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Aunque para Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) ya se encuentra técnicamente en quiebra; Andrea Centeno, jerarca de la entidad, asegura que todavía hay tiempo para salvarla. Poco tiempo, eso sí.
Esta contraposición de opiniones tuvo lugar en comparecencias ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el miércoles 26 de junio. En ese foro se discute la posibilidad de inyectar recursos de emergencia a la institución.
Los diputados apuran el paso para tratar de aprobar los dos proyectos de ley presentados por el Gobierno con el objetivo de salvar a la junta portuaria sumida en una crisis financiera por la caída del 79% en sus ingresos y por su incapacidad de transformarse.
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El Ejecutivo presentó el 28 de mayo el proyecto de ley Modernización de Japdeva y Protección de sus Personas Servidoras (No. 21.226) para aplicar un plan de movilidad laboral, crear un régimen prejubilatorio con cargo al Presupuesto Nacional y abrir espacios para transferir superávits de otras instituciones a la operadora de puertos.
Como segundo salvavidas, el 18 de junio, el Ministerio de Hacienda envío una iniciativa de presupuesto extraordinario que pretende otorgar a la empresa estatal ¢23.679 millones provenientes de ahorros obtenidoc con canjes de deuda pública. Esta propuesta se tramita bajo el expediente 21.475.
Camino rápido
El martes 25 de junio el plenario legislativo aprobó –con 42 votos a favor– una vía rápida para acelerar el paso del proyecto que pretende modernizar a la entidad portuaria con una reducción del 80% su planilla.
Este movimiento le permitiría pasar de 1.186 a 240 empleados y recortar las remuneraciones que para 2019 representarán el 69,2% del presupuesto anual.
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La iniciativa de ley ya empezó su camino en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso donde el trámite se podría extender hasta por 25 días, de acuerdo con los plazos que confiere el nuevo Reglamento Legislativo.
Cómo parte del trámite legislativo tendrán que comparecer diferentes actores como la ministra de Hacienda y la presidenta ejecutiva de la Junta, quienes lo harán el martes 2 de julio. También Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes; Antonio Wells, secretario general del sindicato de Japdeva (Sintrajap) y funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Pese a algunos criterios diferentes, las fracciones de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN) y Restauración Nacional (PRN), coinciden en que es necesario avanzar con este plan para evitar el cierre de una entidad importante para Limón.
En las filas liberacionistas revisarán si algunos temas como el plan de movilidad laboral, el pago de bonos y los traslados horizontales de funcionarios a otras instituciones públicas realmente requieren de un aval en el Congreso o se pueden ejecutar sin necesidad de aprobar una ley. Así lo señaló Silvia Hernández, jefa de la bancada verdiblanca.
La Comisión legislativa se dedicará exclusivamente a estudiar y modificar este expediente con el objetivo de enviarlo al plenario en un plazo de 25 días, por lo que existe la posibilidad de que se someta a votación final en setiembre.
Urgencia
En otro espacio del Congreso, específicamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios, se discute el presupuesto extraordinario para transferir dinero urgente a Japdeva.
La propuesta del Gobierno es tomar ¢23.679 millones que se obtuvieron mediante canjes de deuda y dárselos a la empresa portuaria para que los gaste en sus diferentes necesidades: ¢5.752 millones para pagar salarios y sobrevivir por tres meses más, ¢16.236 millones para el plan de movilidad laboral y ¢1.689 millones para crear el régimen prejubilatorio.
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Este foro debe dictaminar el texto a más tardar el 16 de julio para enviarlo al pleno donde se votará finalmente.
Sobre las finanzas de la operadora portuaria se cierne una nebulosa que encuentran su origen en los presupuestos elaborados por la institución en 2018 y 2019. Uno de los señalamientos es que ante el sistema integrado de la Contraloría General de la República (CGR) se reportó un superávit de casi ¢9.700 millones al cierre del año anterior, pero ese dinero no aparece en el flujo de caja de este año.
Ese error –aceptado por Centeno– se podría deber a que la entidad no ajustó por inflación sus presupuestos de esos dos años, de acuerdo con Ana Lucía Delgado, diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Hacendarios.
Japdeva tiene gastos mensuales por ¢3.400 millones, pero desde marzo genera ingresos promedio por ¢795 millones cada mes, por lo que urge de una inyección de capital para evitar la quiebra.
