el caso del segundo desembolso que está sujeto a la aprobación de la reforma al empleo público ―que está en consulta en la Sala Constitucional― y al cumplimiento de otras medidas cuantitativas y cualitativas, dijo Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en la sesión del 28 de abril.
Si la iniciativa prospera en el Congreso el segundo desembolso se daría aproximadamente en marzo de 2022.
Es necesario recordar que para otorgar los recursos de manera semestral, el FMI realizará revisiones periódicas para evaluar el cumplimiento de las metas y en caso de incumplimiento se suspenden los desembolsos.
Dictaminar el crédito en la Comisión de Asuntos Hacendarios demostró que aprobar los otros seis proyectos pactados con el FMI no será una tarea fácil.
Previo a la votación Harllan Hoepelman del bloque fabricista de Nueva República, y Carlos Avendaño de Restauración Nacional (PRN) advirtieron que apoyan el financiamiento, pero no así los proyectos relacionados con reformas en impuestos que el Gobierno ofreció al Fondo.
De los siete proyectos que el Gobierno pactó con el FMI cuatro (57%) pretenden aumentar tributos o implementar nuevos.
“Esperaría una conducción de parte del nuevo Directorio con mucha prudencia que permita que los proyectos medulares puedan avanzar en el año electoral. Que los diputados y las diputadas tengamos la madurez y el entendimiento necesario para anteponer los intereses generales del país a los intereses partidarios”, afirmó Eduardo Cruickshank, presidente del Congreso ante consulta de EF.
Las diferentes bancadas han mostrado anuencia para llegar a consensos en aras de la reconstrucción económica. Al menos así lo manifestaron el Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) días antes de la elección del nuevo directorio legislativo.
La bancada oficialista indicó mediante comunicado de prensa, días antes de la elección del Directorio Legislativo, que reitera su voluntad para aportar a la gobernabilidad legislativa y a la construcción de acuerdos.
Mientras que el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca dijo que la fracción apoyará la candidatura de Silvia Hernández como presidenta del Plenario para consensuar una agenda de reactivación económica y de generación de empleo.
No obstante, sigue siendo una posibilidad que se rompan los acuerdos pactados una vez que se conforme el Directorio Legislativo, según Treminio. Este sería el peor escenario.
Entre tanto, el Poder Ejecutivo tendrá que fraguar la mayor cantidad de acuerdos país a contrarreloj, con un directorio de oposición y una Asamblea que trabaja a media máquina ante el incremento de contagios que se dio por la COVID-19.
A media máquina
La imposibilidad de discutir y votar la agenda del Plenario de forma virtual le quita el sueño a la diputada oficialista y expresidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, y al actual jerarca y legislador por el Partido Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank; ya que la pausa representa retrasar la agenda país.
EF intentó conversar con Carlos Ricardo Benavides, diputado liberacionistas y expresidente del Congreso, sobre los retos que enfrentará la próxima legislatura pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
De 61 proyectos que estaban convocados en el Plenario el 67,2% son iniciativas sustantivas que tienen impacto en la vida nacional; el 8,2% son tratados, acuerdos o convenios internacionales; y el 24,6% son no sustantivos o de menor envergadura ―como donación de terrenos―, según un análisis de EF al Decreto Ejecutivo 42897-MP.
Dentro de las iniciativas sustantivas que se encuentran frenadas están la reforma al artículo 119 de la Constitución Política para incorporar el voto parlamentario no presencial por medios electrónicos; la reforma al empleo público; y la amnistía para la formalización y la recaudación de las cargas sociales.
Mientras que dentro de los tratados que estaban convocados en el orden del día del Plenario está la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ahora bien, los diputados no pueden hacer las sesiones del Plenario ya que no cuentan con un mecanismo para realizar las votaciones virtuales.
“La Asamblea Legislativa ha quedado debiendo dado que en más de un año de pandemia no hemos logrado resolver las sesiones virtuales del Plenario. Sí reconozco el liderazgo de algunas presidencias como la Comisión Turismo por migrar al sistema virtual de las comisiones, lo que ha facilitado en gran medida el avance de las mismas sin que la pandemia implique atrasos en proyectos de tanta relevancia”, acusó Hidalgo.
Las sesiones virtuales del Plenario podrían estar listas a finales de mayo, según Cruickshank, ya que la Asamblea recibió en la tercera semana de abril el instrumento de Microsoft que les permitirá hacer la votación virtual.
Ahora se trabaja en afinar el protocolo con el departamento de informática para hacer la inducción de los diputados, esperar a que todos los congresistas obtengan su firma digital y que cuenten con suficiente ancho de banda para las sesiones.
El presidente del Congreso espera que las inducciones terminen a más tardar el 20 de mayo.
